Normalidad. Palabra proscrita. Por mucha apariencia que se le quiera dar. Ceuta, 8 de septiembre. A las ocho de la mañana, el inicio más incierto del curso escolar. El pronóstico: malo. «De normalidad no podemos hablar», asegura a LA RAZÓN la consejera de Educación del gobierno local:

Pilar Orozco. «No es normal ver delante de tu colegio a policías o a militares».

A partir de hoy, empiezan reabren sus puertas: dieciséis colegios públicos, seis colegios concertados, seis institutos de educación secundaria, un centro integrado de formación profesional, dos centros de educación de adultos y dos escuelas: una de arte y otra de idiomas.

Más de doce mil niños de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

están llamados a ocupar sus pupitres. Pero muchos, no lo harán.

«Los miedos siguen estando ahí»

, reconoce la consejera de Educación. «Cada uno tiene su circunstancia en su casa y hay padres que tienen a niños adolescentes o más pequeños, quizá estos ya se organizan para llevarlos al cole y no tienen problema». Otros, en edad más adulta, lo que habían ganado en libertad de movimiento, tendrán que perderlo.

El Ministerio de Educación ha tratado de calmar los ánimos de una comunidad educativa sumida en la incertidumbre. «Los centros son seguros», dijo ayer la ministra, Milagros Tolón, pero el mensaje no ha calado. «Nos han dicho que se ha puesto seguridad privada, nos han dicho que se ha organizado un dispositivo para que los entornos de los colegios estén seguros,

pero claro, lo que sucede en Ceuta no es normal. Las noticias que estamos viendo a diario, asustan»

, expresa Orozco.

Todavía hoy, cuando transcurren cuarenta días de la «invasión», permanecen en la ciudad autónoma unos diez mil ilegales, según los recuentos extraoficiales de las asociaciones vecinales y entidades sociales. Para más inri, lejos de disminuir la tensión, el clima social cada vez es peor.

La jornada de este lunes estuvo marcada, una vez más, por los altercados.

Incendios, agresiones, detenciones.

Un grupo de ilegales prendió fuego a tres vehículos. Al rato, llegaron los bomberos, a los que recibieron a pedradas. Igual pasó con la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron junto al Polígono del Tarajal, donde se encuentra uno de los asentamientos ilegales.

En su cuenta de Instagram, un profesor del

Colegio San Antonio

publicaba una fotografía de tres menores subidos en la valla que separa el establecimiento de la calle. «Y este es el curso que nos espera… colándose a diario en nuestros centros, forzando puertas, destrozando mobiliario, robando material como herramientas –destornilladores, sierras, martillos– que pueden usar como armas,

ni me quiero imaginar cuando iniciemos el comedor y sepan que hay comida almacenada»

, escribía.

En el Colegio San Daniel, centro de enseñanza concertado, cientos de ilegales ocuparon las zonas de recreo cuando los días de la «invasión». Fue el Ejército el que se encargó de desalojarlos. Pero días más tarde, el 8 de agosto, muchos regresaron y

«vandalizaron el almacén».

Víctor, profesor y cooperativista, no oculta su «tristeza».

No se le borra de la cabeza la imagen de su colegio, en el que empeñó la inversión de su vida, destrozado:

«Nos robaron las colchonetas de educación física, material deportivo, balones, cuerdas.

Han aparecido tirados en una fosa que hay detrás botellas de orines, cubos de heces… medicamentos, bebidas, comidas en mal estado. Todo eso se limpió, se puso una denuncia, estuvo la policía judicial, apareció sangre».

Ahora, un equipo de seguridad privada se encargará de velar por todas las instalaciones.

«En principio lo pagamos nosotros». El Ministerio de Educación ha dado su palabra de que se hará cargo hasta del último centinela.

El problema está en el itinerario. Los niños que acudirán a clase desde la periferia. «No sabemos hasta qué punto los alumnos van a percibir ese acompañamiento de diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y la militarización de las escuelas», apunta

Juan Luis Muñoz Arbona

, profesor de inglés del IES Clara Campoamor. Loma Colmenar, Los Rosales, son lugares en los que los inmigrantes incluso «duermen en cualquier rincón», las quejas de los vecinos son «constantes». El reto es que, cuando todavía no ha despuntado siquiera el sol, padres y niños logren sentirse confiados para recorrer trayectos atestados de inmigrantes.

La previsión unánime de todos los profesores es un arranque truncado por muchas sillas vacías. «Una directora del Colegio Príncipe Felipe dice que cómo va a empezar el curso escolar si tiene un asentamiento fuera y duermen allí», comenta

David Muñoz Arbona

, profesor en la Escuela de Arte.

Tiene el corazón «dividido». Por un lado, no quiere que los niños vayan a clase. «Porque esto es como hacerle un juego al Gobierno, que quiere que haya normalidad». Pero por otro, anhela algo parecido a una rutina.

«Aquí el Gobierno quiere dar sensación de seguridad con los centros educativos cuando no hay seguridad ni normalidad.

La mayoría de los niños no van a venir a clase».

Desvela el testimonio de una madre de su centro. «Nos llamó llorando. Tiene un hijo que es alumno nuestro y es autista. Se ha sacado primero de formación profesional, de diseño gráfico interactivo. Pues lo que había ganado de autonomía de ir andando solo a su casa, ahora lo ha perdido».

En Ceuta, los niños con autismo conviven desde hace cuarenta días con «calles llenas de policías nacionales, ambulancias, sirenas». Una sobredosis de contaminación sonora que tiene una consecuencia directa en su estado de ánimo. Lo que es lo mismo: en su salud.

Para la mayoría de actores implicados, la vuelta al curso escolar resulta una temeridad. Profesores y padres coinciden en que, todavía, no se dan las condiciones de seguridad. Aun así, mantienen la apuesta de intentarlo. No todos. Hay tentaciones de huelga que, de momento, no tienen el suficiente respaldo. Pero empieza a coger fuerza una fecha: el 28 de agosto. La percepción es compartida también por los representantes públicos de la ciudad.

Es el caso de

Melchor León

, vicepresidente de la Asamblea y diputado socialista. Ya conocido como el «díscolo», por criticar la gestión del Gobierno. Tiene dos hijas y, por lo pronto, seguirán en su casa. No lo ve oportuno. «Presenté un escrito al Ministerio de Educación exigiendo que no se abriera ningún centro escolar siempre y cuando no se cumplieran las condiciones de seguridad y sanitarias.

Creemos que no se cumplen para que nuestros niños, que son el mayor valor que tenemos que tener como sociedad, vuelvan al colegio.

Si no hay seguridad para hacer eventos deportivos y culturales, evidentemente no hay seguridad para que nuestros niños vayan al colegio solos», asegura a LA RAZÓN.

Su opinión es la de muchos en una ciudad que experimenta hoy el mayor desafío: que decenas de miles de niños acudan a sus clases entre un número indeterminado de inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera en un asalto masivo y que, todavía, permanecen en las peores condiciones: en la calle, en chabolas, o en asentamientos ilegales. Cuestión aparte: el reto casi imposible de escolarizar a los menores no acompañados.