La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ve una «clara e indudable gestión favorecedora» de las Fuerzas Armadas de Marruecos en la entrada masiva de personas a Ceuta del pasado mes de julio. La instructora ha abierto formalmente caso para investigar si la invasión de la ciudad autónoma constituyó un ataque grave contra la «integridad territorial de España» y pudo afectar a la paz o la independencia del Estado.

La magistrada, que ve también en esa entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas, indicios de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes y de organización criminal, considera que la actitud de la Policía de Rabat no solo evidencia «permisividad» al no tratar de reducir o dispersar a la masa de personas del perímetro fronterizo, sino que supone de «guiado activo» al ser los propios agentes marroquíes los que realizaron «indicaciones» a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

En la resolución, en la que la juez ordena también la apertura de una pieza separada, es contundente al afirmar que la entrada a la ciudad autónoma supuso una «violación masiva de la soberanía territorial de España» con una «intencionalidad» de atentar contra el Estado «como bien señaló el Presidente del Gobierno», quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió así lo ocurrido. Y todo ello, detalla, mediante «un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la guerra híbrida con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una ciudad autónoma».

En este sentido, la instructora también apela a que, en ningún caso, lo ocurrido responde a una ejecución por parte de las mafias del tráfico irregular de personas en contraposición con lo que Pedro Sánchez señaló en un primer momento. «Lo cierto es que carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas».

Las diligencias se incoaron a raíz de la denuncia que interpuso Iustitia Europa (que ejerce la acusación popular en los principales casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez) y se acordó mediante oficio solicitar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) la emisión de un informe que valorara los hechos. Se trata de un documento, que finalmente ejecutó el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), donde se señaló también la presunta autoría de Marruecos en el asalto masivo a la ciudad autónoma y donde se explicó que no se trataba de un fenómeno meramente «espontáneo».

En este sentido, la juez detalla que el informe de los agentes ha permitido concretar «cuál ha sido el desarrollo del modo en que se produjeron los hechos de la entrada masiva» y de otros elementos que evidencian que estamos ante un proceso que presenta «determinados hitos previos, coetáneos y posteriores sustentados en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes para acreditar el modo en que se produjeron los hechos».

De esta forma, Tardón explica que las redes sociales habrían desempeñado un papel relevante en la convocatoria, difusión y coordinación de la movilización y apunta a la existencia de cinco niveles de participación, cuya posible responsabilidad se determinará conforme avance la investigación al tener una incidencia sobre intereses esenciales del Estado, entre ellos el control de las fronteras exteriores, la seguridad pública y el funcionamiento de instituciones y servicios públicos.

«El análisis de los hechos y los datos objetivos apuntan a su configuración como un proceso en el que la finalidad migratoria opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta, lo que revela el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba, como se ve en los datos enunciados en el párrafo precedente, permanecer en territorio español», señala.

La resolución llega después de que la Fiscalía avalara a que la Audiencia Nacional investigara los hechos al apreciar indicios de delito de inmigración ilegal, homicidio y organización criminal. En un comunicado, el Ministerio Público expuso que, según los indicios que constan hasta el momento en las actuaciones, «una parte sustancial de la planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de la operación se habría desarrollado en territorio marroquí».

En otro orden de cosas, la magistrada advierte de que todavía no ha sido posible determinar de manera fehaciente el número total de inmigrantes que entraron a Ceuta ni el de los que aún permanecen en la ciudad autónoma y, concreta, que se desconoce aún si hubo entrada de menor intensidad por otras vías. No obstante, asegura que los agentes de la Policía Nacional emitieron una alerta de riesgo «extremo» tan solo un día antes de la entrada masiva, en la que se hacía constar la previsión de un escenario de entrada a nado o salto a la valla «de forma coordinada».