Pedro Sánchez ha reconocido que el Gobierno todavía tiene pendiente esclarecer qué ocurrió en

Ceuta

durante la entrada masiva del pasado 30 de julio. Más de un mes después de que decenas de miles de personas alcanzaran la ciudad autónoma y de que el Ejecutivo haya terminado concentrando la respuesta bajo un mando único, el presidente ha situado entre las grandes prioridades de su Gobierno «entender qué ha pasado» y asegurarse de que un episodio semejante no vuelva a producirse.

Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo pretende reconstruir lo sucedido durante aquellos días y hacer públicas sus conclusiones.

«Vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio. Y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia», ha prometido.

Esa afirmación introduce un elemento relevante en el relato que el Gobierno ha construido durante las últimas semanas. Sánchez ha defendido que el Ejecutivo ha tenido «desde el primer minuto» perfectamente definidas sus prioridades ante la crisis. Pero una de ellas continúa abierta: conocer las circunstancias que hicieron posible una entrada de semejante magnitud y adoptar medidas para impedir que pueda repetirse.

Sánchez no ha precisado durante su intervención qué aspectos concretos permanecen por esclarecer, qué organismo está realizando ese análisis ni cuándo estará concluido.

Tampoco ha avanzado cuál es, a estas alturas, la explicación que maneja el Ejecutivo sobre lo ocurrido en la frontera.

El jefe del Ejecutivo ha acompañado esa promesa de esclarecimiento con el anuncio de un nuevo refuerzo de la frontera. «Desde el año 2018 venimos reforzando las fronteras» de Ceuta y Melilla, ha recordado antes de anunciar que el Ejecutivo «volverá a aumentar la inversión» destinada al perímetro fronterizo.

El presidente ha colocado esta medida dentro del objetivo de evitar que vuelva a producirse una situación semejante a la de finales de julio.

El Gobierno, por tanto, no ha dado por cerrado el capítulo de seguridad pese a la recuperación progresiva de la normalidad que defiende públicamente.

La intervención también ha permitido a Sánchez reivindicar la actuación económica del Ejecutivo. El presidente ha recordado la aprobación de un nuevo plan dotado con 309 millones de euros destinado, según ha explicado, a apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos, reforzar los servicios públicos y mejorar la seguridad ciudadana y fronteriza.

Sánchez ha sostenido que su Gobierno ha sido el que más recursos ha destinado a Ceuta y Melilla durante la democracia y ha garantizado que continuará adoptando «todas las medidas necesarias» para devolver la normalidad a la ciudad autónoma.

«Quienes no tengan derecho, serán devueltos»

El presidente también ha querido fijar posición sobre uno de los debates más delicados de la crisis:

qué ocurrirá con las personas que permanecen en España después de haber entrado irregularmente.

El jefe del Ejecutivo ha tratado de combinar el discurso de firmeza con la defensa del derecho de asilo en medio de una batalla política con el presidente ceutí, al que en Moncloa ya se empieza a colocar como responsable del colapso de la ciudad.

«La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana»

, ha defendido.

Y a continuación ha trazado la frontera entre ambos supuestos:

«Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España,

como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos».

Esta frase también tiene recorrido propio, sobre todo por el debate político que se ha producido durante las últimas semanas sobre las devoluciones. No obstante, conviene evitar presentar las palabras de Sánchez como un compromiso de devolución automática de todos los que carezcan de derecho de asilo: la propia legislación española establece procedimientos y situaciones jurídicas diferentes, particularmente cuando se trata de menores.

Sánchez ha aprovechado su intervención para defender la respuesta del Ejecutivo frente a las críticas acumuladas durante el último mes. Ha situado la asistencia a los ceutíes como la primera de las tres prioridades del Gobierno y ha respaldado expresamente el mando único encabezado por Ángel Víctor Torres.

El presidente se ha mostrado convencido de que Ceuta «recuperará pronto la normalidad» y ha ido incluso más lejos al pronosticar que la ciudad «saldrá reforzada gracias también a la acción del Gobierno de España».

Después de abordar la situación de Ceuta, Sánchez ha cargado contra la derecha por su comportamiento durante la crisis.

Ha acusado a la oposición de haber convertido en habitual el aprovechamiento de cualquier emergencia para atacar al Gobierno y ha conectado después ese comportamiento con el avance internacional de la ultraderecha.

Sánchez ha pasado en apenas unos minutos de reconocer que el Gobierno todavía debe esclarecer qué sucedió en julio a defender su actuación y colocar el foco político sobre la estrategia de la oposición.

El presidente ha reivindicado al Ejecutivo de coalición como un dique frente a ese avance y ha presentado a España como

«la vanguardia» frente a los «reaccionarios». Incluso ha vuelto a proyectar la continuidad del actual ciclo político: «Así llevamos ocho años y el año que viene, pues otros cuatro años más».

Sánchez promete Presupuestos y mira a 2030

Superado el capítulo de Ceuta, Sánchez ha utilizado su intervención ante los parlamentarios socialistas para dibujar la hoja de ruta con la que pretende recorrer el tramo final de la legislatura. El presidente ha pedido un «esfuerzo adicional» porque, según sus propias palabras, el Gobierno está ya «tocando el final de la legislatura». Pero su mensaje no ha sido de repliegue. Todo lo contrario.

«Se trata de consolidar los avances con más avances y de apuntalar las conquistas sociales con más conquistas sociales», ha defendido. Sánchez ha pedido a los suyos que afronten el nuevo periodo de sesiones con una consigna:

«Saliendo a ganar, no a empatar».

La primera gran batalla volverá a ser presupuestaria. Sánchez ha confirmado que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha adelantado que la vivienda será su «gran prioridad». El proyecto contará, según ha prometido, con «la mayor partida en inversión social de la historia».

«Pido a los grupos parlamentarios un ejercicio de compromiso con la gente de a pie para sacar adelante estos nuevos Presupuestos», ha reclamado.

La intención de presentarlos adquiere especial importancia por la complicada aritmética parlamentaria que ha acompañado al Ejecutivo durante toda la legislatura. Sánchez ha trasladado, sin embargo, que no piensa renunciar de antemano a buscar los votos necesarios y ha pedido a sus diputados y senadores que «echen el resto» con las iniciativas pendientes.

Sánchez ha defendido el nuevo modelo de financiación autonómica y ha resumido sus objetivos en tres: aumentar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, «blindar» la solidaridad interterritorial y garantizar más recursos a todas las comunidades autónomas.

El presidente ha puesto la vivienda en el centro de su ofensiva política. Ha reivindicado el nuevo portal del parque público estatal de CASA 47 y ha prometido «más vivienda pública asequible», con una oferta que el Ejecutivo quiere mantener permanentemente dentro del parque público.

Y aquí Sánchez ha abandonado el tono institucional para lanzar uno de sus ataques políticos más explícitos de la intervención. Frente a la política de vivienda de su Gobierno, ha contrapuesto la que atribuye a sus adversarios: «Ya sabemos que la prioridad para algunos, en materia de vivienda, es otra: comprarse un aticazo con 200 metros de terraza, mientras hay gente en esta ciudad que malvive a precio de oro en 30 metros».

La emergencia climática constituirá otro eje del tramo final de legislatura. Sánchez ha vuelto a defender la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y ha presentado la transición ecológica como una de las señas de identidad que el Gobierno pretende conservar hasta el final del mandato.

El líder socialista ha situado el fortalecimiento de derechos y libertades como una frontera directa frente al PP y Vox. «Ahora, más que nunca, con gobiernos autonómicos de la coalición ultraderechista del PP y de Vox, tenemos que ser el baluarte de la España de las libertades. O las defendemos nosotros, o no lo hará nadie», ha proclamado.

La política exterior no se ha quedado fuera del repaso. El presidente ha defendido que España mantenga «una política exterior con voz propia» y que «no cambie de principios según sople el viento».

El resultado es una hoja de ruta que Sánchez pretende prolongar incluso más allá de la actual legislatura. El presidente ha pedido que las medidas que impulse el Gobierno no se contemplen únicamente con el final del mandato como horizonte, sino dentro de

«un proyecto de país que mira a 2030».