John Gannon es un ejemplo del riesgo al que se enfrenta el partido de Donald Trump en las elecciones parciales del 3 de noviembre. Este empresario tejano, republicano de toda la vida de 75 años, votó con entusiasmo por el magnate en 2024 y apoya la gran mayoría de sus osadas reformas. Sin embargo, vio cómo agentes de extranjería, el temido ICE, detenían el 24 de julio en el aeropuerto de Houston a su prometida, Yasmin Suárez Reyes, venezolana con ciudadanía española, cuando ambos iban camino a Las Vegas.

Suárez había entrado legalmente en EE UU, tenía una petición de asilo pendiente, permiso de trabajo y carecía de antecedentes penales, aunque su periodo de admisión había expirado. El Departamento de Seguridad Nacional explica a este medio que eso permitía iniciar su deportación. Gannon sigue defendiendo que se expulse a delincuentes, como prometió Trump en campaña, pero rechaza que la ofensiva migratoria alcance a personas como su prometida. «Están destruyendo familias y empleos», asegura.

Su caso es solo una historia más de muchas, pero refleja una tendencia que empieza a inquietar a los conservadores. En el ejercicio fiscal de 2026, que ya acaba, más de 350.000 personas han sido expulsadas o devueltas por las autoridades migratorias estadounidenses, mientras las detenciones del ICE llegaron a superar las 46.000 mensuales durante el verano. Muchos de los afectados no tienen antecedentes penales, y ahí está precisamente el problema para el Partido Republicano en año electoral: una parte de los hispanos que votó por Trump apoyaba mano dura en la frontera y la deportación de delincuentes, pero no necesariamente operaciones amplias contra trabajadores y familiares suyos asentados desde hace tiempo en el país, muchos de los cuales entraron de forma legal y esperaban obtener asilo o permiso de permanencia.

El caso venezolano es especialmente sensible. Cientos de miles de ellos llegaron a EE UU en los últimos años huyendo de la devastación política y económica del chavismo, y muchos obtuvieron protección temporal mediante el llamado TPS, un programa que les permitió vivir y trabajar legalmente en el país aunque no equivaliera a una residencia permanente. La Administración Biden lo había extendido hasta octubre de 2026, pero Trump anuló esa prórroga y ha ido desmontando parte de ese amparo.

Eso ha dejado a decenas de miles de personas expuestas a perder su permiso de trabajo y, en algunos casos, a ser deportadas. El impacto político es particular porque la diáspora venezolana, sobre todo en Florida, ha sido uno de los grupos hispanos más receptivos al mensaje republicano y a la línea dura contra el chavismo. El problema para el partido gobernante es que muchos de esos mismos pueden ver ahora cómo familiares, amigos o miembros de su propio entorno pierden una protección que les permitió establecerse legalmente en territorio estadounidense. Ahí aparece una contradicción difícil de gestionar: apoyo a Trump por su política frente a Maduro, pero rechazo porque la ofensiva migratoria alcanza directamente a venezolanos que habían entrado o permanecido bajo mecanismos legales.

Ese giro ha provocado situaciones muy duras. El pasado 24 de junio, más de 140 venezolanos deportados desde EE UU llegaron a su país y fueron alojados por las autoridades en un hotel de La Guaira. Horas después, dos terremotos devastaron la zona. Entre los expulsados estaba Abelardo Rincón, de 23 años, que había vivido seis años en Georgia, trabajaba en un concesionario y esperaba el nacimiento de su hija. Tras aterrizar llamó a su familia; después desapareció entre los escombros.

Otros deportados corrieron una suerte parecida. Anderson Salcedo, de 22 años, sobrevivió después de permanecer casi dos días atrapado, pero perdió las dos piernas. Las familias, muchas de ellas todavía en EE UU, pasaron días buscando a sus parientes entre hospitales y morgues. Seguridad Nacional sostuvo que, una vez entregados a las autoridades venezolanas, habían dejado de estar bajo responsabilidad estadounidense y el chavismo debía hacerse cargo de ellos. Son casos extremos, pero ayudan a explicar por qué una política que en campaña se presentó sobre todo como una ofensiva contra delincuentes y entradas ilegales empieza a tener un coste distinto cuando alcanza a personas que llevaban años trabajando, formando familias y esperando resolver su situación migratoria dentro de la ley.

El problema llega además en un momento complicado para los republicanos. El próximo 3 de noviembre EE UU renueva los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, unas elecciones que determinarán quién controla el Capitolio durante los dos últimos años de este mandato de Trump. Una encuesta de Politico y Public First mostraba recientemente que el 50% de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones ha sido demasiado agresiva. Incluso entre quienes votaron por el magnate en 2024, casi uno de cada cuatro comparte esa opinión; entre los conservadores que le apoyaron pero no se identifican con el movimiento trumpista, la cifra sube al 31%.

En julio, Salazar firmó una petición para obligar a la Cámara de Representantes a votar una iniciativa bipartidista que permitiría a determinados beneficiarios de ese programa obtener la residencia permanente y los protegería de la deportación mientras se tramita su solicitud. «Han trabajado, han formado familias y han fortalecido nuestras comunidades», afirma sobre los adscritos al TPS. «El Congreso ha retrasado esta conversación durante demasiado tiempo. Es hora de que vote, que lo haga ya».

La propuesta busca convertir en permanente lo que hasta ahora ha dependido de decisiones temporales de cada Administración, dar una vía hacia la residencia legal a quienes cumplan los requisitos y evitar que su situación cambie cada vez que cambia el presidente o una sentencia judicial. Como todos los diputados, ella se presenta a la reelección en noviembre.

Los demócratas han encontrado además algunas señales favorables en Florida, un Estado que durante los últimos años se había ido claramente hacia los republicanos. En diciembre, Eileen Higgins ganó la Alcaldía de Miami frente al candidato respaldado por Trump, Emilio González, por unos 18 puntos de diferencia. Fue la primera progresista elegida regidora de esta urbe desde 1997 y la primera mujer en ocupar el puesto. La victoria tuvo especial carga simbólica porque se trata de una ciudad de mayoría hispana y uno de los lugares donde el avance conservador entre cubanos, venezolanos y otros grupos latinos había sido más visible.

Más llamativo todavía fue lo ocurrido después en Palm Beach, donde está Mar – a – Lago, la mansión de Trump. En una elección especial, la demócrata Emily Gregory arrebató a los republicanos el distrito 87 de la Cámara estatal de Florida, que incluye la residencia del presidente. Su antecesor conservador lo había ganado por 19 puntos en 2024; Gregory se impuso ahora por 2,4 puntos a un candidato respaldado por el magnate. Los progresistas también han recuperado la mayoría en la Comisión del condado de Palm Beach.

Son resultados locales y no permiten trasladar automáticamente esa tendencia a las elecciones de noviembre, pero coinciden con un deterioro apreciable de Trump entre los hispanos. En abril, el Centro Pew situó su aprobación entre los votantes latinos que le apoyaron en 2024 en el 66%, frente al 93% al comienzo de su segundo mandato. Y una encuesta de UnidosUS en Florida encontró que el 20% de los hispanos que habían votado por él decía que probablemente o con seguridad no volvería a hacerlo; entre los puertorriqueños llegaba al 26%.

Para los republicanos es una señal de alarma especialmente relevante porque Florida es el Estado de Trump y porque buena parte de su transformación política en los últimos años se asentó precisamente sobre el avance del partido entre los votantes hispanos. El 3 de noviembre, con toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en juego, la cuestión será si ese desgaste se queda en elecciones locales y encuestas o termina afectando también a distritos competitivos donde el voto latino puede resultar.