Acceder a la justicia no siempre empieza en un juzgado. Para miles de personas vulnerables, los obstáculos aparecen mucho antes: una notificación que nunca llega, una cita previa imposible de conseguir, un trámite digital que no saben completar o una documentación que no pueden aportar porque viven en una situación de inestabilidad. Lo que para cualquier ciudadano puede ser un proceso complejo, para quienes están marcados por la edad, la discapacidad, la pobreza o la exclusión social acaba convirtiéndose en una barrera casi infranqueable.

“No es algo fácil para la generalidad de la población”, explica Margarita Fernández, abogada colegiada en Madrid. A su juicio, incluso para un ciudadano medio, el sistema está plagado de obstáculos. “Trámites burocráticos complicados e inflexibles, lenguaje específico poco inteligible, plazos estrictos o la falta de eficacia real que provoca el retraso de la Administración de Justicia”, sostiene. Todas estas dificultades, añade, se ceban con “las personas con discapacidad, mujeres víctimas de delitos, integrantes de colectivos en situación de pobreza o los menores en situación de desamparo”.

La vulnerabilidad rara vez responde a un único factor. Una misma persona puede ser mayor, migrante, tener pocos recursos económicos o necesitar apoyos para desarrollar su vida diaria. Cuando esas circunstancias coinciden, las barreras también se acumulan. Blanca Narváez, directora de Fundación Mutualidad, advierte de que las normas suelen abordar cada realidad de forma aislada, lo que acaba generando vacíos de protección. “Una mujer mayor migrante, con pocos recursos y dependencia funcional, puede tener necesidades jurídicas y sociales que no siempre encuentran una respuesta integral en una única normativa”. Por ello, Narváez reclama herramientas “para ofrecer una atención jurídica más completa, coordinada y adaptada a las necesidades reales de cada persona”.

Una de las formas menos visibles de esa exclusión afecta a los ancianos. María Torralbo, abogada y responsable del Programa de Atención a Personas Mayores y Personas Cuidadoras de Cruz Roja en Córdoba, ha constatado la persistencia de “fenómenos de edadismo estructural” que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos. Las trabas aparecen en cuestiones tan cotidianas como “solicitar obras de accesibilidad, derechos sanitarios, acceso a prestaciones y ayudas públicas, herencias o contratación de productos financieros”.

A esas dificultades se suma otra que no deja de crecer: la brecha digital. “Todo lo que tenga que ver con los trámites electrónicos está causando una verdadera discriminación hacia las personas con vulnerabilidad porque, en la mayoría de los casos, no saben acceder a los registros o no tienen medios para cumplimentarlos”, afirma Margarita Girón, coordinadora de los Servicios de Orientación Jurídica Social para personas mayores y con discapacidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. “El avance en las nuevas tecnologías es una barrera entre la ciudadanía y los servicios públicos”, advierte Fernández. “No se puede pretender que generaciones que no han tenido formación ni relación con las nuevas tecnologías se relacionen con los servicios públicos de forma telemática, sin que haya una ayuda desde las instituciones promoviendo el conocimiento y la instalación de medios que permitan a todos los ciudadanos acceder a sus solicitudes”, agrega.

La barrera del domicilio
El problema de fondo es que buena parte de la arquitectura judicial está diseñada para un ciudadano con vida ordenada, pero no cubre las necesidades de los más vulnerables. “El sistema está pensado para personas con una mínima estabilidad —vivienda, documentación al día, capacidad de seguimiento—, y eso deja fuera a quienes están en situación de sinhogarismo”, apunta Bárbara Alonso, directora adjunta de organización y compliance en Hogar Sí.

No tener una dirección, un teléfono móvil operativo o alguien que explique de forma clara cómo funciona el procedimiento, convierte cualquier trámite sencillo en una carrera de obstáculos. “Una persona quiere recurrir una multa o reclamar una deuda, pero no puede porque no tiene dónde recibir notificaciones, cómo identificarse o cómo pedir asistencia jurídica”, subraya Alonso. A ello se suma que la situación de sinhogarismo obliga a priorizar lo inmediato: comer, dormir y protegerse. “Acudir a una comisaría, asistir a citas judiciales o seguir un proceso que requiere constancia se convierte en un gran reto cuando la prioridad diaria es cubrir necesidades básicas. Esto hace que, incluso cuando se inicia un trámite, sea muy complicado mantenerlo en el tiempo”, añade.

Uno de los grandes cuellos de botella es el empadronamiento, una circunstancia que golpea de lleno a los migrantes y a personas en situación de pobreza. “No estar empadronado es, literalmente, quedar fuera del sistema”, resume Alonso. El padrón es la puerta de entrada a derechos básicos como la sanidad, los servicios sociales o las prestaciones. “Sin él, la Administración te trata, en la práctica, como si no existieras”, afirma la experta. El resultado puede ser una prestación archivada, una multa firme o una reclamación que nunca llega a tramitarse. “No es que no cumpla los requisitos, es que el sistema no contempla su situación. En el fondo, seguimos vinculando los derechos básicos a la tenencia de una vivienda”.

Para las personas migrantes, ese muro tiene una segunda capa. A la burocracia se suman la normativa de extranjería, la exigencia de documentación, la cita previa, el idioma y, en muchos casos, el miedo. “Muchas personas migrantes evitan acudir a las instituciones o denunciar situaciones de discriminación o delitos de odio por temor a consecuencias sobre su situación”, apostilla Alonso. Si además están en situación de sinhogarismo, añade, “ese miedo se intensifica y se traduce en una menor protección real”.

¿Un problema legislativo?
La justicia no siempre basta para cubrir todas las situaciones de vulnerabilidad. “Es importante conocer los límites y alcances de los mecanismos de protección existentes”, señala Blanca Narváez, directora de Fundación Mutualidad. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permite acceder a servicios como el asesoramiento previo, la defensa y representación por abogado y procurador, la asistencia letrada al detenido… Sin embargo, añade, “existen circunstancias de vulnerabilidad que no siempre encajan plenamente en los supuestos previstos por la normativa”. Formar al colectivo jurídico es clave para detectar estos casos.