Canarias se prepara para vivir una de las semanas más importantes de esta legislatura. Hoy la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mantendrá un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que solicitará nuevamente que el Estado asuma el triaje de las personas migrantes y la figura del defensor del menor. Existe una controversia entre las dos administraciones sobre a quién corresponde la competencia que solo podrá subsanarse por la vía de la negociación. De no haber ese acuerdo el asunto se llevará a la vía judicial.

Además, mañana martes se aprobará parte del decreto Canarias, con una medida que será clave en la última parte de la legislatura: el uso de los más de 600 millones de superávit. Hoy también estaba previsto que Canarias y Estado se vieran para avanzar en la cogestión de los aeropuertos, pero finalmente, debido a la crisis de Ceuta, el encuentro se retrasa a mediados de septiembre.

Tres asuntos ‘clave’
Una parte del denominado ‘decreto Canarias’, que recoge las ayudas para La Palma tras la erupción del volcán y el uso del superávit de la comunidad autónoma de unos 600 millones de euros en políticas de diversa índole, se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, pero también habrá reunión de especial relevancia para el archipiélago este lunes, vinculada a la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio de este año y del que aún se desconocen aspectos importantes para su pleno desarrollo. Estaba previsto que hoy también se viesen las caras de ambos gobiernos para abordar la cogestión aeroportuaria, pero el sábado ambos gobiernos acordaron aplazar a la segunda quincena del mes en curso esa cita.

Desde el comienzo de la legislatura con Fernando Clavijo al frente, el Ejecutivo se marcó una serie de objetivos a alcanzar. Uno de ellos es ganar mayor autogobierno y asumir las nuevas competencias que recoge el Estatuto de Autonomía, actualizado en 2018. Así como ocurriera con el traspaso de la gestión de Costas, efectivo desde enero de 2023, las islas pelean por tener más peso en las decisiones vinculadas a la conectividad aérea de las islas. Este reto fue uno de los compromisos que Coalición Canaria y el PSOE firmaron en la llamada Agenda Canaria, el acuerdo mediante el cual el partido nacionalista dio su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

Es por ello por lo que desde enero de este año ambos Ejecutivos se marcaron un calendario de reuniones de negociación. Fue en abril cuando el presidente del Gobierno autonómico aceptó tomar como referencia para las islas el acuerdo de cogestión aeroportuaria alcanzado entre el País Vasco y el Gobierno de España: la creación de un órgano bilateral de gestión.

Sin embargo, desde el primer momento el archipiélago dejó claro que su poder de decisión debe ir más allá. Por eso se encuentra inmerso en la negociación de lo recogido en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, que establece que la comunidad autónoma tiene la competencia sobre los puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés por el Estado y la competencia de ejecución sobre aquellos de interés general, eso sí, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

En la reunión que se ha aplazado a la segunda quincena, ambos equipos de Gobierno intercambiarán la documentación en la que han estado trabajando en verano. Y Canarias se ha marcado tres objetivos: poder opinar en la designación de los directores de los aeropuertos, decidir en la política de tasas y emitir su juicio sobre las inversiones que se realizan en los aeropuertos de las islas.

Menores migrantes
La gestión de la migración y, en concreto, la atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas, ha sido una de las principales tareas del Gobierno canario durante este mandato. En abril de 2025, después de intentos fallidos y el constante rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, se logró la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución de los niños y niñas que llegan a territorios con su red de acogida saturada, como es el caso del archipiélago y, así, compartir su acogida.

Pero a pesar de este hito en España, quedan diversos aspectos que mejorar en las políticas migratorias, también a nivel europeo.

Fue el 12 de junio de este año cuando entró en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, aprobado ‘in extremis’ antes de las elecciones europeas y que ha despertado las críticas del Tercer Sector por considerar que recorta los derechos de las personas migrantes. Entre otras cuestiones, abre la puerta a establecer centros de deportación en terceros países, establece más controles en frontera, contempla procedimientos acelerados de asilo y un refuerzo de los retornos de las personas.

El Gobierno canario también ha sido crítico con la nueva norma porque no tiene en cuenta la realidad que viven las regiones que son frontera, como el archipiélago, y considera que es en la atención de los niños y niñas migrantes que llegan solos el ámbito en el que menos interviene.

La norma introduce la figura de un representante del menor durante el proceso de triaje, el control inicial que tiene una duración de 72 horas en el que se identifica, registra y evalúa sanitariamente a aquellas personas que han entrado de manera irregular a la Unión Europea. La duda está en quién es la administración que se encarga de nombrar a la personas que desarrollará esas funciones, si la comunidad autónoma o el Estado.

Todos estos asuntos se iban a trabar en una Conferencia Sectorial de Inmigración en julio, que se suspendió después des que las regiones del PP dieran plantón. En ese momento, el Ministerio de Migraciones emplazó a Canarias a una comisión bilateral que se retrasó por la crisis en Ceuta pero que finalmente tendrá lugar este lunes. En ella, el archipiélago le trasladará todas sus dudas acerca del pacto. También se realizará una análisis de la situación migratoria actual y la planificación ante las llegas de personas migrantes de manera irregular al territorio nacional durante los próximos meses.