La guerra entre el Gobierno y Ceuta ha entrado en una nueva fase. En el Palacio de la Moncloa ya interpretan las últimas decisiones de Juan Jesús Vivas no solo como discrepancias sobre la gestión de la crisis migratoria, sino como el resultado de su alineamiento con la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo. Fuentes gubernamentales acusan en privado al presidente ceutí de hacer «seguidismo» del líder del PP y de anteponer los intereses políticos de Génova a los de la propia ciudad y de los miles de migrantes que todavía permanecen allí. «Solo sirve a Feijóo», dicen en el Ejecutivo.

Moncloa lanza reproches acompañados de una advertencia. El Gobierno utilizará las prerrogativas que le concede el mando único «cuantas veces sea necesario» para garantizar el cumplimiento de la ley y recuperar la normalidad. Eso significa, explican desde el Ejecutivo, identificar y filiar a los migrantes, ofrecerles la atención humanitaria necesaria y tramitar después los procedimientos de retorno a Marruecos cuando legalmente corresponda.

El Gobierno considera que Vivas ha endurecido su posición a medida que Feijóo ha elevado la ofensiva contra Sánchez por la crisis de Ceuta. Y cree que algunas de las últimas resistencias planteadas desde la ciudad responden más a esa batalla política que a las necesidades de una emergencia que lleva más de un mes desbordando sus capacidades. La tensión alcanzó este fin de semana su punto más alto en el puerto.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó el viernes la utilización de unos terrenos para instalar nuevas carpas destinadas a atender a los migrantes. Apenas 24 horas después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, impuso el criterio del Gobierno y autorizó a la Secretaría de Estado de Migraciones a ocupar temporalmente 16.000 metros cuadrados de la Ampliación de Poniente.

Puente utilizó para ello las facultades previstas en la legislación portuaria y justificó la decisión por la existencia de «razones de interés general» relacionadas con la situación de interés para la Seguridad Nacional. El episodio resume como pocos el deterioro de las relaciones entre ambas administraciones: Ceuta dijo que no el viernes y Madrid terminó diciendo que sí el sábado pasado.

El propio informe de Puertos del Estado reconoció que las instalaciones podían incrementar determinados riesgos relacionados con infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y la operativa portuaria. El Gobierno considera, sin embargo, que ese eventual perjuicio es menor frente al interés superior que pretende proteger. En Moncloa anteponen ahora la Seguridad Nacional pese a haber tardado casi un mes en declararla a instancias del propio PP.

El Ejecutivo sostiene que cualquier alteración temporal de la actividad del puerto resulta asumible frente a la necesidad de sacar a los migrantes de las playas, calles y asentamientos improvisados, concentrarlos en instalaciones controladas, identificarlos y completar los trámites necesarios para resolver su situación.

Las carpas, insiste el Gobierno, no pretenden consolidar a los migrantes en Ceuta. Ángel Víctor Torres salió ayer a combatir precisamente esa idea. «Las carpas son temporales», aseguró. «Cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos».

El ministro encargado de coordinar la respuesta gubernamental se quejó además de que distintos emplazamientos propuestos durante la crisis han encontrado sucesivamente resistencias. El hospital militar, polideportivos, el acuartelamiento Fiscer o la fábrica de harina han generado oposición por diferentes motivos. Y el puerto terminó convirtiéndose en la última trinchera. «Que nos digan dónde», reclamó el ministro Torres después de enumerar las alternativas descartadas.

Vivas lleva semanas defendiendo que la ciudad, con apenas 19 kilómetros cuadrados, no puede resolver la crisis multiplicando indefinidamente los espacios de acogida. Su prioridad ha sido acelerar las salidas para rebajar la presión que soportan las calles y los servicios públicos. El Gobierno responde que, precisamente para poder ejecutar esas salidas, antes necesita identificar, atender y tramitar individualmente la situación de quienes entraron durante la avalancha de finales de julio.

Las discrepancias ya no son técnicas desde que el Ejecutivo declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional y puso en marcha una estructura de coordinación extraordinaria, lo que desplazó hacia el Gobierno central buena parte del centro de gravedad de la respuesta a la crisis. Y Moncloa no tiene intención de renunciar a esa capacidad.

En el Gobierno son tajantes: el Ejecutivo volverá a hacer uso de las facultades derivadas del mando único cada vez que considere que una decisión local obstaculiza el cumplimiento de la ley o impide atender adecuadamente a los migrantes. El mensaje dirigido a Vivas es que la búsqueda de consenso continuará, pero no funcionará como derecho de veto. El Gobierno asegura que seguirá hablando con el presidente ceutí. Torres mantiene contactos prácticamente diarios con él y ha reiterado públicamente que pretende alcanzar el mayor consenso posible.

Pero detrás de esa voluntad de entendimiento ha aparecido una línea roja mucho más nítida. El consenso terminará allí donde Moncloa considere que comienza la Seguridad Nacional. Y el puerto ha servido como primer aviso. El arranque del curso electoral explica las tensiones.