El PSOE busca tiempo para escapar de otra votación incómoda. Los socialistas tratarán, previsiblemente, de retrasar el debate de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española, previsto para este jueves en el Congreso. La maniobra permitiría a Pedro Sánchez alejar unas semanas una decisión especialmente delicada en plena crisis con Marruecos. Pero no hacerla desaparecer.

Fuentes parlamentarias de Sumar explican que existe la posibilidad de que el PSOE intente demorar «en la medida de lo posible» la llegada definitiva de la iniciativa al Pleno. En el socio minoritario del Gobierno no interpretan por ahora esos movimientos como un intento de enterrar la ley. Los enmarcan dentro de la capacidad de los grupos para administrar los tiempos de la Cámara.

«Forma parte del juego parlamentario», resumen las citadas fuentes. El problema para el PSOE es que el reloj seguirá corriendo. Sumar calcula que cualquier aplazamiento tendría un recorrido limitado. Los socialistas pueden ganar algunas semanas, pero difícilmente congelar una iniciativa que ya ha superado buena parte de su tramitación. Y los socios advierten de que presionarán para que termine sometiéndose a votación. Ahí comienza el verdadero problema para Sánchez.

La proposición de ley, impulsada por Sumar, pretende facilitar la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. La Comisión de Justicia aprobó su dictamen el pasado 23 de julio y la iniciativa debe superar ahora el Pleno antes de continuar su recorrido parlamentario hacia el Senado.

Pero llegará al hemiciclo en uno de los momentos más delicados de las relaciones entre España y Marruecos desde el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

La entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio ha vuelto a colocar a Rabat en el centro de la política española. Durante las últimas semanas, Sánchez ha tratado de preservar la relación bilateral mientras la oposición le exigía responsabilidades por lo sucedido en la frontera. El presidente ha defendido que no existen pruebas suficientes para responsabilizar al Gobierno marroquí de la organización de la entrada masiva, aunque ha reconocido que las fuerzas de seguridad del país vecino permitieron durante las horas críticas el paso de miles de personas. En mitad de esa tormenta aparece de nuevo el Sáhara.

La cuestión toca uno de los puntos más sensibles de la relación con Rabat. En marzo de 2022, Sánchez modificó la posición española y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. El movimiento permitió recomponer la relación con Mohamed VI, pero abrió una brecha con los socios parlamentarios del PSOE que nunca terminó de cerrarse. Sumar se encuentra al otro lado de esa brecha.

La formación ha mantenido su apoyo a las reivindicaciones saharauis y es precisamente su grupo parlamentario el que ha impulsado la iniciativa que ahora coloca al PSOE ante una decisión incómoda. Los socialistas, además, no han permanecido al margen de su tramitación: presentaron enmiendas al articulado, entre ellas una destinada a retrasar seis meses la entrada en vigor de la futura norma.

La votación enfrenta así dos necesidades políticas de Sánchez. Por un lado, mantener el equilibrio dentro de la coalición y con una mayoría parlamentaria donde las posiciones favorables al Sáhara tienen un peso importante. Por otro, evitar un nuevo foco de tensión con Marruecos precisamente cuando la crisis de Ceuta ha vuelto a someter la relación bilateral a máxima presión.

Sumar asume que los socialistas intenten utilizar los márgenes de la Cámara para desplazar la votación. Lo que no está dispuesto a aceptar es que ese aplazamiento termine convirtiéndose en un entierro. Si el debate no se celebra este jueves, sus socios presionarán para recuperarlo en las semanas siguientes.

El calendario tampoco concede demasiado oxígeno a Sánchez. A todo esto hay que sumarla visita del Rey a Ceuta y Melilla «en las próximas semanas» que Moncloa calcula al milímetro para no cabrear a Rabat.