La intervención del Puerto de Ceuta ha resuelto un problema inmediato al Gobierno porque, por la vía de romper el consenso prometido, ha forzado dónde meter a otro millar de inmigrantes irregulares. Pero lo que no ha encontrado todavía es cómo sacarlos de la ciudad. Esa es la razón de fondo que explica la decisión de Óscar Puente de intervenir el Puerto y utilizar 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente para levantar un nuevo campamento pese al rechazo de la Autoridad Portuaria. La medida resuelve una urgencia inmediata – retirar inmigrantes de las calles, concentrarlos, identificarlos y tramitar sus expedientes – , aunque no despeja la incógnita que más preocupa ya dentro del Ejecutivo:

qué hacer con quienes no puedan ser devueltos a Marruecos.

Fuentes gubernamentales consultadas admiten que la gestión empieza a escapar de las previsiones iniciales y que el principal problema se ha desplazado. La emergencia sigue siendo humanitaria y de seguridad. Y también administrativa, diplomática y europea.

«No sabemos cómo sacarlos de Ceuta», resume una de las fuentes conocedoras del dispositivo.

Ésa es la realidad que el Gobierno no reconoce públicamente. Su discurso oficial continúa siendo que quienes no tengan derecho a permanecer en España serán devueltos conforme a la ley. Ángel Víctor Torres lo reiteró esta misma semana y el delegado del Gobierno en Ceuta sostiene que la «inmensa mayoría» de quienes permanecen en la ciudad terminarán regresando a Marruecos. Pero entre esa voluntad y su ejecución hay un espacio que se está convirtiendo en el

gran agujero de la operación.

Las cifras lo reflejan. Hasta el 31 de agosto se habían producido 3.519 retornos voluntarios a Marruecos frente a sólo 214 expulsiones ejecutadas. Y el problema se complica a medida que permanecen en Ceuta los casos más difíciles.

Marruecos, la pieza que falla

En el Gobierno existe un

creciente escepticismo sobre hasta dónde llegará realmente la colaboración de Rabat.

Las fuentes consultadas no confían en que Marruecos vaya a facilitar la devolución de los menores marroquíes ni tampoco de sus nacionales adultos. Lo que se promete en público no se corresponde con lo que se mueve en privado: dentro del Ejecutivo nadie se cree la comunicación de Marruecos de que quiere que regresen quienes entraron en España durante el 30 y el 31 de julio.

Con los ciudadanos de terceros países no hay alternativa a que “se queden en Ceuta”. España dispone de un acuerdo de readmisión con Marruecos de 1992 para nacionales de terceros Estados que hayan entrado irregularmente desde territorio marroquí, pero su aplicación exige acreditar la procedencia y cumplir determinadas condiciones y plazos. Además, las devoluciones no pueden ejecutarse colectivamente y quedan sometidas a las garantías individuales que correspondan.

Las fuentes consultadas apuntan a la

Unión Europea como dique que impide también vaciar Ceuta

mediante un traslado generalizado hacia la Península. El Gobierno ha reclamado apoyo europeo y explora los instrumentos disponibles para afrontar la emergencia, pero un movimiento masivo hacia territorio peninsular cambiaría completamente la naturaleza de la crisis. Desde el Gobierno señalan que Bruselas no alienta esa alternativa y que la prioridad europea es evitar que una entrada irregular, a través de una frontera exterior, termine convirtiéndose automáticamente en una vía de acceso al espacio europeo.

Para Moncloa, además, ese traslado generalizado presenta un segundo problema: supondría

reconocer que la estrategia de devolución ha fracasado y trasladaría el conflicto desde Ceuta al resto de España.

El Gobierno se encuentra así encerrado entre tres alternativas que tienen un coste: devolverlos, vía que se da por muerta; trasladarlos a la Península, una opción que quiere evitar; o mantenerlos en Ceuta durante un periodo que nadie es capaz ahora mismo de concretar. Es en ese tercer escenario donde adquiere sentido la intervención del Puerto.

Puente entra para comprar tiempo

El Muelle de Poniente no resuelve el problema migratorio, sólo sirve para “comprar tiempo”. Puente ha recurrido a las competencias estatales sobre el dominio portuario después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazara entregar los terrenos. Transportes ha considerado que las necesidades derivadas de la emergencia prevalecen sobre las objeciones planteadas y ha autorizado temporalmente unos 16.000 metros cuadrados para instalar más de un millar de plazas. El Gobierno necesita esas plazas porque necesita sacar a los inmigrantes de la calle para saber exactamente quiénes son y qué puede hacer con ellos.

La intervención del Puerto es, por eso, mucho más relevante políticamente de lo que aparenta.

Transportes ha tenido que incorporarse a una crisis que ya atraviesa Interior, Migraciones, Infancia, Defensa y Política Territorial

porque el dispositivo necesita cada vez más espacio para administrar una provisionalidad que se prolonga. En este marco aparece la palabra que nadie quiere verbalizar en público, aunque sea una realidad en los análisis internos:

«cronificación».

Cada semana cambia el estado de la crisis. Los alojamientos provisionales se multiplican. Los dispositivos policiales extraordinarios permanecen. La atención sanitaria y social continúa tensionada. Y desde el sábado una parte de la principal infraestructura de comunicación de Ceuta con la Península queda incorporada también al dispositivo migratorio.

“La paradoja es que el Gobierno está construyendo una infraestructura cada vez más estable para gestionar una situación que continúa calificando de temporal”, advierten desde el Gobierno ceutí.