Ángel Víctor Torres ha salido este domingo a defender

la decisión más controvertida adoptada por el Gobierno

desde que asumió el mando de la crisis de Ceuta. Apenas un día después de que Transportes impusiera la instalación de

carpas en el puerto

contra el criterio expresado por su Consejo de Administración, el ministro quiso despejar uno de los principales temores de la ciudad: que el nuevo campamento termine convirtiéndose en permanente.

«Las carpas son temporales»,

ha asegurado. Y ha vinculado directamente su instalación con la agilización de los retornos: «Cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos».

El ministro responde a Juan Jesús Vivas y a las críticas surgidas en Ceuta después de que Óscar Puente autorizara a Migraciones a ocupar temporalmente 16.000 metros cuadrados del puerto de la ciudad. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria había rechazado apenas 24 horas antes utilizar esos terrenos para instalar nuevos espacios de acogida.

Transportes terminó imponiendo su competencia alegando razones de interés general relacionadas con la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Torres defiende ahora que el Gobierno no pretendía construir otro centro permanente en Ceuta. Las instalaciones serán desmontables y servirán para sacar de las calles y playas a parte de los migrantes, concentrarlos en espacios controlados, completar su identificación y facilitar después los procedimientos legalmente previstos para su salida.

«No es para que se queden en Ceuta»

, ha insistido en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE.

El ministro ha trasladado, además, parte de la presión a las autoridades ceutíes. Según explicó, tanto las parcelas del puerto como las de la zona de La Reina habían sido incluidas inicialmente en las medidas aprobadas por los órganos encargados de gestionar la crisis, en los que también había participado el presidente ceutí.

El problema llegó después. Con las actuaciones ya en marcha, el Consejo de Administración del puerto esgrimió informes técnicos para rechazar la ubicación.

Torres ha enumerado todos los emplazamientos que habían encontrado resistencias. Si no podía utilizarse el hospital militar por las protestas vecinales; tampoco los polideportivos; ni el acuartelamiento Fiscer; ni la fábrica de harina; y ahora tampoco el puerto. Por eso, el ministro reclamó una alternativa.

«Que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos», ha dicho.

La frase resumen el nuevo pulso institucional entre Moncloa y Ceuta.

Vivas había reclamado durante semanas que la solución a la emergencia no consistiera en continuar aumentando indefinidamente la capacidad de acogida de una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados. Su prioridad es acelerar las salidas. El Gobierno respondió que precisamente necesitaba nuevos espacios para identificar y atender a las personas antes de poder ejecutar esos procedimientos. «Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas», ha reprochado.

Pese al enfrentamiento, el ministro ha asegurado que mantiene un «seguimiento permanente» de la situación y conversaciones «prácticamente todos los días» con Vivas. El Ejecutivo, ha afirmado, sigue buscando el máximo consenso. Pero ha dejado también una advertencia: si el acuerdo no es posible, el Gobierno toma las decisiones necesarias «con la ley en la mano».