Ceuta ha empezado a mirar directamente hacia la frontera. Después de más de un mes de protestas, concentraciones vecinales y movilizaciones contra el asalto, la marcha ha recorrido este domingo un

camino especialmente simbólico

: desde la Delegación del Gobierno hasta el Tarajal. No se trata únicamente de reclamar más seguridad o de rechazar la instalación de nuevos campamentos. El mensaje que empieza a imponerse en la calle es otro: la ciudad quiere que quienes puedan ser devueltos salgan de Ceuta y que e

l Gobierno explique qué va a ocurrir con quienes no puedan hacerlo.

Alrededor de 300 personas se concentraron inicialmente frente a la Delegación del Gobierno bajo el lema

«Pedimos soluciones y expulsión»,

reclamaron la dimisión del delegado y emprendieron después una marcha hacia la frontera con Marruecos. La movilización se produce apenas cuatro días después de la gran manifestación del Día de Ceuta, que reunió, según la Delegación del Gobierno, a unas 20.000 personas.

El desplazamiento de la protesta hacia el Tarajal tiene una

lectura que trasciende la movilización de este domingo. Durante las últimas semanas, el malestar se había concentrado en los barrios donde han aparecido asentamientos improvisados y, más recientemente, en los alrededores del puerto. Ahora la presión se dirige hacia el

lugar por el que comenzó la crisis y por el que debería producirse una parte de las devoluciones.

Ahí aparece el problema que continúa sin resolver el Gobierno. El Ejecutivo puede mover a los migrantes dentro de Ceuta, habilitar nuevas instalaciones y aliviar los asentamientos que todavía permanecen en distintos puntos de la ciudad, pero

no ha conseguido todavía ofrecer un calendario y un plan de salida rápida

para los miles de personas que continúan allí.

La intervención del puerto ordenada por el Ministerio de Transportes permite habilitar unos 16.000 metros cuadrados para instalar alojamientos temporales destinados a cerca de un millar de migrantes. El Gobierno insiste en que las carpas desaparecerán cuando se produzcan las devoluciones y el ministro Ángel Víctor Torres ha defendido expresamente su carácter temporal. Pero esa promesa depende precisamente de la cuestión que sigue abierta: cuántas devoluciones podrán ejecutarse, a qué ritmo y qué ocurrirá con quienes no puedan ser retornados.

Las obras en el Muelle de Poniente continuaron pese al

rechazo expresado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y han provocado tres jornadas consecutivas de protestas.

Los vecinos de Junta Obras del Puerto y Parques de Ceuta reclaman su paralización y denuncian que la decisión del Gobierno desplaza hacia sus barrios las consecuencias de una crisis que consideran que corresponde resolver al Estado.

Pero

el elemento más preocupante de las últimas horas no está en la política, sino en la calle.

La Guardia Civil identificó a 21 migrantes marroquíes por su participación en un apedreamiento contra una patrulla del Ejército y agentes de la Guardia Civil en las proximidades de la playa del Trampolín, donde continúa uno de los principales asentamientos informales surgidos después de las entradas masivas del 30 y 31 de julio. No hubo heridos.

Diez días antes, otros doce marroquíes habían sido detenidos después de otro episodio similar en Benzú.

Son episodios que elevan la presión sobre una ciudad que lleva más de un mes funcionando bajo parámetros excepcionales: los asentamientos, el despliegue policial, las protestas prácticamente diarias y ahora los incidentes contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

anulan el discurso de regreso progresivo a la normalidad.