El Gobierno ha elegido para alojar a alrededor de un millar de migrantes uno de los lugares más codiciados por quienes llevan semanas intentando abandonar Ceuta: su puerto. La decisión de habilitar 16.000 metros cuadrados del Dique de Poniente para levantar un nuevo dispositivo de acogida

coloca a sus futuros ocupantes junto a la infraestructura que conecta diariamente la ciudad con la Península

y que, desde la entrada masiva de finales de julio, soporta una presión desconocida de personas que intentan alcanzar clandestinamente los ferris.

Los datos de la propia Autoridad Portuaria permiten dimensionarla.

Sólo durante agosto se registraron 1.163 incidencias relacionadas con intrusiones en los diques de Poniente y Cañonero Dato. Fueron 560 en el primero y 603 en el segundo. Entre enero y julio se habían contabilizado únicamente 57 en Poniente. La comparación supone un incremento del 1.940% respecto al acumulado de los siete meses anteriores.

Detrás de esas cifras está uno de los problemas que el Gobierno todavía no ha conseguido resolver más de un mes después de la crisis del 30 y 31 de julio.

Muchos de los migrantes que permanecen en Ceuta no tienen posibilidad inmediata de abandonar legalmente la ciudad hacia la Península y el puerto se ha convertido en una vía de salida clandestina.

Se han sucedido los intentos de introducirse en camiones, alcanzar los ferris, esconderse en zonas restringidas o llegar hasta los buques. A mediados de agosto, cuando todavía no había transcurrido la mitad del mes, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, hablaba ya de unas 600 intrusiones y de una media que rondaba las 50 diarias.

La situación obligó a reforzar la vigilancia y a mantener efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil en el recinto portuario. El problema no era entonces una hipótesis vinculada a la construcción de un futuro campamento: ya estaba ocurriendo.

Ésta es precisamente la particularidad de la decisión adoptada ahora por el Ejecutivo. El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, ha autorizado que una parte del Dique de Poniente se utilice hasta final de año para instalar un dispositivo de acogida después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazara la petición formulada por Migraciones. El nuevo recinto ocupará aproximadamente 16.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para alrededor de mil personas.

Del puerto como salida al puerto como alojamiento

La elección responde a la urgencia por encontrar espacio. Ceuta continúa soportando una enorme presión asistencial y

el Ejecutivo necesita aliviar los recursos habilitados en otros puntos de la ciudad.

El puerto ofrece una gran superficie disponible y permite levantar con rapidez carpas, zonas de descanso, servicios sanitarios y espacios de atención social. Pero convierte simultáneamente el principal punto de salida de Ceuta en uno de los grandes puntos de alojamiento de la crisis.

El problema resulta especialmente relevante porque el dispositivo previsto será abierto.

Los migrantes podrán entrar y salir de él y las parcelas elegidas se encuentran dentro de un entorno portuario cuya seguridad se ha visto alterada precisamente por los continuos intentos de acceder a las zonas de embarque.

El Gobierno conocía esa situación antes de adoptar la decisión. Un i

nforme de la División de Protección e Infraestructuras Críticas de la Autoridad Portuaria consideró «no recomendable» la ubicación elegida

y advirtió de los riesgos adicionales que podía provocar la instalación del campamento.

No se refería únicamente a los ferris. El puerto alberga instalaciones fundamentales para el abastecimiento y funcionamiento de Ceuta.

En las proximidades se encuentran depósitos de combustible, conducciones y otras infraestructuras sensibles.

El informe advertía de la necesidad de reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y adaptar los planes de protección existentes si finalmente se autorizaba el dispositivo.

Puertos del Estado admite, de hecho, que la instalación puede «incrementar determinados riesgos» relacionados con las infraestructuras críticas,

las instalaciones sensibles y la propia operativa portuaria. La Administración considera, sin embargo, que esos riesgos pueden ser compensados con medidas adicionales de seguridad y que la situación excepcional de Ceuta justifica la ocupación temporal.