El PP ha decidido llevar hasta el Tribunal Constitucional (TC) su pulso con el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Apoyados en su mayoría absoluta en el Senado, los populares registrarán un conflicto de atribuciones por la ausencia de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa durante las comisiones celebradas a mediados de agosto. Una decisión que los populares califican de «fraude de ley». Una ofensiva que coincide con la escalada de tensión social que se vive en la ciudad, marcada por la detención el sábado por la noche de más de una veintena de personas por apedrear a militares y guardias civiles —todas ellas ya devueltas a Marruecos, el país del que son originarios— y la protesta de medio millar de ciudadanos exigiendo la devolución de todos los extranjeros que permanecen en este territorio.

A la tensión sobre el terreno se suma el nuevo choque entre el Gobierno local y central por la ubicación de los centros de acogida para migrantes, en este caso por la instalación de varias carpas en el puerto. Mientras el ministro de Política Territorial y mando único de la crisis, Ángel Víctor Torres, justifica la medida como un paso «temporal» imprescindible para agilizar las devoluciones y evitar, con ello, que el problema se «cronifique», el presidente autonómico Juan Jesús Vivas busca el amparo político de los líderes de su partido. El dirigente ceutí acudirá este lunes a un desayuno informativo en Madrid, arropado por el propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y doce barones – entre ellos Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda – antes de poner rumbo el martes a Bruselas.

Para dar cuerpo a la ofensiva ante el Constitucional, el pleno de la Cámara Alta del martes elevará la denuncia al órgano de garantías del TC amparándose en el artículo 110.1 de la Carta Magna y en el Reglamento del Senado, que imponen la obligatoriedad de comparecer cuando una institución lo requiera. Para los populares, la decisión de Moncloa de no acudir a las sesiones sienta un peligroso precedente de «impunidad». No será la única medida a tomar en cuenta, también se reprobará al trío de ministros ausentes —Marlaska, Albares y Robles— y extenderá el castigo a las titulares de Sanidad e Igualdad por su «inacción» ante la crisis.

Frente a la presión de los populares y las críticas que emergen desde la ciudad autónoma, el Ejecutivo defiende su gestión apelando a la necesidad de incrementar los recursos logísticos en Ceuta para hacerle frente a la población migrante. El ministro Ángel Víctor Torres justifica la toma de control del puerto —tras la orden firmada este sábado por Óscar Puente— como una medida «temporal» para agilizar los expedientes de retorno y evitar la «cronificación» del problema. En este sentido, el dirigente socialista afea que Vivas no se haya posicionado de su lado para hacer entender a la población ceutí la importancia de habilitar este tipo de espacios para solucionar «lo antes posible» la crisis, usando como ejemplo lo ocurrido con el hospital militar y los polideportivos. «No se puede criticar que estén en las playas y oponerse a cada espacio con el que buscamos consenso», asegura, al tiempo que señala que solo provoca que la ayuda llegue con «retraso».

Con este trasfondo de fricción entre Vivas y la sociedad ceutí —que exige la devolución inmediata de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad— contra el Gobierno, la crisis desembarca este lunes en Madrid. El dirigente popular será arropado por la cúpula de su partido en una exhibición de fuerza frente a un Pedro Sánchez criticado por sus socios de investidura y cuyos ministros se encuentran absortos en un cruce de acusaciones sobre la existencia o inexistencia de avisos previos por parte de los servicios de Inteligencia.

Tras la cita en Madrid, Vivas viajará a Bruselas para abordar la situación de la ciudad ante los responsables de las instituciones europeas. El dirigente ceutí se reunirá con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el líder del PPE, Manfred Weber, y el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner. El encuentro llega precedido por las duras críticas tanto del presidente autonómico como del partido líder de la oposición al Gobierno por su gestión con la Comisión Europea. Y es que los populares critican que, pese a que la Unión Europea ofreció desde el primer momento su ayuda, el Gobierno tardó semanas en formalizar la petición de fondos de emergencia —no lo hizo hasta la última semana de agosto— y el despliegue de agencias como Frontex. Un retraso que los populares consideran una «negligencia» y que Vivas aprovechará para exponer la capacidad límite en la que se encuentra la frontera sur.