El Gobierno ha terminado por imponer su criterio en el puerto de

Ceuta.

Apenas 24 horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazara la instalación de nuevas carpas para albergar a los migrantes que todavía permanecen en la ciudad, el Ministerio de Transportes ha utilizado sus competencias para autorizar directamente la ocupación de 16.000 metros cuadrados de suelo portuario. El pulso entre Madrid y Ceuta, abierto desde hace días por el destino de estos terrenos, se ha resuelto por la vía de los hechos.

Óscar Puente ha firmado este sábado la orden que permitirá a la Secretaría de Estado de Migraciones utilizar temporalmente una enorme superficie de la Ampliación de Poniente, Fase I. Allí se instalarán carpas y otros espacios destinados a la «atención humanitaria» de las personas que entraron en Ceuta durante la crisis migratoria de finales de julio y que todavía permanecen en la ciudad.

La decisión ha llegado después de un choque institucional poco habitual. El viernes, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria había votado en contra de ceder esos terrenos. El Gobierno de Juan Jesús Vivas se había resistido a convertir el puerto en otro gran espacio de acogida porque considera que Ceuta no puede seguir aumentando su capacidad para alojar migrantes mientras no se aceleren los traslados y retornos que permitan descongestionar una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados.

Moncloa, sin embargo, tenía otra llave. Puente se ha acogido al artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para autorizar la ocupación alegando «razones de interés general» vinculadas a la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada por el Ejecutivo a raíz de la crisis de Ceuta. El movimiento tiene una enorme carga política. La ciudad dijo que no el viernes. El Gobierno ha dicho que sí el sábado.

La resolución de Transportes sostiene que la ocupación resulta necesaria para disponer de «medios e instalaciones adecuados» con los que prestar atención humanitaria y gestionar la crisis.

El campamento tendrá, en principio, fecha de caducidad: podrá permanecer instalado hasta el próximo 31 de diciembre.

Los 16.000 metros cuadrados albergarán zonas de descanso, enfermería y dispensario, espacios para atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal encargado de prestar los servicios y una caseta de seguridad.

La instalación no está exenta de riesgos. Y el propio Gobierno lo reconoce.

Puertos del Estado ha advertido en su informe de que la ocupación puede incrementar

«determinados riesgos»

relacionados con la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y la propia operativa portuaria. Pese a ello, ha concluido que existen razones de interés general suficientes para seguir adelante, siempre que se adopten medidas que hagan compatible el campamento con la seguridad y el funcionamiento normal del puerto.

La batalla, por tanto, podría desplazarse ahora de los despachos a los tribunales. La resolución de Transportes pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida en reposición durante el plazo de un mes o directamente ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo de la Audiencia Nacional en un máximo de dos.

Vivas se resiste a convertir Ceuta en un gran campamento

El choque por el puerto ha sido la última expresión de

una tensión mucho más profunda entre el Gobierno central y las autoridades ceutíes

sobre cómo recuperar la normalidad después de la entrada masiva de finales de julio.

El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas lleva semanas reclamando que la solución no pase por continuar multiplicando indefinidamente las plazas de acogida dentro de Ceuta.

La ciudad sostiene que su capacidad está desbordada y ha situado como prioridad la salida ordenada de quienes permanecen en territorio ceutí, ya sea mediante traslados a la Península cuando legalmente corresponda o a través de los procedimientos de retorno.

Madrid, entretanto, ha ido habilitando nuevos espacios para absorber la presión inmediata. Loma Margarita, Loma Colmenar, las naves del Tarajal, Los Rosales o el Centro Ecuestre se han incorporado a una red extraordinaria de acogida levantada durante las últimas semanas.

El puerto se ha convertido ahora en el nuevo campo de batalla.

La controversia resulta especialmente significativa porque se ha producido después de que el Gobierno declarara Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional y estableciera una autoridad funcional para coordinar los recursos del Estado.

La emergencia ha ido desplazando así el centro de gravedad de las decisiones hacia Madrid,

mientras la administración ceutí trata de conservar capacidad para decidir cómo y dónde se gestiona una crisis que soporta directamente sobre su territorio.

El conflicto del puerto resume esa fractura: Ceuta quiere menos presión migratoria; el Gobierno necesita más espacio para gestionarla mientras continúan los expedientes y las salidas.

Casi 300 menores, trasladadas al Tarajal

Mientras Gobierno y ciudad medían sus fuerzas por el puerto, este sábado se ha producido otro movimiento para reorganizar el mapa de acogida. Cerca de 300 niñas llegadas durante la entrada masiva de julio han abandonado el polideportivo del colegio Reina Sofía, donde permanecían alojadas provisionalmente.

El traslado se ha realizado a primera hora de la mañana bajo un importante dispositivo policial. Unas 290 menores, según voluntarios de las organizaciones que las han atendido, han subido a autobuses de Amgevicesa para ser conducidas hasta unas naves del polígono del Tarajal.

Allí permanecerán mientras se resuelve su futuro.

La salida ha permitido comenzar inmediatamente las labores de limpieza del polideportivo anexo al colegio Reina Sofía. El movimiento tiene también una dimensión práctica ante la recuperación de espacios públicos ocupados durante la emergencia y la necesidad de ir devolviendo cierta normalidad a una ciudad que lleva más de un mes funcionando bajo parámetros excepcionales.

Porque ese sigue siendo el problema de fondo. Cuarenta días después, Ceuta continúa buscando dónde colocar a quienes llegaron mientras discute con Madrid cómo conseguir que puedan marcharse. El Gobierno ha encontrado ahora 16.000 metros cuadrados más.

Lo ha hecho, esta vez, contra el criterio expresado apenas un día antes por las autoridades de la ciudad.