La Fiscalía ha allanado el terreno para que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acuerde iniciar una investigación sobre la entrada masiva a Ceuta desde Marruecos los pasados días 30 y 31 de julio que tuvo como resultado el cruce por la frontera tanto a nado como a pie de cerca de 80.000 personas, 82 de ellas fallecidas en el intento. Tras recibir los informes requeridos tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, el ministerio público sostiene que hay indicios suficientes para iniciar una investigación. la próxima semana la instructora tomará una decisión, aunque lo previsible es que siga adelante.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, decidió esta semana asumir él personalmente el asunto y apartar al fiscal encargado inicialmente dada la relevancia y trascendencia de un asunto que por ahora se desconoce hasta donde podrá llegar penalmente. Para empezar, el fiscal defiende que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional porque se habrían ideado, planificado y orquestado desde Marruecos, pero su ejecución material y el resultado perseguido de este plan fue en territorio español.

Para el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el cruce no fue “algo accidental” sino que fue un plan, alentado a través de una masiva campaña de desinformación simultánea a través de las redes sociales, que no tenía como objetivo la entrada irregular de migrantes para quedarse en España. Como dato advierte que la mayoría regresó de vuelta a las pocas horas. El dato que maneja es que esos días prácticamente desaparecieron los agentes marroquíes en la frontera y que el gobierno del país alauita ya había coordinado en otras ocasiones este tipo de actuaciones.

El ministerio público se ha limitado a argumentar que puede existir un delito de favorecimiento de la inmigración irregular cometido por una organización criminal, poniendo en peligro la vida de múltiples personas. También apunta a este supuesta organización como autora de delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. No obstante, la Policía ya descartó en su informe que esta operación fuera propia de una organización criminal.

Aunque el fiscal jefe no ha pedido en su escrito la práctica de ninguna diligencia, sí ha abierto la puerta a que una vez se inicie la investigación puedan encontrarse indicios de un delito contra la paz o independencia del Estado. En este punto, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, podría entonces personarse como perjudicada –algo que ya ha hecho el Gobierno de Ceuta– siempre y cuando Tardón no considere que existe alguna responsabilidad de alguno de sus miembros si conocían los riesgos de esta entrada masiva y no se pusieron los medios adecuados para evitarlo.