La Fiscalía defiende la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva e irregular de entre 70.000 y 80.000 migrantes a Ceuta. Lo hace a través de un informe que la jueza instructora María Tardón había solicitado y ha recibido este viernes. Aunque las conclusiones del Ministerio Público no son vinculantes, servirán de guía para los siguientes pasos de la magistrada.

El jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, que ha asumido la investigación relativa a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, argumenta que, aunque gran parte de la planificación, difusión digital y coordinación logística se desarrolló en Marruecos, la ejecución material y sus efectos principales tuvieron lugar en territorio español. El documento presentado clasifica, además, los hechos como presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular – agravado por poner en peligro la vida de las personas, sobre todo teniendo en cuenta que más de 140 personas fallecieron tratando de llegar a nado a Ceuta – , organización criminal, homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La Fiscalía argumenta, para mostrar su conformidad con que el caso se investigue desde la Audiencia Nacional, que lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio y lo que recogen los informes elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil son acontecimientos de tal magnitud que no puede tratarse como un simple delito común ni investigarse en un juzgado local. Por eso pide blindar bajo reserva parte del caso, a fin de así poder proteger las pruebas y a los propios investigadores – una medida que también han pedido sindicatos policiales y el partido Iustitia Europa, quien presentó inicialmente la denuncia, después de que el Ministerio del Interior haya mostrado su malestar respecto a lo que dicen estos informes.

Para fundamentar la jurisdicción de este tribunal, el Ministerio Público apela al principio de territorialidad, recordando que «el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la Ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional». Asimismo, respalda su criterio en tratados internacionales como «la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional […] y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire», argumentando que, dada la naturaleza transfronteriza de la red, los juzgados españoles están plenamente legitimados para actuar cuando los «efectos más relevantes se produjeron en territorio español».

Para la Fiscalía, los hechos que tuvieron lugar los días previos a la entrada masiva y los del 30 y 31 de julio serían constitutivos, sin perjuicio de lo que pueda resultar durante la instrucción, de «delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados», como es la Audiencia Nacional. De esta manera, el fiscal jefe apela a que la jueza Tardón abra definitivamente la causa y que, así, se pueda indagar en lo ocurrido, aunque «la instrucción deberá determinar si los hechos pudieran integrar delitos que afectan al orden público o bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado».

El posicionamiento del Ministerio Público se produce en un momento de alta tensión entre el ministerio de Fernando Grande – Marlaska y el Poder Judicial, como consecuencia de las quejas elevadas por el dirigente político respecto a que la instructora María Tardón ordenase a la Policía y Guardia Civil que no informasen a sus superiores de la investigación requerida. El aval del fiscal jefe abre ahora la vía para que la magistrada ordene las primeras diligencias penales tras recibir los escritos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).