El pacto de gobierno que reeligió en julio a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) como presidente de la Junta de Andalucía dejó en manos de Vox las competencias de justicia juvenil y, por tanto, la gestión de los centros donde menores infractores cumplen medidas judiciales de reinserción. En esos centros, según el último balance anual publicado por la Junta, hay 578 menores extranjeros extracomunitarios, un colectivo al que la formación de ultraderecha ha puesto en la diana, exigiendo, entre otras cosas, la devolución inmediata a sus países de origen y que haya una prioridad nacional en todas las actuaciones de la administración pública.

La Vicepresidencia Segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, de la que está al mando el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, es donde residen las competencias del sistema de justicia juvenil, encargado de gestionar los recursos para que se cumplan las medidas impuestas por los juzgados de menores a personas de entre 14 y 18 años que hayan cometido infracciones contempladas como faltas o delitos en el Código Penal.

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La Junta de Andalucía, según la memoria de 2025, dispone de 885 plazas en 49 centros de régimen cerrado y abierto, donde trabajan 1.989 profesionales. En esos centros cumplían medidas el año pasado un total de 4.936 menores, de los cuales en torno al 11% eran extranjeros extracomunitarios, la mayoría de origen magrebí y a continuación, en un porcentaje bastante menor, los procedentes de países latinoamericanos. El 81,8% de estos menores son varones y la edad media se sitúa entre los 16 y los 17 años.

El grado de reinserción de los menores que pasan por estos centros es del 80%, según la Junta, un porcentaje que el anterior consejero encargado de estas competencias, José Antonio Nieto, calificó como “un éxito” en una comparecencia parlamentaria hace un año. En esa misma intervención, Nieto, que ahora es consejero de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital, destacó que más del 87% de los menores que cumplen medidas judiciales son españoles para rechazar así lo que calificó como “falso discurso” que criminaliza a los menores extranjeros no acompañados. “No es verdad que aquí los delitos los cometen los menores extranjeros”, subrayó, antes de instar a “no jugar con algo tan sensible como los niños”.

El acuerdo de gobierno que el pasado 2 de julio firmaron Juan Manuel Moreno Bonilla y Manuel Gavira establece en su punto 17, dentro del apartado dedicado a la inmigración, que se llevará a cabo un “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, sin especificar si se refiere a los de justicia juvenil o a los de protección de la infancia, donde están acogidos los extranjeros no acompañados bajo tutela de la Junta, cuyo acrónimo “mena” utiliza habitualmente Vox de una forma despectiva que los estigmatiza.

Además de un refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina en estos centros, y de la seguridad de sus trabajadores, en el mismo punto del acuerdo de gobierno se dispone que “se trabajará en identificar y evitar ubicaciones donde se generen problemas de convivencia y seguridad”, y que las primeras medidas deberán llevarse a cabo antes de que termine este año.

La Vicepresidencia Segunda de la Junta, responsable del sistema de justicia juvenil en Andalucía, no ha respondido al cierre de esta información a las preguntas de Público sobre las medidas que va a tomar ese departamento para cumplir el punto 17 del acuerdo de gobierno, y si prevé, además, adoptar alguna iniciativa en concreto para los menores extranjeros que cumplen medidas judiciales en centros andaluces.

Gavira criticó la ubicación de los centros de menores
Tampoco ha respondido el departamento de la Junta que dirige Vox si va a tomar alguna medida con el centro de internamiento de menores infractores abierto en 2025 en Churriana, concretamente en la acomodada zona residencial El Olivar de Málaga, cuya ubicación exigió cambiar en enero el vicepresidente Gavira, siendo portavoz parlamentario del grupo de ultraderecha, para garantizar, dijo, la seguridad del vecindario.

Cuatro días después de unos incidentes con dos menores que rompieron la reja de una ventana del centro y empezaron a amenazar a unos viandantes, Gavira hizo una visita al barrio en la que declaró: “Nosotros le vamos a dar una ubicación para los problemas de seguridad que se están produciendo, se la vamos a dar para este centro de menores y se la vamos a dar al señor Moreno Bonilla para otros centros de menas que hay en otras partes de Andalucía: que los pongan al lado de sus casas. Que el señor Moreno Bonilla y el señor De la Torre (el alcalde de Málaga) pongan los centros de internamiento de menores y los centros de menas al lado de su casa, que ya está bien que los vecinos tengan que soportar las consecuencias de sus políticas. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos viven muy tranquilos y esa tranquilidad es la que quieren los vecinos”.

En un comunicado emitido por Vox, el ahora vicepresidente de la Junta señalaba tras esa visita en enero a Málaga que el Gobierno andaluz les había dicho en una respuesta parlamentaria que esos centros eran seguros. “Nos dijeron que no criminalizásemos ni cayésemos en los tópicos. ¿Qué ha pasado luego? Pues que el tiempo nos ha dado la razón a Vox y también a los vecinos”, añadía Gavira.

El de Churriana, con 50 plazas, es el último centro de internamiento de menores infractores que ha abierto la Junta, completando una red que hasta entonces carecía de un dispositivo de este tipo en la provincia de Málaga. Tras su inauguración, el anterior consejero de Justicia defendió la ubicación en un barrio residencial, recalcando que “este tipo de centros no pueden estar aislados, porque el objetivo no es encerrar a los menores ni extirparlos de la sociedad sino justo lo contrario”.

La oposición municipal en Málaga y la comunidad de vecinos de El Olivar denunciaron irregularidades en los permisos concedidos e incumplimientos en medidas de seguridad, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó el cierre cautelar solicitado, según informó el pasado junio el Diario Sur.

El Defensor del Pueblo vigilará que se cumpla la ley
La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, que hace un seguimiento permanente de los centros de menores infractores para garantizar su correcto funcionamiento de acuerdo con la normativa vigente, ha manifestado, a preguntas de Público, que tiene “una posición clara con independencia de quién ejerce las competencias” en esta materia en la Junta. “Velaremos por el cumplimiento de la legalidad y por la defensa y garantía de los derechos de las personas menores de edad. En materia de justicia juvenil venimos desarrollando desde hace años numerosas actuaciones sobre los centros de internamiento y seguiremos supervisando su funcionamiento y formulando las recomendaciones que sean necesarias para garantizar una atención adecuada a los menores”, ha subrayado el órgano integrado en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

La defensoría del menor advierte de que su prioridad es que el modelo de justicia juvenil mantenga siempre una finalidad educativa y de reinserción social. “Por eso añade hemos insistido especialmente en reforzar la formación y la capacitación profesional de estos jóvenes, en mejorar la atención sanitaria y de salud mental y en proporcionarles herramientas que faciliten su reeducación y su incorporación a la sociedad. La respuesta ante una conducta delictiva debe contemplar las medidas que correspondan, pero sin perder nunca ese objetivo educativo, de prevención y de reinserción que inspira nuestro sistema de responsabilidad penal de los menores”.

En una de sus últimas intervenciones de oficio, el Defensor del Pueblo Andaluz ha investigado unas posibles deficiencias en los sistemas de videovigilancia y otros aspectos del funcionamiento del centro de internamiento de menores infractores de El Puerto de Santa María, una queja en la que requirió a la Junta una visita al centro para verificar las anomalías detectadas y entrevistar a algunos internos.

Este periódico ha preguntado a dos de las entidades que gestionan más centros de menores infractores en Andalucía, Fundación Diagrama y Asociación Meridianos, por los posibles efectos en el sistema de justicia juvenil tras haber asumido Vox las competencias en la Junta, pero ambas organizaciones han declinado responder.

“¿Qué piensan hacer con estos menores?”
Una de las asociaciones más veteranas que trabajan en el campo de la migración en la comunidad andaluza, Sevilla Acoge, sí ha contestado a Público, en cambio, advirtiendo a Vox de que en el ejercicio del gobierno debe cumplir en todo momento lo que marca la ley, aunque tenga un discurso político marcadamente en contra de los menores extranjeros.

“¿Qué piensan hacer con estos menores, tanto los que están acogidos en centros como los que están por delitos?”, se pregunta el presidente de Sevilla Acoge, Omar El Hartiti, quien añade: “Hay unos reglamentos que cumplir, hay un proceso para devolverlos a su país. ¿Qué piensan hacer? No pueden sacarlos de los centros así como así. ¿Qué piensan hacer? ¿Mandarlos a Guantánamo? Hacer ruido es una cosa y gestionar los problemas, otra. Hay que respetar la ley y si no estás de acuerdo con ella, tendrás que cambiarla”.

Según Hartiti, la situación de la población migrante es dramática tras los sucesos ocurridos en Ceuta, porque se están violando los derechos humanos a un lado y otro de la frontera con Marruecos. “Se ha perdido el norte. Los migrantes tienen unos derechos que España y Marruecos deben respetar recalca el presidente de Sevilla Acoge. No se puede convertir la situación de los migrantes en un partido de fútbol del Mundial que se sigue por televisión”.

La asociación de Jueces para la Democracia también está preocupada por las consecuencias de que una formación política como Vox haya asumido las competencias de justicia juvenil en Andalucía, la comunidad más poblada de España. En julio, esta organización ya emitió un comunicado advirtiendo de “un retroceso en los derechos para colectivos especialmente vulnerables” a causa del acuerdo de gobierno firmado por PP y el partido de ultraderecha.

El magistrado Edmundo Rodríguez, portavoz de esta asociación, estima que el futuro de la justicia juvenil en Andalucía “es poco halagüeño” tras el acuerdo de gobierno, cuando se trata del sistema de administración judicial más eficaz con diferencia, con un índice de reinserción que llega al 90%. “Cuando algo está funcionando muy bien, que se vea afectado por prejuicios ideológicos que carecen de rigor científico pues es penoso, que sea gestionado ahora por un partido que no se cree esto”, dice a Público.

Jueces para la Democracia considera que Moreno Bonilla tiene “toda la responsabilidad” de haber metido en el gobierno a un partido que considera peligrosas a unas personas por el mero hecho de ser extranjeras y que, como tal, las va a tratar, aunque sean menores de edad. Esa discriminación, según Edmundo Rodríguez, ya se ha dado en Aragón, donde su consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de Vox, ha suprimido únicamente a los menores extranjeros la paga de 17 euros semanales que se concede para sus gastos a todos los menores tutelados en el sistema de protección aragonés, una decisión que el Ministerio de Infancia anunció que recurriría ante la fiscalía por discriminación por razón de nacimiento y origen.

La organización progresista de jueces ya mostró una “honda preocupación” por las consecuencias del acuerdo de PP y Vox sobre otros aspectos relacionados con la migración y la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia machista, que “se apartan de la Constitución Española y de la normativa nacional e internacional aplicable”.

La organización de protección de la infancia Save the Children ha advertido igualmente en sus informes de que los dirigentes de Andalucía deben acometer “una gobernanza responsable de las migraciones” con los menores de edad y cumplir los estándares internacionales sobre derechos de la infancia, especialmente de quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Y al respecto ha señalado que en la comunidad andaluza tan solo el 0,5% de los adolescentes migrantes que han sido acogidos por el sistema de protección desde 2015 ha tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito.

Justo un día antes de la firma del acuerdo con Vox, estando la Junta en funciones, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un aumento del presupuesto para financiar los centros de menores infractores, a quienes se dotó con 317 millones de euros más hasta 2030. En la justificación del acuerdo se explica que la gestión de los centros de internamiento se lleva a cabo a través de 13 contratos administrativos de servicios formalizados con entidades especializadas, 11 de los cuales finalizan el próximo 31 de diciembre y requieren nuevas licitaciones. Además, se especifica que los contratos de los Grupos Educativos de Convivencia estaban prorrogados hasta el pasado 30 de junio y para darles continuidad se necesitaba un nuevo contrato con nuevas necesidades de crédito, con incrementos de coste de personal e impacto de la inflación en bienes corrientes en ambos casos.