La excepcionalidad en la que desde hace más de un mes viven los ceutíes es una anomalía inaceptable y exige un compromiso pleno del Estado para restablecer de forma duradera la confianza. La irrupción de cerca de 80.000 inmigrantes en Ceuta a finales de julio no solo provocó una crisis geopolítica, humanitaria y política pendiente aún de resolver. También dejó a la población con una inaceptable sensación de desamparo, miles de inmigrantes en situación precaria y un vecino, Marruecos, que no esconde su voluntad de hacerse con este territorio de la Unión Europea. En nada han ayudado la reacción tardía de las autoridades ni la discordia partidista. La respuesta del Gobierno, de los partidos y de las instituciones –el Estado con toda su fuerza y capacidad de movilización– no puede demorarse más.

La crisis en Ceuta ha expuesto disfunciones en las estructuras del Estado: desde las divergencias entre dos ministerios de envergadura como Defensa e Interior hasta el choque de versiones entre la policía y sus superiores en el Gobierno, o la extemporánea intervención de una jueza para impedir que los agentes policiales informaran a sus mandos. De todo ello tuvo que responder este jueves Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados. El presidente argumentó que ningún servicio de inteligencia alertó de la dimensión de lo que se avecinaba y anunció que publicará los informes elaborados esos días. Aunque reiteró el propósito de mantener la prudencia ante Marruecos por la falta de evidencias sobre su implicación, señaló que el 30 de julio la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera y reveló que el Gobierno español llamó el 21 de agosto a la embajadora tras la reivindicación de Ceuta y Melilla que habían hecho dos ministros marroquíes. Sánchez prometió una mayor contundencia si se demuestra la implicación marroquí en la crisis del 30 de julio.

Las explicaciones apuntan a una línea que el Gobierno está obligado a profundizar, y es la redefinición de las relaciones con Marruecos. La colaboración entre vecinos para asegurar la estabilidad en las fronteras compartidas es imprescindible entre países amigos, como es supuestamente el caso. Pero esa confianza y esa relación afianzada después de múltiples cesiones a Rabat —la última fue el apoyo a su plan para el Sáhara— se han revelado del todo insuficientes. España y la UE deben abordar conjuntamente, y sin las divisiones de estas semanas, un fortalecimiento permanente de la frontera que se ha visto sacudida este verano. La soberanía europea también se juega en las playas ceutíes.

Pero la crisis no es solo geopolítica, sino también humanitaria, y en ambos planos urge actuar. En el primero, mediante una labor diplomática y estratégica para restablecer la unidad europea ante el desafío, además de la necesaria gestión ante Marruecos para evitar sucesos parecidos. En el segundo, con el despliegue sin demora del personal y recursos suficientes para atender y gestionar, con un respeto escrupuloso de los derechos humanos, cada uno de los casos de los migrantes que vagan por las calles y playas ceutíes o de los centros ya habilitados. Dificulta este objetivo la falta de solidaridad de las comunidades autónomas que rechazan recibir a los menores vulnerables como dispone la ley, y contradice las proclamas de solidaridad con Ceuta. Las críticas del principal partido del Congreso, el Partido Popular, son comprensibles, pero no las grotescas amenazas de cárcel por parte de la derecha y la extrema derecha ni las acusaciones de chantaje que la oposición atribuye sin pruebas a Sánchez por la información que Marruecos pudo obtener al penetrar en su teléfono.

Si lo sucedido fue un ataque híbrido contra la frontera que tenía el objetivo de debilitar a España y sembrar la discordia civil e institucional, es esencial que ninguno de los protagonistas del mapa político se convierta en cómplice de esta execrable misión. Por eso el Estado debe sobreponerse de inmediato y demostrar la fortaleza de sus instituciones. Es una misión que atañe a todos, Gobierno y oposición. Y es lo mínimo que merecen Ceuta y los ceutíes. Un viaje del rey Felipe VI, cuando la situación quede estabilizada, contribuirá decisivamente a este objetivo y, sobre todo, a arropar a unos ciudadanos que nunca debieron sentirse abandonados en pleno territorio español.