Pedro Sánchez reconoce que durante las horas más críticas de lo que él mismo llamó «ataque a la integridad territorial» española en Ceuta, el pasado 30 y 31 de julio la gendarmería marroquí «permitió» el cruce masivo de la frontera, pero insiste en que atribuir al país vecino la organización de la mayor crisis migratoria conocida en España hasta la fecha, con la entrada repentina e ilegal de en torno a 70.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes, sería imprudente. En su comparecencia ante el Congreso, tras un mes en el que la situación sigue lejos de normalizarse en la ciudad autónoma, y concluido su descanso estival, Sánchez esgrimió este jueves que «ni el CNI, ni la Policía Nacional, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional han entregado al Ejecutivo evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio». «Ninguna», insistió.

El Ejecutivo es consciente de que las dudas sobre el papel de Mohamed VI en lo sucedido están instaladas entre los grupos parlamentarios, en sus propias filas y en la opinión pública. La revelación, el miércoles, de un informe del CENIF, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que apunta a que gendarmes marroquíes «guiaron» de manera activa a personas hacia la frontera han acrecentado estas sospechas y la oposición no duda en insinuar que, tras la negativa de Sánchez de hacer el mínimo reproche al país vecino, se esconde el temor a que Marruecos pueda hacer uso de la información delicada que supuestamente guarda tras haber ‘hackeado’ el teléfono del presidente entre octubre de 2020 y noviembre de 2021 con el software Pegasus.

Sánchez aseguró, sin embargo, que no le atenaza miedo alguno y blandió la posición crítica que le ha valido el reconocimiento de `némesis’ de Donald Trump en el ámbito internacional como prueba de que no se deja arredrar ante poderes extranjeros. Es más, en un intento de rebatir la acusación de sumisión a Marruecos que durante todo el debate le recriminaron tanto las fuerzas de la derecha como las de la izquierda, afirmó que si de las investigaciones en marcha se dilucida que sí hubo implicación marroquí, actuará «con contundencia», pero aunque reconoció que pueda haber algunos «indicios» reiteró que aún no hay razones para hacer un señalamiento directo. Y de paso dejó traslucir los resquemores del Gobierno hacia la jueza que encargó informe del CENIF y hacia el propio cuerpo policial «Tenemos que entender por qué no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía o al Ministerio del Interior. Y por qué no compartió con sus superiores y con el Gobierno el contenido de un informe que le había encargado una jueza y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado», dijo.

El jefe del Ejecutivo adujo que, de momento, su obligación es actuar con «rigor» e información «sólida» y, tirando de manual, arguyó que no puede hacer como el PP, que metió a España en la guerra de Irak sin pruebas de que tuviera armas de destrucción masiva. También desveló, de nuevo para tratar de probar que no cede a «chantajes» sino que es «prudente e inteligente», que el pasado 21 de agosto se convocó a la embajadora de Marruecos tras las declaraciones de dos ministros del país vecino sobre la soberanía de Ceuta y Melilla; algo que no había trascendido. Y, si hasta ahora se había limitado a ensalzar la colaboración de las autoridades marroquíes en las labores de retorno de inmigrantes, en esta ocasión admitió que hay que revisar «los mecanismos de coordinación y alerta que compartimos» y «construir garantías adicionales para que la situación vivida el día 30 no vuelva a producirse». «Queremos tener una relación de buena vecindad con Marruecos. Pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser distinta», asumió.

En su intervención, Sánchez se esforzó además en negar que el Gobierno dispusiera de información que hubiera permitido prevenir o evitar lo ocurrido y afirmó que está dispuesto a probarlo con la publicación de «un dossier» de todos los informes que estuvieron a disposición del Ejecutivo las semanas previas. Frente a las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en sede parlamentaria habló de los avisos del CNI, y este jueves adoptó una actitud un tanto distante, el presidente esgrimió que en ningún caso ni los servicios de inteligencia, ni la Policía ni las autoridades ceutíes fueron capaces de detectar la magnitud de lo que se venía, un ‘tsunami’ que esta vez no atribuyó directamente a las mafias, como hizo el 31 de julio, ni a las maniobras de Rusia e Israel, como el pasado lunes, sino a «un fenómeno con muchas causas y actores que se retroalimentaron entre sí».

Aunque no dudó en calificar de «ataque híbrido» lo ocurrido, el presidente alegó que eso no significa que su autor sea un «actor estatal» e insistió en que el «detonante informativo» fue la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que rechazó devoluciones en caliente a quienes sean interceptados en el mar al no existir una una frontera física equiparable a la de un cruce terrestre. Una sentencia, dijo, «tergiversada progresivamente» en redes sociales bajo los bulos de que la frontera estaba abierta y de que quien entrara a nado no podría ser devuelto. Ese mensaje saltó a los sistemas de mensajería, pero esta vez Sánchez reconoció que los análisis no han podido determinar que detrás hubiera perfiles asociados ni a movimientos de protesta marroquíes o a los Estados de Marruecos ni a Rusia o Israel. «De momento, nuestros servicios de inteligencia lo descartan», dijo.

«Sí parece que, a partir del mediodía del 30 de julio, se sumaron a ellas numerosas campañas de desinformación que amplificaron la crisis con imágenes falsas y testimonios tergiversados. Y a las que se sumaron también algunos referentes de la ultraderecha internacional y –lamento tener que decirlo– de la ultraderecha española, que aprovecharon la tragedia para azuzar el miedo y el odio, caracterizados por su patrioterismo traído», reprochó. Aun así, remarcó que aunque esas actuaciones combinadas sirvieron para «acelerar» el «deseo de emigrar» alimentado por «la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades», es hoy por hoy «imposible» decir si una de ellas «habría provocado por sí sola esta crisis».

No hubo en la comparecencia del presidente petición de perdón por una gestión que no solo la derecha sino también sus propios socios de investidura consideran deficiente. Sus esfuerzos estuvieron destinados a reivindicar todo lo hecho. Defendió incluso que la decisión de declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional y constituir un mando único se pospusiera hasta el pasado 25 de agosto. Pero lo que sí hubo fue un tono distinto al de la entrevista del pasado lunes en la Ser y al de su discurso en Ceuta de final de julio. Primero, porque esta vez sí hizo alusión a las personas fallecidas, pero también porque se esmeró en mostrar empatía hacia los propios ceutíes a los que incluso se dirigió expresamente. «Soy consciente de que estáis viviendo momentos muy difíciles. Que habéis pasado miedo y angustia y que os cuesta llevar una vida normal. Y sé que, hasta ahora, la respuesta que hemos dado las administraciones públicas no ha sido suficiente. Nunca será suficiente hasta que no se recupere la normalidad», reconoció.

El jefe del Ejecutivo, que elogió la «solidaridad» del pueblo ceutí con los migrantes, llegó a prometer revertir lo que tildó de «falta de ambición» mostrada por España en 1986 con la entrada de España en la UE y pelear porque Ceuta y Melilla se integren en la Unión Aduanera con un régimen fiscal favorable, como Canarias; se les reconozca el estatus de ciudad ultraperiférica y tengan una silla permanente en el Comité de las Regiones.

En pleno cruce de reproches de socios europeos, Sánchez defendió que lo ocurrido no cuestiona su modelo migratorio. «Al contrario, demuestra que el modelo que teníamos hasta 2018, el que aún arrastra a buena parte de Europa, hace aguas», dijo incluso. «Tenemos que reforzar la frontera y la cooperación con Marruecos, pero también dar una alternativa legal y real a quinees quieren venir a nuestro país, y ayudar al desarrollo de África A base de cerrar las agencias de cooperación, como hacen PP y Vox allí donde gobiernan, no vamos a reducir la presión migratoria. La vamos a incrementar», defendió.