Falta de contundencia en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Esta es una de las principales críticas que los socios de investidura han lanzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las fuerzas a la izquierda del PSOE coinciden en que Moncloa debe romper de inmediato la «política de apaciguamiento» con Rabat, señalan a Marruecos como responsable directo de la presión fronteriza registrada a finales de julio y exigen agilizar el traslado a la Península de las personas retenidas en la ciudad autónoma, asumiendo el posible choque institucional con la Unión Europea. Todo ello sin perder de vista a PP y Vox, a quienes acusaron de azuzar el racismo y alentar comportamientos violentos – como el destrozo de los campamentos improvisados que los migrantes sin plaza en centros de acogida construyeron en las playas ceutíes.

Lejos de tratarse de reproches aislados, las intervenciones en el Congreso ante la primera comparecencia del presidente del Gobierno tras el verano trazaron una enmienda en cadena al modo en que el Ejecutivo ha gestionado la situación. Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, abrió la brecha al denunciar que el Gobierno ha actuado «tarde» al confiar el grueso de la solución a unos «retornos voluntarios». Una medida que consideran absurda dado que las miles de personas que siguen en Ceuta carecen de un lugar al que volver. Esta misma inercia fue cuestionada por Aina Vidal, también de la coalición de Sumar, para quien «se han cruzado demasiados límites» en una crisis «brutal» que la ciudad autónoma no puede seguir sosteniendo en solitario.

Ambos dirigentes coincidieron en la urgencia de descongestionar la zona mediante el reparto peninsular de adultos y menores, apelando a que el PSOE debe activarlas en el caso de los adultos, aunque Sánchez mantiene que no habrá ningún traslado hasta que se hayan tramitado los expedientes, y al PP para que las comunidades en las que gobierna dejen de plegarse a las exigencias de Vox y asuman su cuota de responsabilidad en la acogida, sobre todo en lo que respecta a los menores no acompañados. Fuentes de Sumar lamentaban, además, que la comparecencia de Sánchez no haya ofrecido las soluciones requeridas tras haber convertido a Ceuta en el «patio trasero» de Bruselas por la externalización de fronteras y la decisión de querer mantener a los migrantes en los nuevos centros de acogida hasta que los servicios de Extranjería determinen el futuro de cada uno de ellos. Una sensación de «descontrol» y de haber llegado «tarde y mal» en la que también coincidieron Néstor Rego (BNG) y Águeda Micó (Compromís), mientras que Mertxe Aizpurua (EH Bildu) afeó a Sánchez que el Gobierno «no ha estado a la altura» ante una triple crisis —humanitaria, social y diplomática— que un mes después sigue sin resolverse.

Sin embargo, el diagnóstico sobre la parálisis del Gobierno fue un paso más allá al abordar la vertiente geopolítica. Tras sumarse a las peticiones de celeridad para atender y proteger a los migrantes «se llamen como se llamen», el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, puso el foco en la actitud «pusilánime» de Sánchez frente a Rabat. Para el republicano, resulta incomprensible el perfil bajo del Ejecutivo después de que los informes de la Policía ya en custodia de la Audiencia Nacional constataran que agentes marroquíes guiaron las entradas masivas a finales de julio, en lo que calificó como un intento deliberado de Marruecos por «cargarse al Gobierno de España con la colaboración de Washington, Israel y la extrema derecha».

A juicio de Rufián, la falta de transparencia del PSOE en sus relaciones con Rabat amenaza con pasarle factura al Ejecutivo, pues «los Gobiernos no se pierden por errar, sino por mentir», en un paralelismo, también lanzado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con la gestión de la narrativa del PP tras el 11 – M. La misma línea argumental siguió la portavoz de Podemos al tildar a Marruecos de «régimen totalitario» y reprochar al presidente su «claudicación» ante Mohammed VI por intereses geoestratégicos, insistiendo en la idea de que el Gobierno debe romper relaciones diplomáticas con Rabat «hasta que deje de usar a las personas como arma arrojadiza». También lo mantuvo Aizpirua, quien advirtió de que «nadie es tan ingenuo» como para creer que las entradas fueron espontáneas, exigiendo al presidente «recalibrar» su posición hacia Rabat y rectificar el giro sobre el Sahara.

Más allá del reproche directo al presidente del Gobierno, los socios cerraron filas para cargar con dureza contra la posición adoptada por el PP y Vox. Todos ellos coincidieron en que tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal están instrumentalizando la crisis de Ceuta de manera «irresponsable» con el único fin de desgastar al Ejecutivo y proclamar eslóganes «racistas». Los portavoces afearon a los populares su falta de patriotismo al «aprovechar el fuego de Vox para rascar cuatro votos», recordando la paradoja de que los mismos partidos que ahora apelan a la soberanía nacional votaron en su momento a favor de la externalización del control fronterizo a Rabat.

El uso reiterado del concepto de «invasión» por parte de PP y Vox se convirtió en el principal blanco de las réplicas. Aina Vidal no dudó en tildar a los grupos de la oposición de «panda de pirómanos y divulgadores de odio», denunciando que calificar de «soldados o invasores» a miles de personas vulnerables es una táctica deliberada para deshumanizarlas y justificar medidas ilegales, como las devoluciones masivas sin garantías procesales. En los mismos términos se expresó Gabriel Rufián, quien recordó con ironía que quienes hoy agitan discursos belicistas y reclaman una respuesta militar son los mismos que pidieron prórrogas para evitar el servicio militar, advirtiendo de las peligrosas consecuencias sociales que desencadena este tipo de retórica cuando cala en la calle. También Ione Belarra, que dijo que «personas con chanclas durmiendo en la playa no son una amenaza».

Los socios también centraron sus discursos en el bloqueo de las comunidades del PP respecto al reparto territorial de los menores no acompañados. Enrique Santiago tildó de «mentira» las soluciones planteadas por PP y Vox para Ceuta – de querer devolver a todos los migrantes de golpe – y acusó al gobierno regional de la ciudad, dirigido por el popular Juan Jesús Vivas, de retrasar la cesión de espacios de acogida en detrimento de la convivencia social. Asimismo, Ione Belarra encuadró la actitud de la oposición en un «racismo explícito» que confunde la seguridad nacional con la xenofobia, rematando que «a Feijóo y a Abascal les importan Ceuta y sus vecinos exactamente lo mismo que a Mohamed VI los ciudadanos marroquíes».