En los últimos días, los acontecimientos ocurridos en Ceuta han vuelto a colocar la gestión migratoria en el centro del huracán político. En el Estado español, el debate en torno a las fronteras no es un asunto menor; se ha convertido en el eje que vertebra las campañas electorales y en el factor determinante que arrastra el voto de la ciudadanía. La crispación social crece al mismo ritmo que los discursos del miedo. Gran parte de la población, asfixiada por la incertidumbre, atribuye la inseguridad y la saturación de los servicios públicos a los recién llegados. Existe un sector que se siente abandonado por su Ejecutivo al permitir que entren a su territorio personas sin control ni permiso, llegando a experimentar la amarga sensación de verse desplazados de su propia casa, de su espacio público. Este fenómeno no es aislado: está empujando a gobiernos de toda Europa, y del mundo, hacia los brazos de la extrema derecha.

Sin embargo, el dato más alarmante de esta crisis global no se encuentra en el Viejo Continente. A miles de kilómetros de distancia, un eco idéntico y preocupante resuena en Sudáfrica. El país que asombró al mundo por su capacidad para convivir y desmantelar el racismo estructural bajo el liderazgo de Nelson Mandela vive hoy una realidad desgarradora. En las calles de Johannesburgo o Ciudad del Cabo se registran persecuciones contra inmigrantes africanos ejecutadas con una crueldad vergonzosa.

La hostilidad en Sudáfrica devela una verdad incómoda: una lucha descarnada de pobres contra pobres. Desde que ‘Madiba’ dejó la presidencia en 1999, las promesas de prosperidad se diluyeron. Millones de sudafricanos negros siguen atrapados en un segundo plano. Sobreviven en condiciones precarias –sin vivienda digna, sin empleo estable y sin acceso básico a la salud o a la educación– y se ven obligados a competir por recursos mínimos con otros ciudadanos africanos. Lo verdaderamente paradójico es comprobar cómo el discurso del ciudadano sudafricano excluido mimetiza con exactitud el argumentario de la extrema derecha blanca europea. En ambos extremos del mapa se culpa de todos los males a quien viene de fuera. Se busca un chivo expiatorio antes que practicar la autocrítica o revisar el impacto de las políticas internacionales y de las propias políticas públicas internas.

¿Por qué emigra la gente? ¿Por qué elige un destino concreto? Responder a estas preguntas exige asumir que ningún ser humano abandona sus raíces por capricho y que nadie llega a un lugar sin un propósito concreto. Las migraciones son una constante en la historia de la humanidad: siempre se han dado porque el ser humano tiene la necesidad de mejorar su vida, proteger su integridad y aportar a la sociedad de llegada. Gestionar de forma eficaz y, sobre todo, humana estos flujos migratorios es fundamental.

Garantizar que la movilidad humana se realice desde la dignidad requiere un cambio de enfoque radical. Las personas migrantes no son delincuentes; si bien algunos delincuentes se cuelan entre ellas, es contra esos elementos contra quienes hay que actuar, aquí o allá, no sobre el que lucha por construir una vida digna. Por ello, no cabe criminalizar a las personas. Es imprescindible revisar las relaciones internacionales y los equilibrios geopolíticos que empobrecen a las naciones emisoras. En lugar de levantar muros, la comunidad internacional debería incentivar el codesarrollo para flexibilizar las exigencias de visados en condiciones de igualdad y dignidad. Si estoy bien en mi tierra, si mi gobierno me protege y respeta mi dignidad, no tengo por qué marcharme si no quiero. Es fundamental ir a la raíz del problema para no seguir viendo cómo los pueblos se fracturan. El camino hacia adelante nos lo recordó Mahatma Gandhi con una máxima que hoy se hace más necesaria que nunca: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.

Trabajadora social, doctorada en Administración y Política Pública por EHU y activista por los Derechos Humanos