Giro radical y tormenta perfecta en la crisis de Ceuta. La tesis oficial mantenida por Moncloa saltó ayer por los aires tras conocerse un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que atribuye de forma directa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la organización y ejecución de la entrada masiva de unas 80.000 personas en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. Esta conclusión policial, ya en manos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía, choca frontalmente con la gestión de la emergencia por parte de Moncloa y ha desencadenado un sismo en el Ministerio del Interior.

Visiblemente molesto y exigiendo explicaciones urgentes, el ministro Fernando Grande – Marlaska reclamó la madrugada del jueves por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, que verifique la veracidad del documento de inteligencia, aclarando desde cuándo se disponía de esta información y por qué no fue remitida de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional tras la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional el pasado 25 de agosto.

La respuesta de Pardo trascendió a primera hora de la tarde, cuando el Ministerio del Interior salió al paso para exponer sus argumentos y minizar el alcance del informe. Según fuentes del departamento de Marlaska, la magistrada de la Audiencia Nacional que instruye la causa penal ordenó expresamente a los investigadores no facilitar a sus superiores ninguna información sobre la elaboración ni el contenido de sus pesquisas, lo que impidió que la Dirección General tuviese conocimiento previo del expediente.

Asimismo, tras autorizar este miércoles la jueza el acceso de los mandos policiales a la documentación, «el director general de la Policía solicitó análisis de urgencia a las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras». Con esos análisis sobre la mesa, según el relato de Interior, Pardo comunicó formalmente a Marlaska que no existe conclusión alguna que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o la ejecución de los acontecimientos vividos los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.

Por último, respecto a la comunicación remitida por el CENIF a los puestos fronterizos el 29 de julio, el jefe de la Policía aclara en su escrito de respuesta a Marlaska que se trató de una alerta de riesgo ordinaria y frecuente en la zona. Según la versión trasladada por Pardo a la cúpula del Ministerio, dicha nota de inteligencia no incluyó en ningún momento alusión ni previsión alguna sobre un intento de entrada masiva para el día siguiente.

No obstante, el análisis elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras arroja muchas dudas, de nuevo, sobre la versión de Moncloa. Este descarta que la crisis migratoria responda a una movilización espontánea articulada por mafias o convocatorias en redes sociales. Tampoco lo achaca a una posible influencia de Israel o Rusia, tal y como han apuntado desde el Ejecutivo hasta ahora. El CENIF concluye que el movimiento migratorio se utilizó como cobertura para una operación diseñada y coordinada con antelación desde el país vecino. Las investigaciones, fundamentadas en un exhaustivo material fotográfico, señalan que miembros de la Gendarmería marroquí orientaron y encauzaron a miles de personas concentradas en Castillejos hacia puntos estratégicos de paso como el espigón de El Tarajal.

Además, los analistas vinculan directamente esta operación con la histórica reivindicación soberanista marroquí sobre Ceuta y Melilla, calificándola como una maniobra de contrainteligencia ofensiva. Entre sus principales efectos, el documento sitúa el objetivo deliberado de cuestionar la capacidad de anticipación de las Fuerzas de Seguridad españolas y, especialmente, la eficacia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y como prueba del férreo control de Rabat sobre este tipo de movimientos, la Policía subraya que la posterior convocatoria del 15 de agosto fue completamente atajada y neutralizada por Marruecos, a diferencia del paso libre permitido los días 30 y 31 de julio.

El análisis del CENIF describe una cuidada logística por fases diseñada para doblegar la frontera. La operación arrancó con una primera oleada integrada por jóvenes de nacionalidad marroquí equipados con trajes de neopreno, aletas y flotadores. Este primer contingente, altamente preparado para cruzar a nado, tenía como misión principal desbordar los dispositivos de contención en El Tarajal, provocar el agotamiento de los efectivos españoles y colapsar por completo la capacidad de respuesta operativa.

Una vez logrado el colapso del perímetro fronterizo, la Policía sitúa una segunda fase centrada en la entrada masiva de familias, mujeres, menores y personas de origen subsahariano. Según la hipótesis central del informe, el uso previo de la primera oleada como elemento de saturación buscaba neutralizar cualquier margen de reacción de las fuerzas españolas, facilitando así el acceso incontrolado de los colectivos más vulnerables ante los que la capacidad de contención o uso de la fuerza resultaba nula.

La documentación ha sido remitida al juzgado de la magistrada María Tardón en el marco de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional para determinar si existieron indicios de un delito contra la integridad del Estado. Las conclusiones del CENIF aportan argumentos jurídicos para que se profundice en la investigación, al tiempo que ponen en entredicho el relato oficial y la política exterior mantenida por el Ejecutivo en relación con Rabat.

La crisis, de consecuencias aún impredecibles, ha abierto una brecha entre las actuaciones de la policía judicial y la línea diplomática fijada por Moncloa, además de ensanchar la grieta entre Sánchez y la oposición. Todo ello a las puertas de una cita parlamentaria decisiva: la comparecencia este jueves en el Congreso, donde las conclusiones de la Policía amenazan con desarmar por completo la versión que el Gobierno ha defendido hasta la fecha.