El partido Iustitia Europa, liderado por Luis María Pardo, ha solicitado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón la adopción de medidas de protección a favor de los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) encargados de las pesquisas sobre la avalancha de migrantes a Ceuta a finales de julio. La formación reclama este blindaje para todos los funcionarios que participaron en las tareas de «investigación, elaboración, validación y remisión» del informe, en el cual se atribuye a Marruecos parte de la responsabilidad por la entrada de entre 70.000 y 80.000 personas en la ciudad autónoma.

Las conclusiones del atestado policial, incorporadas ya al procedimiento tras decretarse como diligencia por la propia magistrada instructora, descartan que la llegada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta fuera un fenómeno espontáneo. Señalan, de hecho, la implicación activa de efectivos marroquíes, los cuales habrían guiado a miles de personas para facilitar su travesía por vía marítima hasta el territorio español.

El procedimiento, iniciado el pasado 3 de agosto, tiene su origen en la denuncia inicial presentada por la acusación que ejerce Iustitia Europa. En dicho escrito se solicitaba la apertura de diligencias para determinar la posible comisión de delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la nación, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, pertenencia a organización criminal y la omisión del deber de perseguir delitos.

La petición de garantías para los investigadores surge a raíz de las actuaciones del Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande – Marlaska, tras la remisión de una carta oficial al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, exigiendo la notificación del contenido del documento. Dado que los trabajos de los agentes se ejecutaron en cumplimiento directo de una orden judicial dictada por la jueza Tardón, la representación legal sostiene que el personal actuó bajo la estricta dependencia funcional de la autoridad judicial en calidad de Policía Judicial. Por este motivo, la formación ha solicitado a la magistrada que cualquier acción disciplinaria o medida de represalia que pudieran sufrir estos funcionarios sea comunicada de manera inmediata al juzgado para instar las responsabilidades jurídicas correspondientes.