Las situaciones más desesperadas sirven también en ocasiones de escaparate a los comportamientos más viles y mezquinos. Se acaba de comprobar de nuevo en Ceuta, donde la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), dependiente de la Policía Nacional, ha detenido a dos personas en el marco de la operación SENEN por haber alquilado un garaje a un grupo de ocho inmigrantes, a los que cobraban hasta 900 euros al mes, dándoles pie además a pensar que iban a dar el salto a la Península, declararon algunos de ellos. Los dos arrestados han reconocido los hechos y sido condenados.

La actuación tuvo lugar en la urbanización Mirasol, ubicada en la Avenida de Reyes Católicos, al sur de la ciudad autónoma y próximo al centro educativo de Infantil y Primaria Federico García Lorca. Uno de los condenados, vecino de Ceuta, deberá responder por un delito contra ciudadanos extranjeros y otro de amenazas; el primer delito lleva aparejado una sentencia de nueve meses de prisión y seis el segundo. El culpable no entrará, sin embargo, en prisión: la pena ha quedado suspendida durante cinco años, periodo en el que deberá no volver a delinquir para seguir en la calle. El segundo condenado, de nacionalidad marroquí, ha sido expulsado a su país y no podrá regresar a España durante cinco años.

Las alarmas se activaron tras recibirse la denuncia de varios vecinos, que alertaban de la presencia constante de migrantes en las zonas de aparcamiento comunitarias. Lo que al principio parecía un problema más de convivencia en una ciudad donde esta lleva semanas reventando las costuras, no tardó en revelarse como una actividad organizada para alojar y organizar el tráfico ilegal de personas. Según el atestado al que ha tenido acceso ‘El Faro de Ceuta’, los investigadores recibieron informes que alertaban de posibles pagos realizados por los indocumentados en busca de refugio. Una actividad severamente perseguida, como lo es también alojar a estas personas con la promesa de empadronamiento, dando lugar a todo tipo de abusos, sobre todo entre mujeres, como advierten residentes de la vecina barriada de El Príncipe.

El objetivo de la Policía Nacional era identificar a quienes controlaban el alojamiento ilegal, determinar las condiciones en que se encontraban los inquilinos ilegales y tratar de averiguar si detrás de esta práctica existía una operación concebida y ejecutada con el propósito último de lograr el salto clandestino de estos migrantes a la Península, extremo este que algunas de los pagadores confesaron tras prestar declaración en comisaría. Ocho migrantes fueron hallados en el interior de los garajes, aunque las mismas fuentes apuntaron que habrían pernoctado allí una veintena de personas. Siempre según su relato, los migrantes contactaron con gente que les habría pedido 6.000 euros por cruzar el Estrecho, cantidad que no incluía los 900 que se llegaron a pagar por hallar refugio en el aparcamiento.

Las detenciones se remontan al domingo y a ayer lunes, después de que la Policía Nacional realizara reconocimientos fotográficos y desplegara un arduo dispositivo de vigilancia. En el operativo habría jugado un papel clave el testimonio de dos mujeres que identificaron a uno de los artífices de la trama, encargado de controlar las entradas y salidas y de asegurar los suministros de comida y agua. Ambas afirmaron haber sufrido múltiples coacciones y estar amenazadas por revelar lo ocurrido. Uno de los arrestados lo habría sido por gestionar el alojamiento y cobrar por él, mientras que su cómplice habría actuado de intermediario y estaría a cargo de captar a los migrantes. El circuito de cobros llegaba hasta Castillejos, al otro lado de la frontera.