Confieso que estoy viviendo estos días con una mezcla de preocupación, tristeza e indignación.

Preocupación por lo que está ocurriendo en Ceuta. Tristeza por la situación en la que se encuentran cientos de niños y niñas que están solas. E indignación porque, una vez más, estamos asistiendo a cómo una crisis migratoria de enorme gravedad acaba convertida en un campo de batalla política.

Y por eso creo que debemos detenernos un momento y preguntarnos porqué nos estamos deshumanizando.

Porque detrás de las cifras que estos días manejamos hay personas. Hay niñas y niños que han llegado solos, enfrentándose a una situación de extrema vulnerabilidad, sin una familia que pueda protegerlos. Y, entre ellos, cientos de niñas especialmente expuestas a sufrir violencia, abusos, explotación o trata.

Ante esto, me resulta imposible mirar hacia otro lado.

Y también me resulta imposible aceptar que hablar de protección de la infancia, de solidaridad o de derechos humanos se convierta en una cuestión partidista.

Hay situaciones ante las que no basta con escoger un lado. Hay que escoger una forma de actuar. Y lo que está ocurriendo en Ceuta nos obliga, como sociedad y como instituciones, a decidir si queremos responder desde la solidaridad, la responsabilidad y la humanidad o desde la confrontación política.

Pero nuestra solidaridad no puede limitarse a una declaración o a una concentración puntual. Tiene que traducirse en hechos, en recursos y en cooperación entre administraciones. Y, sobre todo, tiene que prestar una atención prioritaria a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: las niñas, niños y adolescentes que están solos.

Porque proteger a la infancia no es una cuestión de origen, ni de fronteras ni de ideología; es una cuestión de humanidad.

La situación de Ceuta es extraordinariamente compleja. La llegada masiva de personas ha tensionado los servicios de la ciudad y, de manera muy especial, su sistema de protección a la infancia. Por eso se ha aprobado una ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención y dar respuesta a sus necesidades. Pero el dinero, siendo imprescindible, no resuelve por sí solo un desafío de esta magnitud.

Necesitamos coordinación entre las administraciones, información clara y recursos suficientes. Y necesitamos, sobre todo, que todas las comunidades autónomas asuman su responsabilidad y se impliquen en una respuesta compartida y solidaria.

No puedo entender que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular hayan rechazado incluso abordar la situación de los y las menores de Ceuta en los espacios de cooperación institucional.

Por el contrario, el Gobierno de Navarra ha reiterado su disposición a acoger a personas menores, cumplir las obligaciones legales y colaborar con el resto de las comunidades autónomas. Lo ha hecho desde la responsabilidad y desde la convicción de que, cuando hablamos de niños y niñas que necesitan protección, existe una obligación legal, pero también una obligación ética.

Y creo que esta distinción es fundamental.

Mientras Navarra ha defendido participar, escuchar, dialogar y buscar soluciones, otras administraciones han decidido no hacerlo. Y se equivocan. Porque la política consiste precisamente en sentarse con quien piensa diferente para intentar encontrar una solución cuando el problema es de todos y de todas.

Y si hay un ámbito en el que esto debería ser incuestionable es en la protección de la infancia. ¿Qué está ocurriendo para llegar a este punto de deshumanización?

Me preocupa profundamente comprobar cómo determinados discursos pretenden convertir a estos menores en cifras, etiquetas o amenazas. Que haya personas capaces de hablar de niños y niñas como si no lo fueran.

Pero me inquieta todavía más que, ante determinados mensajes de odio, muchas personas permanezcamos en silencio.

Y lo siento, pero no todo vale y no todas las opiniones son respetables. El racismo, la xenofobia y el odio hacia quien está en una situación de extrema vulnerabilidad no son opiniones que debamos aceptar ni normalizar. Son mensajes que debemos combatir desde la democracia, desde las instituciones y también desde nuestra propia responsabilidad como ciudadanos.

Claro que podemos debatir sobre inmigración y discutir sobre cómo deben organizarse los recursos, los retornos, la reunificación familiar o el reparto de responsabilidades entre administraciones. Lo que no podemos hacer es perder nuestra humanidad en el camino.

Porque la humanidad no puede depender de dónde haya nacido una persona. Y precisamente por eso creo que la respuesta política y ética a Ceuta debe ser otra.

Defender una política migratoria ordenada no está reñido con proteger a un niño. Al contrario, precisamente porque queremos que las políticas migratorias funcionen, deben desarrollarse dentro de la ley y de acuerdo a la Convención de los Derechos del niño.

Cualquier retorno debe estudiarse de manera individualizada y garantizar que la persona menor será recibida en un entorno seguro y protector. La reunificación familiar debe explorarse cuando sea posible, pero siempre atendiendo al interés superior del niño o la niña.

Me siento orgullosa de que Navarra vaya a cumplir la ley. Y va a cumplir también con algo que está por encima de cualquier cálculo político: nuestra obligación moral de ayudar.

Nuestra comunidad ha demostrado en muchas ocasiones que sabe ser solidaria. Ahora tenemos una nueva oportunidad para demostrarlo.

Por eso también creemos que la respuesta a Ceuta debe construirse desde la cooperación institucional. No compartimos que la Federación Española de Municipios y Provincias convierta una cuestión de esta trascendencia en una iniciativa unilateral sin el consenso de los grupos que representan al municipalismo español. La solidaridad de los ayuntamientos está fuera de toda duda; precisamente por eso debe estar acompañada de diálogo, acuerdo y lealtad institucional.

No necesitamos más muros entre territorios, entre administraciones o entre personas. Necesitamos puentes.

Entre Ceuta y el resto de España. Entre comunidades autónomas. Entre diferentes opciones políticas, como siempre se ha hecho. Y, sobre todo, puentes que permitan que ningún niño o niña que se encuentre sola quede abandonada a su suerte.

En momentos como este es cuando una sociedad demuestra quién es. Quizá hoy, más que nunca, como decía el otro día un ciudadano, reivindicar la humanidad sea también un acto de rebeldía.

Navarra estará del lado de la solidaridad, de la ley, de la infancia y de la humanidad.

Porque ayudar a Ceuta no es una cuestión de ideologías ni de “buenismos”.

Es una cuestión de país. Porque ante las fronteras, los desafíos migratorios y la vulnerabilidad de las personas, defender su dignidad no puede ser una opción: debe ser una prioridad.

Ahí es donde nos jugamos quiénes somos como sociedad. Ahí es donde marcamos la diferencia. Porque una sociedad se define, sobre todo, por cómo trata a quienes más lo necesitan.

La autora es secretaria de infancia del PSN – PSOE y portavoz de Derechos Sociales en el Parlamento de Navarra