El pasado 30 de julio, decenas de miles de personas, en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes, se lanzaron al mar y bordearon a nado los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú para alcanzar la ciudad autónoma española de Ceuta. En menos de 48 horas, unas 72.000 personas había entrado en un territorio de apenas 83.000 habitantes. Se contaron en torno a un centenar de ahogados. Las imágenes de multitudes nadando hacia suelo europeo dieron la vuelta al mundo. La crisis está lejos de solucionarse.

España reclamó una respuesta de la Unión Europea ante lo que algunos expertos identificaron como una maniobra de “guerra híbrida” orquestada por Marruecos con la anuencia de Estados Unidos y de Israel, que no perdonaban a Pedro Sánchez su apoyo a la causa del estado palestino. Madrid se abstuvo de acusar directamente a Marruecos, cuya embajada se limitó a culpar del cruce a las “mafias de tráfico de personas”.

Fuentes de los servicios de inteligencia españoles han relacionado también la oleada migratoria de Ceuta con la firma del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, firmado el 14 de julio, que conectaba el peñón con el espacio Schengen. Los sucesos en Ceuta ponían en duda la capacidad de España de gestionar esta frontera, situada en uno de los enclaves estratégicos más importantes del mundo, el estrecho de Gibraltar.

Cruzar una frontera europea significó en el pasado detenerse ante una barrera, mostrar el pasaporte y someterse a la inspección de policías y aduaneros. Hoy en día, estos lugares de paso son pura arqueología para los europeos. Así ocurre con la estación gerundense de Portbou, que miles de españoles cruzaron en su día con sus maletas de cartón en busca de un futuro mejor.

El 14 de junio de 1985, cinco países –Francia, la República Federal de Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo– firmaron un acuerdo para suprimir gradualmente los controles en sus fronteras comunes. El lugar elegido fue Schengen, una pequeña localidad luxemburguesa. Aunque el acuerdo se firmó inicialmente fuera del marco de la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam de 1997 incorporó las normas de Schengen al marco jurídico comunitario.

Hoy integran el espacio Schengen 29 países, incluidos cuatro no miembros de la Unión (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Desde el 1 de enero de 2025, Bulgaria y Rumanía entraron en el sistema Schengen. Chipre es un estado de la Unión, pero todavía no ha eliminado sus controles fronterizos interiores, e Irlanda se acoge a una cláusula de exclusión para no tener que instaurar dentro de la isla una frontera física con Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido.

El diseño institucional de Schengen encerraba una paradoja: suprimir los controles interiores exigía, como contrapartida, reforzar las fronteras exteriores y consensuar una forma de controlarlas entre todos los miembros de la UE. El control se desplazaba a los confines, especialmente a aquellos territorios a orillas del Mediterráneo o que limitaban con el espacio exsoviético.

Desde 1990, la responsabilidad del examen de solicitudes de asilo corresponde al primer país de entrada, por lo que el peso de la gestión fronteriza recae básicamente en los estados comunitarios del sur y del este. En suma, Schengen no abolió las fronteras, sino que las desplazó a los puntos calientes de la inmigración.

Geopolítica y tensiones mundiales se concentran en estas fronteras exteriores. Por ejemplo, la ubicación estratégica de España, como puerta sur de Europa, la sitúa en una de las fronteras más desiguales del mundo, y un punto clave de las rutas migratorias hacia Europa. El episodio de Ceuta pone de manifiesto tanto la constante presión migratoria como las tensiones territoriales entre Madrid y Rabat. Ya en 2021 se vivió una entrada masiva similar tras la decisión española de prestar atención médica por COVID – 19 al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

La “Europa libre de fronteras” partía de la premisa de que habría una mínima estabilidad geopolítica constante en la periferia europea. Pero los seísmos políticos del siglo XXI se encargaron de echar por tierra este optimismo. Los mecanismos de vigilancia de la frontera sur se reforzaron con la Primavera Árabe de 2011. La llegada de más de un millón de refugiados e inmigrantes en 2015 –provocada en gran medida por la devastadora guerra civil en Siria y la inestabilidad en Oriente Medio– cruzando las fronteras hacia la Alemania de Angela Merkel dejó al descubierto las deficiencias estructurales del modelo.

La cuestión no era, ni es, cuántas personas podían entrar en la Unión, sino qué país debía hacerse responsable de ellas y, en segundo lugar, en qué medida debía permitirse a los que ingresaban en estas fronteras moverse libremente por el espacio libre interior de Schengen.

Ante la incapacidad de la UE para articular un reparto equitativo y solidario de los solicitantes de asilo, el pilar maestro de Schengen –la confianza mutua entre los Estados miembros– colapsó de forma temporal. Países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suecia invocaron las cláusulas de salvaguardia del Código de Fronteras de Schengen para reinstaurar los controles de seguridad en sus límites interiores.

La excepción, pensada originalmente para situaciones de emergencia nacional de corta duración, comenzó a cronificarse mediante prórrogas sucesivas. Este estado de cosas beneficiaba a muchos. La extrema derecha encontró un ambiente perfecto para seguir relacionando inmigración e inseguridad. Del mismo modo, esta oleada reforzó el discurso de Rusia y sus satélites, al exhibir la fragilidad del proyecto europeo.

La ola de atentados yihadistas en París y Bruselas endureció el debate sobre la seguridad interior. Poco después, en 2021, Bielorrusia instrumentalizó la migración como arma, facilitando la llegada de miles de personas procedentes de Oriente Medio a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia.

La pandemia volvió a dejar al descubierto la fragilidad del sistema. Numerosos gobiernos cerraron o controlaron sus fronteras, lo que demostró que, en última instancia, Schengen dependía de decisiones políticas nacionales. La invasión rusa de Ucrania en 2022, y la acogida de varios millones de refugiados ucranianos, demostró que había inmigrantes de primera y segunda clase.

Frente a este rosario de crisis, la Unión ha respondido con una doble lógica: la reforma del Código de Fronteras Schengen y la aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo, que agiliza los procedimientos de expulsión y refuerza el principio de país tercero seguro.

Desde 1991, las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla contaban con un régimen especial que permitía la entrada sin visado a los residentes marroquíes de las provincias limítrofes. Sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID – 19, entre 2020 y mayo de 2022 el paso estuvo clausurado con sucesivas prórrogas. A partir de entonces, las fronteras se reabrieron, pero el régimen especial de visados no volvió a funcionar. El gobierno español aprobó modificaciones para mantener de forma indefinida la obligación de presentar visado a todos los ciudadanos marroquíes, sin excepción, finalizando de facto el régimen especial. Técnicamente, Ceuta y Melilla quedaban, pues, dentro del espacio Schengen con todas sus consecuencias.

La respuesta europea a la crisis de 2026 en Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades de la solidaridad comunitaria. La primera ministra italiana, Georgia Meloni, decidió congelar temporalmente la libre circulación del espacio Schengen con España y restablecer controles fronterizos selectivos para viajeros o nacionales de terceros países procedentes de territorio español.

Los analistas han subrayado lo singular del gesto italiano: era la primera vez que un Estado restablecía unilateralmente controles Schengen por una crisis ocurrida en un territorio con el que no comparte frontera interior y al que, en la práctica, ningún migrante puede acceder. Más que una respuesta proporcionada, parecía un mensaje político: el de una derecha dispuesta a utilizar Schengen como palanca para forzar un endurecimiento general de la política migratoria europea.

Madrid respondió convocando al embajador italiano y, días después, imponiendo controles recíprocos sobre los viajes aéreos y marítimos procedentes de Italia, en una espiral inédita entre dos socios comunitarios.

Meloni abandera también la externalización del control migratorio mediante su acuerdo con Albania para tramitar solicitudes de asilo fuera de suelo comunitario. La externalización de la gestión migratoria ha llevado a Italia a pagar millones de euros a las tribus locales que controlan el tráfico de personas en la región libia de Fezzan, donde miles de personas cruzan para dirigirse a la costa y emprender el viaje, a menudo mortal, hacia el Norte rico.

Este modelo, observado de cerca por varios socios del centro y este de Europa como una panacea para desincentivar la ruta migratoria del Mediterráneo central, despierta recelos por el posible choque con el derecho internacional de asilo. No es una práctica nueva. El Enfoque Global de la Migración y la Movilidad adoptado por la UE en 2011 desplazaba en la práctica el lugar físico de la frontera a Marruecos, Senegal, Libia o Mauritania.

La gestión fronteriza en la Unión Europea ha pasado de la coordinación técnica a convertirse en el principal campo de batalla ideológico del continente. La reciente aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo busca equilibrar la solidaridad entre socios y el blindaje de las fronteras. No obstante, la fractura interna persiste: un bloque de países exige el cierre del perímetro fronterizo desdeñando el reparto de cuotas.

En suma, los desacuerdos sobre el control de las fronteras y de la inmigración enfrentan ahora concepciones distintas de lo que debe ser la Unión Europea y su gobernanza. La visión exclusivista gana terreno, alentada por las medidas de la administración Trump contra la inmigración ilegal. La respuesta estadounidense se apoya en herramientas de control biométrico y de IA que anticipa un futuro inquietante, pero la UE no es ajena a estos procedimientos.