La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha sobreseído la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) por la supuesta tenencia de armas prohibidas entre presuntos integrantes de la seguridad de Vox para disolver una concentración de jóvenes antifascistas durante un mitin de la formación de ultraderecha en esa ciudad el pasado 16 de abril, según el auto al que ha tenido acceso Público. Cinco de esos jóvenes fueron denunciados, sin embargo, por la Policía Nacional acusados de atentado contra la autoridad y desorden público.

Antes de este sobreseimiento, la Fiscalía archivó en julio otra denuncia, en ese caso presentada por Podemos también por el presunto uso de armas prohibidas, al considerar el ministerio público que los hechos ya estaban siendo investigados judicialmente a raíz de las detenciones y diligencias llevadas a cabo por la Policía.

Los hechos investigados se produjeron cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, daba un mitin en la Plaza de las Pasiegas, junto a la catedral de Granada, dos semanas antes de que comenzara la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas. Un nutrido grupo de jóvenes antifascistas se congregó en las inmediaciones, donde un cordón policial les impidió el paso, y el dirigente del partido ultraderechista arengó entonces a las personas que asistían al mitin para ir contra esos manifestantes.

Tal como recoge un vídeo del acto grabado por Vox y que la Asociación Pro Derechos Humanos transcribió en su denuncia ante el juzgado, Abascal proclamó desde la tribuna de oradores: “Aquí está ocurriendo una cosa que no puede ocurrir en un acto electoral. Se está cometiendo un delito electoral. En estos momentos el Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, impidiendo que podamos desarrollar este evento democrático. Cuando Sánchez camina por España lo hace con cordones de seguridad de Marlaska de kilómetros y de kilómetros. Y yo os digo que este acto no va a comenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad. Y por lo tanto, el jefe del dispositivo policial que asume las órdenes del Delegado del Gobierno tiene que saber que vamos a avanzar por esa calle inmediatamente hasta que se vayan y podamos desarrollar este acto en paz. Vamos a esperar un minuto, dos minutos hasta que sean expulsados. Y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle. Yo el primero hasta que se vayan”.

A continuación, tal como muestran otros vídeos publicados en redes sociales, Abascal se dirigió hacia la calle donde se encontraban los manifestantes rodeado por un buen número de personas, algunas portando banderas de Vox y de España, otras esgrimiendo unas porras que parecen extensibles, que acabaron abalanzándose sobre el cordón policial que impedía el paso de los jóvenes que coreaban consignas contra el fascismo, lo que originó un enfrentamiento entre ambas partes.

Tras conocer los hechos y ver los vídeos de los incidentes, la Asociación Pro Derechos Humanos decidió presentar una denuncia en el juzgado por la comisión de posibles delitos de perturbación del derecho de manifestación, desórdenes públicos y tenencia de armas prohibidas por particulares, las porras extensibles que se apreciaban en las imágenes grabadas. Y en la demanda solicitó que se llevara a cabo media docena de diligencias para tratar de esclarecer lo sucedido, entre ellas la identificación de las personas que pudieron haber portado armas ilegales y de la empresa de seguridad contratada por Vox para el mitin, así como la habilitación profesional de sus integrantes.

Sin embargo, la jueza Rosa María Ginel Pretel, en un auto firmado el pasado 25 de agosto, considera que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal y alega que la Asociación Pro Derechos Humanos carecía de autorización administrativa para la concentración del 16 de abril, aunque esa organización no era la convocante de la protesta.

En el auto, la jueza detalla que “se han practicado las diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos”, y menciona únicamente la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Granada a la información solicitada por el juzgado sobre la autorización de una concentración en las inmediaciones de la catedral, en la que se señala que la Asociación Pro Derechos Humanos no comunicó nada al respecto a la autoridad competente.

Recurso contra un sobreseimiento “injustificado”
APDHA considera “injustificado” el sobreseimiento de la causa sin haberse esclarecido quiénes portaban esas armas prohibidas que se ven en las imágenes grabadas durante los incidentes, por lo cual, según ha informado a Público, ha presentado un recurso contra el auto de primera instancia ante la Audiencia Provincial de Granada.

“Resulta difícilmente comprensible que hayamos advertido que no teníamos ninguna relación con la convocatoria, que la Subdelegación del Gobierno confirme precisamente que APDHA no comunicó concentración alguna y que esa circunstancia termine sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos”, alega la organización andaluza.

Derechos Humanos sostiene, además, que aunque quienes promovieron realmente la protesta contra el mitin de Vox no la hubieran comunicado previamente a la Subdelegación, eso no exime al juzgado de investigar la tenencia de armas prohibidas. “Que una protesta hubiera sido o no comunicada no puede determinar si debe investigarse a una persona que aparece portando o utilizando una defensa extensible contra terceros”, advierte la asociación denunciante.

Tras los incidentes, el Cuerpo Nacional de Policía trasladó a los juzgados un atestado por desorden público y atentado a la autoridad en un caso contra cinco de los jóvenes que se manifestaron contra el fascismo durante el mitin de Vox, a quienes llamó a declarar en mayo en calidad de detenidos. El mismo día de los hechos fue detenido también un hombre que iba en el grupo acompañando a Abascal, en su caso por haber agredido con el mástil de una bandera a un agente, tras lo cual fue puesto a disposición judicial acusado de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.

Uno de los antifascistas detenidos, Pablo, de 30 años, aseguró en declaraciones a este periódico que la manifestación se había convocado de manera espontánea a través de las redes sociales, sin que hubiera ninguna organización detrás, para mostrar su rechazo a la ideología fascista que defiende Vox. “Claramente esto tiene un sesgo ideológico, porque la Policía ha actuado contra nosotros, pero no contra los de Vox, que fueron los que se saltaron un control policial y arremetieron contra nosotros”, denunció el joven, integrante de la Plataforma Apoyo 16 de Abril que se creó a raíz de los incidentes para defender la inocencia de los detenidos.

La Asociación Pro Derechos Humanos considera incongruente que no se haya esclarecido el posible uso de armas prohibidas, mientras se imputan delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad a cinco jóvenes que participaban en la protesta. “Lo que reclamamos es que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor. Si se ha podido identificar e investigar a otras personas que participaron en los incidentes, también debe esclarecerse quiénes son quienes aparecen en las imágenes portando esos instrumentos y en qué circunstancias los utilizaron”, añade la APDHA.

El archivo de la denuncia en la Fiscalía
En las alegaciones que Vox presentó ante la Junta Electoral de Zona por una denuncia de Podemos sobre los mismos incidentes ocurridos en plena precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el partido de Abascal asegura que nadie de su servicio de seguridad portaba porras extensibles. “Vox desconoce quiénes son las personas que portaban las porras extensibles, debiendo presumir que se trataba de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, vestidos de paisano y en uso legítimo de la fuerza, cumplían con su deber”, afirma la formación de ultraderecha en el documento consultado por este medio.

Podemos presentó primero una denuncia ante la Junta Electoral de Zona y luego otra ante la Fiscalía de Granada por unos hechos que calificaron como “muy graves”. Sin embargo, la denuncia ha sido archivada por el ministerio público en una resolución a la que ha tenido acceso Público, firmada el pasado 14 de julio por el fiscal Manuel Ruiz Martínez-Cañavate.

En el decreto de archivo de la Fiscalía se señala que la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Granada reportó la detención de un individuo por “acometimiento aislado a dos funcionarios policiales” y la Comisaría de Distrito Norte la identificación de varios individuos en relación con los mismos hechos en unas diligencias que habían sido trasladadas al juzgado.

“Constando la remisión de diligencias policiales referentes a los altercados producidos entre afines a los grupos políticos en cuestión, con intervención de las fuerzas policiales, se estima que no procede la continuación de las presentes diligencias por resultar el esclarecimiento indiciario de los hechos objeto de denuncia del contenido de las diligencias policiales ya judicializadas”, argumenta el fiscal.

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha manifestado a este periódico que considera “extremadamente grave” que, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía, su ampliación posterior y las cartas dirigidas al Ministerio del Interior y a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, “la actuación institucional haya terminado centrando su respuesta en las personas que se manifestaban pacíficamente contra la presencia de Santiago Abascal”.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, Podemos señaló un vínculo entre Abascal y uno de los acompañantes que portaba una porra con la que habría cometido una agresión durante los incidentes. “Gracias, querido Enrique”, le dice en su cuenta de X el líder de Vox. A lo que éste responde que está “a muerte” con él, según se refiere en la demanda archivada.