Sira Rego ha comenzado este lunes su comparecencia en el Congreso con una defensa cerrada de los derechos de las infancias migrantes y un mensaje dirigido a quienes, en las últimas semanas, han situado a los niños, niñas y adolescentes llegados durante la crisis humanitaria a Ceuta en el centro de la diana. “Las niñas y los niños no son invasores, son sujetos de derecho”, ha afirmado la ministra ante la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Baja, donde ha acudido para rendir cuentas sobre la gestión de la situación desencadenada tras las llegadas del pasado 30 de julio. La comparecencia ha comenzado a las 11.00 horas y forma parte de la ronda de intervenciones de miembros del Gobierno para dar explicaciones sobre lo sucedido este último mes en la ciudad autónoma.

Rego ha hablado de las personas menores de edad que llegaron solas a Ceuta como “víctimas de explotación, de abandono, de abuso” y ha recordado las situaciones de las que proceden algunos de ellos y ellas: “Niñas que huyen de violencia extrema, niños que también vivían, en muchos casos, en situación de calle”. Todas, ha subrayado, tienen al menos algo en común: “Ninguna de ellas provocó esta crisis”. La ministra ha tratado así de desplazar el foco hacia las circunstancias que han podido provocar esta crisis. “Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para sembrar el caos”, ha sostenido. “Nuestra primera obligación es no confundir a los responsables con las víctimas”, ha insistido.

La ministra de Juventud e Infancia ha marcado también desde el arranque los límites dentro de los que está dispuesta a mantener el debate parlamentario al que se ha prestado voluntariamente este lunes. Tras recordar a las personas fallecidas en la que ha definido como “una de las tragedias humanitarias más graves que hemos vivido en la frontera sur”, Rego ha asegurado que responderá a las críticas y preguntas de los grupos, pero ha advertido: “No voy a aceptar que la infancia sea criminalizada, no voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo”. “Respeto a todas las posiciones ideológicas, pero el racismo no es una posición política más y el fascismo tampoco lo es”, ha añadido.

Rego ha defendido que la discusión puede y debe abordar las competencias de cada administración, los procedimientos empleados y la respuesta desplegada ante una situación que ella misma ha reconocido que “no era ni es normal”. Pero ha rechazado someter a discusión los derechos de quienes han llegado. “No voy a discutir si un niño merece tener derechos. No voy a discutir si una niña que huye de la violencia tiene menos derechos por haber nacido al otro lado de la frontera”, ha señalado. “Esto está resuelto en nuestro ordenamiento jurídico y debería estar resuelto en cualquier conciencia”, añadía la ministra.

La titular de Juventud e Infancia, que se desplazó a Ceuta el pasado 6 de agosto, ha reconocido la presión que soporta la ciudad autónoma y ha situado como responsabilidad compartida de las administraciones trabajar para aliviarla. En ese contexto se enmarcan algunas de las medidas impulsadas en las últimas semanas por su departamento, entre ellas el crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a la infancia migrante en Ceuta, aprobado el pasado jueves por las 14 comunidades autónomas presentes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

La colaboración con Ceuta antes de la crisis
Rego ha defendido que la respuesta desplegada por su departamento no comenzó con la emergencia del 30 de julio. Según ha explicado, el Ministerio de Juventud e Infancia lleva “más de dos años” trabajando con Ceuta mediante una coordinación continuada y viajes periódicos de sus equipos a la ciudad autónoma.

La ministra ha cifrado en 1.478 los niños y niñas que se encuentran actualmente en los centros dependientes del sistema de protección de Ceuta. A partir de la coordinación con el Ministerio del Interior, ha explicado, se pidió a la Policía que priorizara la identificación de los perfiles más vulnerables, fundamentalmente niñas y personas menores de 13 años. Esa primera evaluación permitió constatar, según Rego, un cambio importante en el perfil de quienes habían llegado a la ciudad: a día de hoy, ha indicado, hay identificadas 700 niñas, además de un número elevado de personas menores de 13 años.

Ese cambio de perfil, ha explicado, condiciona también las necesidades de atención y protección. En los primeros días de la emergencia, Juventud e Infancia trabajó con la ciudad y con el Ministerio de Educación para habilitar dos colegios públicos como espacios de primera acogida. Allí fueron alojadas cerca de 300 niñas. El compromiso era liberar esos centros antes de finales de agosto para permitir el inicio normal del curso escolar, algo que, ha asegurado, ya se ha cumplido. Las menores han sido trasladadas posteriormente a otros recursos habilitados en la ciudad.

A esa primera respuesta se sumó el refuerzo de la Delegación del Gobierno con diez personas y la creación, a través de entidades sociales, de un equipo multidisciplinar destinado a apoyar las entrevistas individualizadas y agilizar la tramitación de los expedientes que deben realizarse en Ceuta. La ministra ha insistido en que se trata de medidas de emergencia, pero no suficientes por sí solas. “Hay varias fases en la acogida”, ha recordado, y una vez superada la primera atención es necesario garantizar condiciones dignas durante todo el tiempo que requiere la regularización y el estudio individual de cada caso.

Cuatro alternativas para la acogida de niños y niñas
Es en ese punto donde Rego ha situado las distintas alternativas planteadas por el Gobierno para aliviar la presión sobre Ceuta. La primera es el mecanismo de acogida solidaria y vinculante previsto en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Según ha defendido, ese sistema pretende evitar que los territorios fronterizos tengan que asumir en solitario una presión extraordinaria sobre sus servicios de protección. La ministra ha señalado que durante el último año se han tramitado mediante este tipo de mecanismos más de 2.000 expedientes en el conjunto del territorio “sin una sola incidencia”.

Sin embargo, ante la magnitud de la situación actual, el Ministerio ha planteado también otras vías. Una de ellas consiste en trasladar a la península a 500 niñas con perfiles de especial vulnerabilidad, una opción que Rego asegura haber planteado personalmente al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunión celebrada el 8 de agosto. Según ha explicado, los traslados podrían organizarse a través de una entidad y distribuirse entre pequeños centros de distintos puntos del país una vez completada en Ceuta la primera fase de los expedientes. Para hacerlo, ha precisado, es necesario el consentimiento del Gobierno ceutí, que mantiene la tutela de las menores.

Otra posibilidad son los acuerdos bilaterales entre comunidades autónomas, una fórmula que, según ha recordado Rego, ya se ha utilizado anteriormente y que permitiría organizar acogidas urgentes sin esperar a que concluyan otros procedimientos. El Ministerio trasladó esta opción a las comunidades durante la última Conferencia Sectorial de Infancia y les pidió cooperación para explorarla. La tercera vía que se está estudiando es el acogimiento familiar. Rego ha asegurado que en las últimas semanas numerosas familias de distintos puntos de España se han ofrecido para acoger a estas niñas, niños y adolescentes, y que su departamento está trabajando con asociaciones de familias acogedoras para determinar qué procedimiento permitiría hacerlo “con todas las garantías”.

Nada sin primar el interés superior del menor
Rego ha dedicado la parte final de su primera intervención a la cuestión de la reunificación familiar y los posibles retornos a Marruecos. A este respecto, la ministra ha subrayado que cualquier decisión debe estar presidida por el interés superior del menor. “Que un Estado no pueda coger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática”, ha afirmado, “es una conquista democrática”.

La reunificación familiar, ha añadido, no constituye una propuesta nueva y ha sido siempre una posibilidad prioritaria cuando existen garantías. Pero para devolver a un menor con su familia, ha advertido, primero hay que escucharle, conocer su historia, comprobar que esa familia existe y asegurarse de que el entorno al que regresaría es seguro. Antes del 30 de julio, de hecho, “España ya había remitido a Marruecos alrededor de 600 expedientes para verificar la situación de menores” y, según ha denunciado, todavía no ha recibido respuesta.

El Estado tiene “la obligación de cuidar de esos niños”
Tras su primera intervención, los grupos parlamentarios han centrado buena parte de sus preguntas en tres cuestiones: la falta de datos consolidados sobre los menores que permanecen en Ceuta, las condiciones y responsabilidades jurídicas de los posibles traslados a la península y el alcance real de la reunificación familiar con Marruecos. Desde el PNV se ha reclamado más autocrítica por parte del Gobierno por la gestión de una situación cuya saturación, ha sostenido su portavoz, era conocida previamente. El grupo ha preguntado cuántos niños, niñas y adolescentes permanecen fuera del sistema de protección, qué vulnerabilidades se han detectado y quién asumiría la guarda y las decisiones sanitarias, educativas o asistenciales si se producen traslados.

Junts ha cuestionado las nuevas alternativas planteadas por el Ministerio, especialmente el traslado de unas 500 niñas a recursos gestionados por entidades en la península mientras Ceuta mantiene la tutela. El grupo ha pedido aclaraciones sobre quién ejercerá materialmente esa tutela, quién supervisará los centros y durante cuánto tiempo podría mantenerse este modelo.

Esquerra Republicana ha coincidido en la necesidad de definir con precisión las responsabilidades sobre la tutela y ha reclamado que cualquier decisión esté guiada por el interés superior del menor, recordando que la existencia de una familia no implica necesariamente que el regreso sea seguro. Sumar, por su parte, ha respaldado la necesidad de trasladar a estas personas menores de edad a la península y ha preguntado a Rego por la capacidad actual de los distintos sistemas autonómicos y por la respuesta ante los discursos que presentan a estos niños como una amenaza. Su portavoz también ha puesto en cuestión la colaboración de Marruecos.

Vox ha protagonizado el tono más agresivo de la sesión. Su portavoz ha calificado lo ocurrido en Ceuta como una “invasión”, ha rechazado cualquier distribución territorial y ha defendido que todos los niños y niñas sean devueltos a sus familias o, en su defecto, entregados a las autoridades marroquíes. Durante su intervención también ha acusado directamente a Rego de “traición” y se ha dirigido a ella para decirle: “Usted es una traidora a España”. La ministra no ha entrado a asumir ese marco discursivo y, en su réplica, ha situado precisamente ese tipo de intervenciones dentro de un problema más amplio de deshumanización y odio.

Sira Rego: “Hay que defender la democracia y hay que defenderla de gente que viene aquí a vomitar odio”

Preguntada expresamente por Sumar por las manifestaciones de sesgo racista que se han producido durante estas semanas, Rego ha sido todavía más contundente. Ha sostenido que deben combatirse porque “no son aceptables en democracia” y porque rompen el marco de convivencia: “Hay que defender la democracia y hay que defenderla de gente que viene aquí, no a plantear legítimamente una posición, sino a vomitar odio”.

En paralelo, Rego ha rechazado también la premisa defendida por Vox y planteada en distintos términos por el PP de que la protección de los niños y niñas menores deba quedar subordinada a su retorno inmediato. Ha reiterado que la reunificación familiar es prioritaria, pero solo puede producirse después de estudiar individualmente cada caso y comprobar que el regreso es seguro.

En su respuesta, Rego ha defendido que el Ministerio comenzó a actuar “desde el minuto uno” y ha reconocido, no obstante, que la situación ha supuesto un “desborde” y que le habría gustado que algunos procedimientos fueran más rápidos. “Entiendo las críticas y me hago cargo de la parte que me corresponde”, ha señalado. Al mismo tiempo, ha insistido en que su departamento tiene fundamentalmente competencias de coordinación y financiación, mientras la tutela de estas infancias corresponde a las comunidades autónomas.

Sobre los traslados, la ministra ha asegurado que no pretende “destensionar un territorio para tensionar otro” y que se tendrán en cuenta indicadores objetivos sobre la capacidad de cada sistema autonómico. A los 25 millones ya aprobados para Ceuta se sumarán, según ha anunciado, nuevos recursos que el Gobierno prevé habilitar este martes en el Consejo de Ministros.

La ministra también ha tratado de aclarar la disparidad de cifras: a los niños y niñas que ya se encuentran dentro del sistema de acogida se suma una estimación de alrededor de 1.200 pendientes todavía de filiación, lo que situaría en más de 2.000 el número de menores sobre los que se está trabajando. El Estado tiene “la obligación de cuidar de esos niños”, ha insistido.