Donostia Harrera Sarea ha vuelto a denunciar este lunes que desde el Ayuntamiento se está criminalizando la solidaridad con las personas sin hogar cuando en los últimos meses, según sus datos desde noviembre, «en la ciudad han muerto siete personas» que no tenían un lugar en el que pernoctar, cinco de las cuales fallecieron «como consecuencia de situaciones a las que les ha llevado la vida en la calle».

Los portavoces de este colectivo han remarcado que la persecución policial contra estas personas se ha intensificado durante el verano. «Han tenido que sufrir todo tipo de actuaciones por parte de la Policía Municipal y de la Ertzaintza. Amenazas para que abandonen los lugares en los que duermen, rotura y destrucción de sus pertenencias, tiendas de campaña rajadas, retirada y desecho de sus objetos personales, y un largo etcétera».

Han criticado que el alcalde Jon Insausti «intenta lavar su actitud ofreciendo, o intentando ofrecer, recursos que son completamente insuficientes para hacer frente a la situación». De este modo, Donostia Harrera Sarea ha descrito un proceso para los recién llegados que arranca con una espera de «entre 3 y 4 meses para conseguir una primera cita con una trabajadora social», a los que se suman «otros tres meses para poder empadronarse y, una vez acumulados seis meses de empadronamiento, puede solicitar una entrevista de valoración».

«Entre uno y dos años»

«Después, debe esperar aproximadamente otro mes para recibir una resolución y, finalmente, acceder a una lista de espera de varios meses antes de conseguir entrar en algún recurso. En la práctica esto supone que una persona puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo».

Sus portavoces han añadido que «el albergue municipal ofrece únicamente cinco noches cada tres meses; no existe ningún comedor social; no hay un acceso suficiente a duchas, ni a lavadoras y no se facilita ropa ni siquiera una manta para quienes duermen en la calle».

Y mientras las instituciones públicas no alcanzan a cubrir estas carencias, tampoco se permite a la ciudadanía tratar de paliarlas en parte, ya que el Ayuntamiento de Donostia «es el único que criminaliza la solidaridad, prohíbe iniciativas como las cenas solidarias, adopta medidas de presión e intimidación hacia las personas voluntarias que ayudan a las personas sin hogar…».

«No solo se persigue, identifica y amenaza a personas que, con sus propios carros, salen al atardecer a repartir bocadillos, sino que esta persecución está llegando también a las propias actividades de las asociaciones», han apuntado.

Merienda e idiomas dentro de Tabakalera

En este punto, han alertado de que en los últimos días se han dado situaciones «tan graves como la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca de Tabakalera de voluntarias acompañadas de hijos menores por compartir la merienda con jóvenes sin hogar».

«Hemos vivido situaciones tan violentas como la identificación de voluntarias mientras desarrollaban una actividad tan básica como impartir clases de castellano y euskara a estos mismos jóvenes. A las personas migrantes se les exige constantemente que se integren, que aprendan los idiomas de aquí, que asistan a clases y que realicen cursos de formación, pero cuando hacen ese esfuerzo y buscan aprender los dos idiomas que se hablan aquí, en espacios organizados por personas voluntarias –ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales–, se encuentran con situaciones de hostigamiento, trabas y obstáculos que dificultan precisamente ese proceso de integración que se les exige».

Tras subrayar que se trata de una «actitud profundamente discriminatoria y racista», han tildado de «grave y triste que, en pleno siglo XXI, tengamos que estar viviendo este tipo de situaciones simplemente por ayudar, apoyar y acompañar a personas que se encuentran en una situación de necesidad. No podemos normalizar que la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones, cuando se dirige a personas en situación de sinhogarismo, sean migrantes o no, ayudar no es un delito».