El

Gobierno

reconoce en privado hasta qué punto

la seguridad de la frontera española depende de mantener intactas las relaciones con Marruecos. Una destacada fuente gubernamental admite a LA RAZÓN que, si España dejara de mantener una buena relación con Rabat, podrían entrar en Ceuta «70.000 migrantes a la semana».

La afirmación tiene un enorme calado político porque sitúa la colaboración marroquí como el dique que separa la normalidad fronteriza de una presión migratoria permanente sobre territorio español y admite, de facto, la capacidad de Marruecos para utilizar el control de los flujos como una formidable herramienta de presión sobre Madrid.

Fuentes de la inteligencia citadas por El País advierten de que es probable que se produzcan más ataques híbridos contra ambas ciudades en las próximas semanas.

La confesión resulta todavía más significativa porque se produce mientras Pedro Sánchez intentó ayer apartar cualquier sospecha sobre el reino alauí por lo ocurrido el 30 y 31 de julio. El presidente del Gobierno cerró filas con Rabat y aseguró que ni el CNI ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad manejan información alguna que permita atribuir a las autoridades marroquíes una participación en la avalancha de

más de 72.000 personas que desbordó Ceuta.

«¿Qué gana Marruecos con este tipo de tácticas?», se preguntó Sánchez. El presidente definió la cooperación migratoria entre ambos países como «francamente positiva» y dirigió las sospechas hacia otros actores. Moncloa investiga la difusión de mensajes y bulos en redes sociales vinculadas, según Sánchez, con Rusia e Israel y con una «internacional ultraderechista» interesada en utilizar la inmigración para desestabilizar España y Europa.

El Gobierno descarta que Marruecos provocara la avalancha.

Pero reconoce al mismo tiempo que evitar que una avalancha semejante pueda repetirse depende en buena medida de Marruecos. En cualquier caso, en Moncloa admiten la gran vulnerabilidad que revelan los informes de seguridad nacional:

España puede controlar su lado de la frontera

, pero una parte decisiva de la contención comienza varios metros antes, en territorio marroquí.

Esa dependencia explica también la extraordinaria cautela con la que Moncloa ha administrado durante todo agosto cualquier acusación contra Rabat. Mientras la oposición ha ido endureciendo su discurso y algunas voces han recuperado la palabra «chantaje», el Ejecutivo ha evitado responsabilizar a Mohamed VI de lo sucedido. El jefe del Ejecutivo también trató de zanjar la batalla abierta dentro del Gobierno

–entre Interior y Defensa–

sobre los avisos que recibió el Estado antes del 30 de julio.

Sánchez confirmó que el CNI mantuvo reuniones con las autoridades ceutíes y compartió «informes de situación» durante los días anteriores a la entrada masiva, pero reiteró que ninguna de aquellas informaciones permitió anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. «Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características», sostuvo, después de semanas de versiones cruzadas sobre qué sabía cada departamento y cuándo lo supo.

Sánchez reivindicó la actuación de su Ejecutivo en las dos ciudades autónomas y aseguró que ningún Gobierno ha hecho tanto por Ceuta y Melilla, aunque reconoció los límites de la capacidad preventiva del Estado en sus dos enclaves norteafricanos.

Ni el despliegue de medios ni el refuerzo de las capacidades de seguridad

, admitió en esencia, permiten garantizar al «cien por cien» que una crisis de estas características no pueda volver a producirse.

El presidente explicó que nueve de cada diez personas que entraron irregularmente desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio ya han abandonado la ciudad, mientras alrededor de 5.000 permanecen todavía en territorio ceutí. Entre ellos se encontraría alrededor de 1.200 menores no acompañados, uno de los principales frentes que continúa abierto para el Ejecutivo. Sánchez añadió que, desde el 10 de agosto, unas 3.200 personas han regresado voluntariamente, en paralelo a las devoluciones gestionadas por las autoridades españolas.

De hecho, Sánchez situó el retorno de los menores a Marruecos entre las prioridades de la nueva fase de la crisis.

El presidente aseguró que las autoridades marroquíes se han comprometido a «facilitar el reagrupamiento familiar», lo que permitiría comenzar las repatriaciones cuando sean los propios padres quienes soliciten el regreso de sus hijos. «Vamos a poder hacer retornar también a los menores», afirmó, aunque condicionó cada devolución a que exista previamente esa petición familiar.

El Gobierno anda con pies de plomo para intentar dar carpetazo a una crisis que ha puesto todas las miradas en Rabat.