Pedro Sánchez estrena el curso político con un grave problema que no estaba en el guion. La crisis de Ceuta, que no es una crisis más, ha desplazado de golpe la agenda social con la que el Gobierno pretendía recuperar la iniciativa y ha colocado al Ejecutivo ante una prueba bastante más incómoda: demostrar que sabe gobernar también cuando los acontecimientos no se dejan gobernar.

Conviene exigir eficacia y firmeza a Sánchez sin caer en el recurso fácil de acusar al Gobierno de haber estado de vacaciones con los brazos cruzados, aun cuando la reacción ha sido tardía. El Estado ha movilizado recursos desde el primer momento y sería injusto confundir la actividad de la Administración con la exposición pública del presidente. Pero precisamente ahí aparece una de las debilidades de esta crisis: ha faltado liderazgo político visible y ha faltado mucha más autocrítica y una mayor empatía con la ciudadanía ceutí.

Puede haber existido una estrategia deliberada de perfil bajo para no alimentar la tensión con Marruecos, evitar una escalada y no entrar en el juego de declaraciones cruzadas que tan fácilmente termina perjudicando a Ceuta. Su explícita defensa de la cooperación con Marruecos responde a una opción política legítima. El problema es que una estrategia de discreción necesita ser explicada. Si no, el silencio acaba ocupando el espacio del mensaje y la prudencia puede ser interpretada como debilidad. Sobre todo con una oposición ubicada en el terreno del catastrofismo y la hipérbole más rupturistas con tal de echar a Sánchez del poder.

El presidente necesita ahora tomar el toro por los cuernos. No para hacer una demostración de fuerza, sino para explicar con claridad qué ha ocurrido, cuáles son los límites del Gobierno y qué plan tiene para devolver la normalidad a Ceuta. En la entrevista de esta mañana lo ha intentado hacer, incluso con un reconocimiento de que «todos los recursos son insuficientes» para que los ceutíes vuelvan a la normalidad. La política migratoria no puede gestionarse a golpe de presión callejera, con episodios de violencia inasumibles, ni de emociones, y mucho menos mediante decisiones improvisadas. Si la ley obliga a estudiar individualmente la situación de los menores, el Gobierno debe defenderlo sin complejos.

Pero tampoco basta con tener razón jurídica. Hay que tener capacidad política para explicarla. Porque la inmigración se ha convertido en uno de los grandes terrenos de batalla de la política europea y es precisamente ahí donde la extrema derecha encuentra su combustible. Sánchez intenta responder desde una posición que combine humanidad, legalidad y control de las fronteras. Es una posición razonable, pero mucho más difícil de comunicar que el discurso de la mano dura.

Y ese es quizá el verdadero desafío del presidente al comenzar este curso. No necesita sobreactuar; necesita hacerse visible. No necesita endurecer el discurso por imitación de la derecha; necesita demostrar que el Estado tiene una política migratoria, que la ley se cumple y que nadie marca desde fuera los tiempos del Gobierno.

Ceuta exige algo más que resistencia ante la presión. Exige iniciativa. Y Sánchez haría bien en entender que, en determinadas crisis, gobernar discretamente puede ser una virtud, pero liderar sin que se note demasiado termina siendo un problema político, incluso para su apuesta para defenderse «con uñas y dientes» y convertirse en el gran freno de «la ola reaccionaria» ante las próximas elecciones generales.