La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, defiende la necesidad de que las comunidades autónomas actúen con «solidaridad» en la gestión y acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegaron a Ceuta a finales de julio. Durante su comparecencia en el Congreso, llamó a la urgencia de trasladar a estos niños lo antes posible a la Península, dada la presión del sistema de acogida que vive en estos momentos la ciudad autónoma para, así, poder tramitar con mayor «celeridad» los expedientes de cada uno de ellos y decidir si su futuro pasará por la reunificación familiar en sus países de origen, en España o si deben ingresas en el sistema de atención para los jóvenes que llegan sin ningún adulto.

Además, la titular de Infancia cargó contra las posturas «racistas» y los que han, a su juicio, alentado los disturbios que se están produciendo en Ceuta, «impidiendo que el personal de Cruz Roja pueda repartir comida». Denunció con dureza, al inicio de su declaración, contra los discursos del PP y Vox tras advertir que «señalar a un niño no es proteger una frontera», sino ocultar los «intereses geopolíticos» que los utilizan y pidió no «criminalizar» a unos niños – 1.478 identificados hasta el momento – que «son víctimas». En una dura réplica a Vox —que la acusó de ser una «traidora» por no haber evitado la «amenaza migratoria pese a los avisos de Inteligencia»—, la ministra enfatizó que «no es una amenaza una niña que ha huido de su casa porque su padre apagaba en su piel cigarrillos, o un niño que vivía en la calle porque no tiene familia», insistiendo en que no está dispuesta a normalizar la idea de que «existen seres humanos con más derechos que otros» ni a criminalizar «a la infancia migrante».

En el aspecto asistencial y de diagnóstico, Rego elevó la dimensión del desafío al detallar que ya hay más de 2.000 niños «víctimas» de esta crisis —1.478 en los centros tutelados por la ciudad autónoma y cerca de 1.200 pendientes de filiación, según el dato ofrecido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser—. Asimismo, trazó una radiografía del perfil de las 760 niñas identificadas: 460 están dentro del sistema ceutí (233 de ellas menores de 13 años) y 300 en entidades vecinales bajo supervisión policial. Rego alertó de situaciones «extremadamente duras» como violencia sexual, matrimonios forzados, maltratos, situación de calle o perfiles LGTBIQ+, además de menores solicitantes de asilo procedentes de conflictos bélicos, cuyos expedientes se están evaluando «con la máxima diligencia y garantismo». Respecto a la reagrupación que tanto le han reclamado desde el inicio de la crisis los partidos de la oposición, insistió en que Marruecos no ha respondido a 600 expedientes tramitados antes del 30 de julio, recordando que aunque la repatriación familiar «siempre es la primera opción», no siempre es factible y requiere procesos largos y expedientes individuales.

Para hacer frente a esta situación de desborde, la ministra anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes un incremento de recursos económicos para reforzar la acogida en la ciudad de Ceuta, sumándose a la partida inicial de 25 millones de euros acordada en la Conferencia Sectorial —a la que acudieron todas las comunidades excepto aquellas donde Vox ostenta las competencias de Familia (Extremadura, Aragón y Castilla y León)—. Asimismo, anunció que su Departamento llevará «próximamente» al Consejo de Ministros una nueva Ley de Familias Acogedoras para canalizar jurídicamente las múltiples solicitudes de particulares recibidas durante esta crisis, aunque el Ministerio ya trabajaba en esta normativa antes de que se produjesen las entradas masivas de finales de julio.

Respecto al reparto territorial, Rego precisó que existen actualmente unas 2.000 plazas de acogida desocupadas en el conjunto del país, lo que permitiría articular una distribución «equilibrada y solidaria» sin tensionar a ninguna comunidad, pero recordó que la labor del Ministerio de Infancia y Juventud es solo de «coordinación» y «mediación», dado que la tutela recae en los gobiernos regionales y que el Ejecutivo «no va a invadir competencias». Rego volvió a hacer un llamamiento al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para que dé el visto bueno al traslado urgente de 500 niñas a «centros pequeños de la Península» para que se pueda continuar con los procesos individualizados de manera más garantista que en un sistema ya tensionado y como una forma de «desinflar» la presión que se vive en la ciudad. En esta línea, emplazó al PP a «arrimar el hombro» y acordar traslados bilaterales urgentes para los menores con perfiles más vulnerables, dado que considera «indispensable» descongestionar la red ceutí para devolver la «normalidad» al territorio.

Por último, la ministra recalcó que cualquier actuación se adoptará bajo la regla del «interés superior del menor», advirtiendo de que la legislación prohíbe las devoluciones colectivas o exprés —recordando la doctrina judicial de 2021 sobre repatriaciones irregulares por la que fue inhabilitada una consejera ceutí—. Subrayó que los procedimientos de retorno dependen de las autonomías y requieren tiempo e investigación para certificar que el entorno familiar de origen es seguro. «Ceuta es España y, como es España, debemos hacernos cargo. Mientras se resuelven los expedientes, lo lógico y humano es descentralizar la acogida en la Península», concluyó.