Harrera Sarea denuncia que las personas sin hogar esperan "casi dos años para acceder a los recursos del ayuntamiento" en Donostia
El colectivo asegura que la Guardia Municipal y la Ertzaintza "expulsa a las personas en situación de calle del lugar donde duermen y destruye sus pertenencias"
Diario de noticias de Gipuzkoa, , 31-08-2026Harrera Sareaha denunciado en Donostia la “insuficiencia” de los servicios del Ayuntamiento para las personas sin hogar, ya que pueden esperar a acceder a los mismos “entre uno y dos años sin ningún tipo de apoyo”. El colectivo ha explicado en rueda de prensa este lunes que, “además de la prohibición a Kaleko Afari Solidarioak de dar cenas, las personas sin hogar sufren todo tipo de actuaciones de presión e intimidación por parte de la Guardia Municipal y la Ertzaintza”, con un alcalde que “criminaliza la solidaridad”.
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“Una persona que se encuentra en situación de calle tiene que esperar entre tres y cuatro meses para conseguir una primera cita con una trabajadora social”, ha señalado Brenda Fernández, portavoz de Harrera Sarea. “A esto se le suman otros tres meses para poder empadronarse y, una vez acumulado seis meses de empadronamiento, puede solicitarse una entrevista de valoración. Después debe esperar aproximadamente otro mes para recibir una resolución y, finalmente, acceder a una lista de espera de varios meses antes de conseguir entrar en algún recurso”, ha añadido.
En la práctica, esto supone que una persona puede pasar “entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo”, ha concluido.
Más actuaciones policiales y recursos “insuficientes”
Las actuaciones policiales, asegura el colectivo,“se han incrementado este verano”.Las personas sin hogar sufren “amenazas para que abandonen los lugares en los que duermen, rotura y destrucción de sus pertenencias, tiendas de campaña rajadas, retirada y desecho de sus objetos personales”.
En cuanto a los recursos que ofrece el Ayuntamiento a estas personas, el colectivo ha señalado que “el albergue municipal ofrece únicamente cinco noches cada tres meses, y no existe ningún comedor social. No hay un acceso suficiente a duchas ni a lavadoras, no se facilita ropa ni siquiera una manta para quienes duermen en la calle”. Fernández ha apuntado que “no resulta suficiente decir que Donosti es el municipio que más iniciativas lleva a cabo en este ámbito, cuando al mismo tiempo es el único que criminaliza la solidaridad, prohíbe iniciativas como las cenas solidarias, que no suponen ningún esfuerzo económico para el Ayuntamiento, adopta medidas de presión e intimidación hacia las personas voluntarias que ayudan a las personas sin hogar”.7 muertes en la calle desde noviembre en Donostia
Asimismo, Harrera Sarea ha denunciado la dureza y cruda realidad que viven las personas sin hogar en la capital guipuzcoana. “Queremos denunciar que desde noviembre de 2025, en Donostia han muerto siete personas sin hogar, que tengamos constancia en Harrera Sarea. Cinco de ellas han muerto como consecuencia de situaciones a las que les ha llevado la vida en la calle”, ha apuntado Fernández.
De esta manera, el colectivo acusa al Ayuntamiento y al alcalde de “criminalizar a las personas solidarias y de llevar a cabo actuaciones racistas y discriminatorias”. “En los últimos días hemos asistido perplejas a situaciones tan graves como la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca de Tabakalera de voluntarias acompañadas de hijos menores por compartir la merienda con jóvenes sin hogar”, ha denunciado la portavoz. “Hemos vivido situaciones tan violentas como la identificación de voluntarias mientras desarrollaban una actividad tan básica como impartir clases de castellano a estos mismos jóvenes. Varios voluntarios han sido abordados por la Policía Municipal y amenazados con sanciones porque durante dicha actividad había alimentos en el espacio compartido”, ha añadido.
“A las personas migrantes se les exige constantemente que se integren, que aprendan los idiomas oficiales, que asistan a clases y que realicen cursos de formación. Sin embargo, cuando hacen ese esfuerzo y buscan aprender los idiomas en espacios organizados por personas voluntarias ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales, se encuentran con situaciones de hostigamiento, trabas y obstáculos que dificultan precisamente ese proceso de integración que se les exige”, ha concluido Fernández.
Han finalizado la rueda de prensa al grito de “ayudar no es un delito”.
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