Como la historia siempre vuelve, cien años después el país está inquieto de nuevo por lo que ocurre al otro lado del estrecho de Gibraltar. Si hace poco más de un siglo el desembarco de Alhucemas permitió pacificar el territorio y consolidó la dictadura de Primo de Rivera, la situación ahora no puede ser más diferente. España no tiene enfrente a las cabilas rifeñas, pero, como entonces, se enfrenta a un adversario –la historia no se repite, pero rima– que utiliza técnicas alejadas de la guerra convencional. Sobre todo, lo que la propia Unión Europea ha definido como «instrumentalización migratoria» (Reglamento UE 2024/1359), es decir, aquella situación que se da cuando un tercer país o un agente no estatal hostil fomenta o facilita el desplazamiento de personas hacia las fronteras exteriores de la UE con el objetivo de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro. Exactamente lo que ocurrió en Ceuta hace un mes, y no hace falta conocer bien Marruecos para saber que allí no ocurre nada relevante a espaldas del rey ni contra su voluntad. El país es un Estado fallido, una cleptocracia dominada por una élite, el Majzen, que se enriquece a manos llenas mientras condena a la pobreza a su población. Ahí va un dato: después de más de veinticinco años de un reinado en teoría modernizador de Mohamed VI, apenas el 19% de las marroquíes en edad de trabajar tiene empleo o lo busca, una tasa que España dejó atrás antes de que acabara la dictadura franquista.

La situación de Ceuta no es sencilla de gestionar, y más sin el apoyo de nuestros socios comunitarios. Europa parece no haber comprendido que el peligro no está solo en la frontera oriental: también la del sur está siendo, y seguirá siendo, objeto de vulneraciones y de ataques que se sirven de la desesperación y la pobreza de millones de personas que huyen de la miseria y la corrupción de la gran mayoría de los (fracasados) Estados africanos. En el continente que más crece demográficamente del mundo apenas hay tres países –Mauricio, Botsuana y Cabo Verde– que puedan ser calificados de democracias en sentido liberal. ¿Cómo no va a huir la gente de semejante infierno?

Marruecos sabe muy bien que desempeña un papel clave para frenar o acelerar la llegada de ilegales, y también es consciente de la debilidad funcional del sistema español, cada vez más acusada desde el asalto del populismo a nuestras instituciones, hace ya más de una década. Utilizando la migración de manera repugnante, la monarquía alauí abre y cierra el grifo a voluntad de Palacio. Por él pasan no solo personas que llegan al país, sino también miles de jóvenes marroquíes asfixiados por un gobierno que no les deja estudiar, prosperar ni ganarse la vida. A esto se suma una política inteligente de presión, tanto en Bruselas como en París o Madrid, para sumar voluntades y mirar hacia otro lado cuando conviene al Majzen. Quizá algún día conozcamos los recursos que la inteligencia marroquí invierte entre nuestras élites políticas y mediáticas…

Y aun así, hay algo extraño en toda la política del Gobierno de Sánchez con nuestro incómodo vecino del sur: cambió la postura española sobre el Sáhara, una política impuesta por la izquierda en los años ochenta, sin explicación pública ni debate parlamentario. Este giro promarroquí no es sencillo de explicar ni siquiera apelando al realismo, cada vez más en boga en el ámbito de las relaciones internacionales. Los intentos por disculpar la actuación del Estado marroquí tras la invasión del territorio nacional a finales de julio no resultan menos llamativos: el Gobierno convocó antes al embajador de un país socio y amigo como Italia que al del autoritario Gobierno marroquí.

Y en medio de esta perplejidad, sobrecoge la respuesta, por llamarla de alguna manera, del Gobierno español ante la crisis. Es sorprendente que quien criticó hasta la extenuación la ausencia de unas horas del entonces presidente valenciano Mazón el día de la dana, hace casi dos años, viera normal no interrumpir unas vacaciones interminables pagadas por el Estado. Y lo es también que quien ha hecho de la imagen su única política no entendiera que la gravedad del ataque a Ceuta iba a convertir en carne de meme sus videoconferencias desde uno de los bienes adscritos a Patrimonio Nacional, antes de rematar en Andorra unas vacaciones impensables en cualquier otro jefe de Gobierno de nuestro entorno geográfico y cultural.

El resultado ha sido desolador, para el Estado y para el Gobierno. Para el Estado, porque la debilidad y la cesión ante gobiernos despóticos son un incentivo para seguir con la escalada de tensión. Para el Gobierno las cosas tampoco han salido bien, porque no parece que esto se vaya a quedar en una serpiente de verano. Un mes después, miles de personas siguen desbordando una ciudad que no estaba preparada para esta avalancha. La descoordinación de ministerios clave, como Interior y Defensa, así como la incapacidad de defender las fronteras y de activar la solidaridad europea, pueden ser otro clavo en el ataúd de un Gobierno moribundo. La XV legislatura no ha tenido presupuestos propios porque nunca hubo mayoría de gobierno, solo de investidura. La «legislatura del muro» nos ha demostrado también que nuestro sistema político no estaba diseñado para que alguien gobernara considerando que todo lo que no está prohibido por la ley está permitido.
Por el camino, además, la sociedad española ha ido cambiando. El Gobierno logró salvar esa mayoría del muro por muy pocos votos en las elecciones de 2023, pero parece que la situación no se repetirá en los próximos comicios. De acuerdo con los datos del informe Jóvenes españoles 2026, de la Fundación SM, en apenas cinco años los jóvenes que se definen de izquierda o centroizquierda han caído algo más de 12 puntos, mientras que los que se ubican entre el centroderecha y la derecha han subido casi 14: es el resultado más escorado a la derecha desde que se tienen datos en nuestro país. Y, quizá por eso, la inmigración descontrolada es vista como un problema por muchos ciudadanos españoles. Hay que recordar que una parte del contenido de la agenda política, lo que es un problema y lo que no, no depende de la voluntad de un presidente, ni siquiera de las Cortes Generales. Si los ciudadanos perciben una situación como insatisfactoria, se lo harán saber a los políticos, de una u otra manera, por mucho que el CIS gubernamental se empeñe en preguntarlo como le conviene. Cuesta pensar que, en un país que gira a la derecha y que considera que la inmigración descontrolada es un problema, un suceso como la instrumentalización marroquí de la inmigración en Ceuta no vaya a tener efectos electorales aún más perniciosos para el Gobierno.

Esta tendencia del Gobierno a sentimentalizarlo todo, desde la memoria histórica hasta los derechos de las minorías, no vale ya para un mundo en el que las relaciones internacionales vuelven a ser lo que siempre fueron: relaciones de poder. Y si a todo esto le sumamos el penoso horizonte judicial del Gobierno, al que espera un otoño lleno de problemas, desde los que atañen a la esposa del presidente hasta el caso de las cloacas del partido, todo hace pensar que esta vez el muro no será argumento suficiente para evitar la alternancia política. Otra cosa es el incentivo que tengan los que vengan después para volver a la institucionalidad y no generar un sanchismo de derechas. Mientras tanto, convendría recordar que, como escribió Josep Pla, «lo más difícil del mundo es ver lo que se tiene delante de los ojos». Y lo que tenemos delante, en la frontera sur, no es una narrativa producida por la factoría Moncloa; es la cruda realidad.