Kiros Tadesse y Woyni Tadesse, que comparten apellido pero no parentesco, están buscando los cuerpos de sus hijos, ejecutados en una prisión de Arabia Saudí el 27 de julio y el 1 de agosto respectivamente. No saben dónde fueron enterrados ni pudieron despedirse o consolarlos en sus últimos momentos. Ignoran, igualmente, si algún día les podrán dar sepultura y un funeral. La angustia de estas dos madres es la de cientos de familias de prisioneros extranjeros en la monarquía árabe, según investigaciones de Naciones Unidas y organizaciones contra la pena de muerte como Amnistía Internacional o Reprieve, que llevan años denunciando a este país por no devolver los cadáveres de los ajusticiados. Esta última asegura que los cuerpos de los ajusticiados este año han sido enterrados en aquel país.

El hijo de Kiros Tadesse se llamaba Gebre Abraha, y ella se enteró de su muerte por los vecinos, y no por las autoridades saudíes. “Quiero el cuerpo de mi hijo; quiero que me lo devuelvan”, implora hoy, a las puertas de su casa en la aldea de Shire Endaselassie, del Tigray, la región más al norte de Etiopía. Esta mujer de 64 años y madre de otros cuatro varones cuenta que su hijo Gebre pasó los últimos cuatro años en la prisión de Jamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudí. Cuatro años durante los que ella aguardó su regreso.

Woyni Tadesse, de 63 años, relata una tragedia casi idéntica. También supo por los vecinos que su hijo había muerto decapitado en la misma prisión saudí. Se llamaba Haftom Takele, tenía 25 años en el momento de su muerte, había pasado tres años y cinco meses entre rejas y habló por teléfono con su madre por última vez justo antes de la ejecución. “Me dijo que le quedaban siete meses para salir de prisión. ‘No te preocupes, mamá, volveré pronto’, fue lo que me dijo”, asegura la mujer, que apenas puede hablar sin llorar. “Hablamos de la cosecha y le conté que esperaría a su regreso para que pudiera ayudarme. Tres días después, estaba muerto”, dice, aún confundida, durante una conversación telefónica desde su hogar, en el distrito de Tahtay Koraro.

Para Woyni Tadesse, al dolor por la muerte de Haftom se le suma la angustia por un segundo hijo, Negish, de 20 años, que desde hace siete meses está encerrado en la misma prisión, también esperando la pena capital. “Rezo para que no maten a mi otro hijo. Rezo para que el mundo salve la vida de mi hijo y del resto de los presos”, implora.

Tanto Gebre Abraha como Haftom Takele formaron parte del nutrido grupo de migrantes etíopes que llegaron a Arabia Saudí para buscar trabajo después de atravesar Yemen. Muchos de ellos huían de la guerra entre las fuerzas del Gobierno federal etíope apoyadas por tropas de Eritrea y los independentistas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) entre 2020 y 2022. También de sus consecuencias, como la falta de empleo y de oportunidades, o la violencia que aún brota esporádicamente.

“Hablamos de la cosecha y le conté que esperaría a su regreso para que pudiera ayudarme. Tres días después, estaba muerto”
Woyni Tadesse, madre de Haftom Takele, ejecutado en Arabia Saudí
Algunos migrantes acabaron dando con sus huesos en la cárcel tras haber sido detenidos y acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas, generalmente hachís. Sus casos y los de varios centenares más, tanto de Etiopía como de otros orígenes, han llamado la atención de las organizaciones de derechos humanos, que han denunciado repetidamente que los procesos judiciales están plagados de irregularidades: los acusados carecen de abogados o intérpretes, son obligados a firmar documentos en árabe que no entienden y las vistas duran apenas unos minutos antes de ser condenados a muerte por decapitación.

Entre enero y agosto de 2026, Human Rights Watch (HRW) documentó que a al menos 20 ciudadanos etíopes se les había aplicado la pena capital por tráfico de estupefacientes y que al menos otros 76 de esta nacionalidad corren riesgo inminente. Haftom Takele y Gebre Abraha fueron dos de los últimos ocho a los que se les aplicó la pena capital; cinco el 27 de julio y tres el 1 de agosto.

Las autoridades etíopes, las del Tigray, asociaciones de derechos humanos y familiares piden a Arabia Saudí que imponga una moratoria y revise las condenas, pero hasta ahora estas reclamaciones han resultado infructuosas. Mientras, Riad no informa de la fecha de ejecución de los condenados ni siquiera a los propios prisioneros, que no saben cuándo les llegará su hora, y se limitan a informar de las identidades en la agencia de prensa oficial del Estado una vez ya han fallecido. En una conversación con EL PAÍS a principios de agosto, un etíope que lleva más de tres años preso en Jamis Mushait y que habló bajo el seudónimo de Adam Berhe, aseguró que viven cada día con la angustia de que pueda ser el último. “Vienen de repente, llaman a alguien para que salga y se lo llevan para decapitarlo”, explicó.

Jeed Basyouni, responsable de los proyectos sobre pena de muerte de Reprieve en Oriente Próximo, corrobora que no existe un protocolo establecido para informar a las familias. “En algunos casos, estas pueden enterarse por los comunicados del Gobierno, los medios de comunicación o las redes sociales. En otros, los presos reciben permiso para hacer una última llamada, pero tampoco es una práctica sistemática”, abunda.

Basyouni asegura, además, que su organización tiene constancia de casos en que varios de los etíopes ajusticiados no pudieron despedirse de sus familias. “Abandonaron sus celdas creyendo que iban a ser llevados ante un tribunal y no a la ejecución”, relata el investigador. “Fueron otros presos quienes después contactaron con los parientes para comunicar las muertes”.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca la necesidad de informar con antelación a la persona condenada y a su familia, así como a sus representantes legales, sobre una ejecución pendiente, incluyendo su fecha, hora y lugar, para permitir una última visita.

Kiros Tadesse denuncia que tanto su hijo como otros muchos compatriotas tigriñas que migraron por la guerra han sido olvidados por las autoridades de su país. “Al enfrentarse a acusaciones penales, el Gobierno etíope no cumplió con su obligación de proporcionarles representación legal para defender sus derechos fundamentales. Al quedarse sin protección jurídica, nuestros hijos siguen siendo víctimas de acusaciones penales que ni siquiera comprenden del todo. Es muy triste”, esgrime.

Este periódico contactó con el Ministerio de Asuntos Exteriores etíope para recabar su versión sobre la situación de sus ciudadanos condenados a muerte y sobre la posible repatriación de los cuerpos, sin obtener respuesta. Tampoco la obtuvo del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí ni de la Comisión de Derechos Humanos saudí (HRC).

Un duelo incompleto
La ausencia del cuerpo añade otra capa de dificultad al duelo de las familias, que ignoran dónde están los restos de sus seres queridos y no pueden enterrarlos según sus tradiciones. “Si es posible, quiero recuperar el cuerpo de mi hijo. Merecemos justicia y compensación”, clama Woyni Tadesse.

Además de una madre, Gebre Abraha ha dejado una esposa y dos hijos: una niña de ocho años y un niño de seis. Teberih Gidey es el nombre de su viuda, y cuenta que también se enteró de la muerte de su marido por otras personas. Llevaban casados diez años y él era el sostén económico de su familia. “Ahora no tengo ingresos y mis hijos me preguntan por qué su padre ha dejado de llamarles”, se aflige esta mujer de 30 años.

Amnistía Internacional ha documentado 25 casos de personas decapitadas en Arabia Saudí cuyos cuerpos luego no fueron devueltos a sus familias. En el informe, de 2025, recuerda que el efecto acumulativo de la falta de información transparente sobre la situación de estas personas y el miedo constante a que se aplique la pena de muerte crea un entorno de extrema angustia psicológica tanto para los condenados como para sus familias, lo que viola múltiples normas internacionales de derechos humanos relativas a la prohibición de la tortura y otros malos tratos, el derecho a un juicio justo y el derecho a observar sus prácticas religiosas en torno al entierro.

Reprieve considera que la retención de cuerpos prolonga el castigo más allá de la persona ajusticiada y lo extiende a su familia. “Impide a los familiares hacer el duelo y celebrar los ritos funerarios de acuerdo con sus creencias religiosas y tradiciones culturales”, advierte Basyouni. Su organización también señala que la falta de un cuerpo impide la realización de un examen independiente y oculta pruebas sobre la forma en que se produjo la ejecución, así como eventuales torturas u otros malos tratos.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que define la tortura de tal manera que incluye los actos que infligen intencionadamente un sufrimiento mental grave con fines tales como el castigo o la intimidación. Además, la falta de transparencia en la aplicación de la pena de muerte viola el artículo 9 de las Salvaguardias de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de los condenados, que establece que “cuando se aplique la pena capital, se llevará a cabo de manera que se inflija el menor sufrimiento posible”.

Dana Ahmed, investigadora de la organización en la región de Oriente Próximo, explica que incluso cuando una familia puede asumir el coste de repatriar un cadáver —un proceso que puede costar miles de euros—, Arabia Saudí no suele devolver los cuerpos. “Las organizaciones internacionales pueden reclamar públicamente su devolución, pero son las representaciones diplomáticas, como embajadas y consulados, las que tienen capacidad para obtener respuestas de las autoridades saudíes”, detalla.

En el caso de los etíopes ejecutados este año, Reprieve asegura que no ha visto pruebas de que el Gobierno etíope, su embajada o sus autoridades consulares hayan intentado recuperar los cuerpos y repatriarlos. La organización señala que la legislación saudí permite a una embajada solicitar la repatriación haciéndose cargo del coste, aunque Riad no está obligado a aprobar la petición. Según Reprieve, no les consta que se hayan presentado solicitudes a este respecto ni que se hayan tomado medidas concretas para recuperar los restos mortales.

Mi pobre niño. Lo perdí sin haber tenido siquiera la oportunidad de volver a verle la cara
Kiros Tadesse, madre de Gebre Abraha, ejecutado en Arabia Saudí
En pleno duelo por la pérdida de su hijo, Woyni Tadesse recuerda a Haftom, cuya historia comenzó mucho antes de aquella prisión. Tenía 20 años y estudiaba décimo curso cuando abandonó Tigray. “Se marchó después de que el ejército eritreo entrara aquí y matara a un grupo de civiles; él lo presenció”, justifica su madre. El chico pasó dos años trabajando en Yemen, cerca de la frontera saudí. Luego intentó entrar en el país árabe y fue arrestado en un episodio que solo le llegó por terceros y que su madre nunca consiguió entender. “Me contaron que llevaba algo que no le gustaba al Gobierno saudí. Todavía no entiendo lo que llevaba”.

Gebre también se marchó de Tigray durante la guerra. Corría marzo de 2021 cuando salió y logró trabajar como conductor durante un año y medio antes de ser arrestado. Su madre, Kiros Tadesse, se niega a aceptar cómo acaba la historia. “Mi hijo era el motivo de nuestra supervivencia”, afirma. Él también era el sostén de la familia, pues pagaba el alquiler de la vivienda en la que residen su esposa y sus padres. “Ahora nuestro futuro es oscuro e incierto”, lamenta ella.

Las familias de los prisioneros en el corredor de la muerte de Jamis Mushait siguen esperando noticias de Arabia Saudí, a cuyas autoridades piden clemencia. También se dirigen al Gobierno etíope, para que interceda por ellos. Y, si ya no los pueden recuperar vivos, que al menos les permitan darles una sepultura digna en su tierra de origen. “Mi pobre niño. Lo perdí sin haber tenido siquiera la oportunidad de volver a verle la cara”, solloza Kiros. Woyni, sin embargo, ya no puede ni siquiera llorar: “La muerte de mi hijo me ha dejado profundamente abatida. Me cuesta expresar adecuadamente mi dolor. Se me han secado las lágrimas”.