El pacto de gobierno entre PP – A y Vox, firmado hace apenas mes y medio para desbloquear la tercera investidura de Juanma Moreno, ha sufrido este fin de semana su primera fricción pública de calado. El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, anunció que Vox ha solicitado la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo para «profundizar en cómo se van a gestionar los asuntos migratorios» dentro del Gobierno de coalición, después de que Andalucía votara a favor de un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el jueves.

El origen de la disputa se remonta al propio viernes, cuando Gavira, en declaraciones a los periodistas en Montilla (Córdoba), reconoció que el Gobierno andaluz se habría opuesto a ese crédito si la competencia sobre la materia hubiera recaído en Vox. «Si este humilde consejero tuviese esa competencia, hubiese votado igual» que sus «compañeros en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León», admitió, en referencia a que ninguno de esos tres gobiernos autonómicos, también compartidos entre PP y Vox, envió representantes a la reunión sectorial. La diferencia, subrayó el propio Gavira, es que en esas tres comunidades es su partido quien ostenta la competencia sobre menores, mientras que en Andalucía corresponde a la Consejería de Servicios Sociales, que dirige la popular Loles López.

La Junta salió al paso el sábado por la noche con un comunicado en el que aseguró que la ayuda «no supone ningún incumplimiento del acuerdo para la estabilidad y el Gobierno de Andalucía firmado en julio», al tratarse de fondos destinados específicamente a reforzar la atención a menores migrantes no acompañados dentro del propio territorio ceutí, y no a su acogida o reparto en suelo andaluz. Gavira agradeció ayer esa aclaración, aunque sin renunciar a marcar distancias: «Valoramos y agradecemos que el Partido Popular haya aclarado que no ha incumplido el acuerdo de Gobierno. Eso es importante, porque ambos estamos comprometidos a cumplir íntegramente el acuerdo de Gobierno», abundó, apoyándose en la literalidad del punto 12 del pacto, que rechaza «expresamente» la llegada a Andalucía de más inmigrantes ilegales, mayores o menores, y descarta la participación de la Junta en «reformas normativas ni en acuerdos presupuestarios»que faciliten, financien o consoliden su entrada, acogida o permanencia en territorio andaluz. «En definitiva, son 25 millones para Ceuta y en Ceuta, no para Andalucía ni en Andalucía. Como dice nuestro acuerdo», resumió el vicepresidente segundo, que reclamó además «mejorar la coordinación» entre ambos socios de Gobierno «en todas las decisiones que adoptemos, por el bien de los andaluces». El episodio se produce apenas semana y media después de que el propio Gavira protagonizara, desde el Puerto de Algeciras, otro desencuentro público con Juanma Moreno sobre la crisis migratoria, al reiterar la oposición «por tierra, por mar y por aire» de la Junta a cualquier reparto de menores no acompañados procedentes de Ceuta, mientras el presidente andaluz, en su visita a la ciudad autónoma, avalaba expresamente la posición del Gobierno central y de la Comisión Europea sobre la devolución «de todos y cada uno» de los migrantes llegados de forma irregular. En aquella ocasión, Juanma Moreno remitió directamente al acuerdo de Gobierno, que recoge «el respeto a la ley vigente» en la materia, una fórmula que no ha bastado para evitar

una nueva tensión pública entre los dos socios en la Junta.

La secuencia remite a la defensa que el propio Moreno hizo del pacto apenas un día después de su firma, cuando lo presentó como la única alternativa razonable frente a una repetición electoral que habría dejado a Andalucía «paralizada» durante meses. «En una negociación siempre hay tiranteces y cesiones por ambas partes», admitió entonces el presidente, que reivindicó su papel al frente del Ejecutivo pese a la incorporación de Vox al Gobierno: «Yo soy el presidente y quien marca el ritmo del Gobierno», sentenció, defendiendo que mantendría los principios de «moderación», «concordia» y «encuentro» que dijo haber caracterizado su trayectoria política. En la puesta de largo en San Telmo el presidente señaló expresamente que la legislatura será larga y fructífera «o no será». Ese difícil equilibrio empieza a mostrar sus primeras grietas visibles apenas semanas después de la investidura. Mientras el secretario general del PP – A, Antonio Repullo, se mostró convencido del «buen resultado» del pacto con Vox y de que «vamos a seguir gobernando desde la moderación», el episodio de la ayuda a Ceuta demuestra que la coalición andaluza no está exenta de fricciones propias, especialmente en una materia –la migratoria– que el propio Gavira ha calificado como «esencial» para su formación. En el Ayuntamiento de Sevilla también se han producido tensiones a cuenta de los permisos para una mezquita. La petición de reunir la comisión de seguimiento del pacto, mecanismo previsto en el propio acuerdo para resolver discrepancias, se presenta como la primera prueba de fuego de unos socios que hoy vuelven a verse tras el período estival en el Consejo de Gobierno del nuevo curso político.