Un mes después de la entrada en masa de cerca de 80.000 personas en Ceuta, la ciudad autónoma sigue sumida en un estado de aturdimiento, indignación y ansiedad, ante la impotencia de las autoridades locales y nacionales para ofrecer la vuelta a la normalidad a corto plazo. Miles de ocupantes, sin documentar con exactitud, edad ni procedencia, deambulan por sus calles generando situaciones de estrés con los ceutíes al tiempo que los incidentes y delitos se multiplican. El ataque a pedradas contra una patrulla militar por un grupo de ilegales y el subsiguiente altercado de una facción exaltada de manifestantes contra asentamientos de migrantes no han hecho más que confirmar que el paso de los días sin soluciones reales crea el caldo de cultivo para condenables e imprevisibles enfrentamientos callejeros. Después de semanas de desconcierto gubernamental y declaraciones ministeriales contradictorias, con la ausencia del presidente Sánchez, el Gobierno parece estar haciéndose idea de la magnitud del problema. Lo delicado de la situación social aconseja que el Gobierno concentre el máximo de sus recursos de seguridad y diplomáticos; mientras la oposición y los habitantes de la ciudad autónoma deben cooperar para evitar que se desborde la tensión.