CELTIA TRAVIESAS – BARCELONA

“Queremos una ley que nos convierta en personas de aquí, no una que regula cómo continuar siendo de fuera”, dijo Arcos
Mawa Ndiaye, presidente de la Associació Catalana de Residents Senegalesos, fue claro ayer en su denuncia a las políticas estatales para el control de fronteras: “Pasarán. Las personas que quieran sobrevir pasarán igual”, advirtió. “Las multinacionales han destrozado la economía de los países del sur y la emigración es la expresión de un fenómeno natural, ya que las desigualdades tienden a equilibrarse”.

Sin embargo, Ndiaye, que ha criticado la manipulación que se se hace de las llegadas de cayucos a Canarias – que sólo representan la vía de acceso de un 3%-, reconoce que se ha de advertir a estas personas de las dificultades que les esperan para que no tengan falsas expectativas de encontrar trabajo. Su asociación ha dado cobijo a medio centenar de senegaleses llegados desde Canarias este verano, pero no tienen medios ni capacidad para ocuparse de más.

Ndiaye aprovechó para presentar ayer, junto a Diego Arcos, la reorganización de la Federació de Col · lectius d´Immigrants de Catalunya (FCIC), que agrupa a 21 asociaciones con el objetivo “de ser independientes de partidos y sindicatos.”

Tanto Ndiaye como Arcos, denunciaron la utilización electoralista de la inmigración. “En las próximas elecciones municipales habrá medio millón de nuevos electores que han conseguido la nacionalidad y hay intereses por captar su voto a través de las asociaciones de inmigrantes”, explicó Arcos.

El objetivo de la FCIC es conseguir la igualdad de derechos y obligaciones de los colectivos migrantes. “Queremos una ley que nos convierta en personas de aquí. La actual ley de Extranjería nos regula cómo continuar siendo de fuera”, dijo Arcos. Por este motivo, la federación catalana ha creado una propuesta de ley de Acceso a la Nacionalidad que se debatirá este domingo en el Foro Social de las Migraciones en Rivas (Madrid).

Entre las propuestas figura la creación de un visado de búsqueda de trabajo, “porque ahora se tardan entre seis meses y un año en obtener el permiso de trabajo y residencia y no hay ninguna empresa que espere tanto tiempo”, dice Arcos. Así, “la persona que quisiera venir a trabajar podría presentarse en un consulado y pedir el visado, a condición de tener billete de ida y vuelta hasta un máximo de 90 días, dinero y alojamiento. El inmigrante dispondría de 90 días para encontrar trabajo y ser dado de alta en la Seguridad Social y, si no, deberá aceptar una repatriación voluntaria”.

Según Ndiaye, “si en los consulados del continente africano existiese esa posibilidad de ingreso legal, se reduciría en un 80% el tráfico ilegal de personas”. Ndiaye aseguró que la regularización no produce el efecto llamada, sino que llegan a España, “porque es la puerta más cercana a Europa”.