La Comunidad de Madrid ha apoyado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 la inserción social y laboral de 104 refugiados ucranianos con discapacidad intelectual y enfermedad mental grave acogidos en la región, a los que ofrece alojamiento y una atención integral en dos residencias públicas.

La respuesta ante el desplazamiento forzado derivado de conflictos armados exige intervenciones que superen el asistencialismo temporal y promuevan una integración estructural. En este contexto, la estrategia implementada por la Comunidad de Madrid con 104 refugiados ucranianos representa un modelo de gestión pública enfocado en la restitución de la autonomía personal y la inserción laboral, atendiendo a un perfil con un alto grado de vulnerabilidad.

Estos refugiados con enfermedad mental grave y discapacidad intelectual reciben este apoyo a través del Servicio de Convivencia Familiar y Social de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. El alojamiento y la atención integral se proporcionan en las residencias públicas de

Colmenar Viejo y la Gran Residencia, dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, visitó este viernes la Gran Residencia, ubicada en el distrito de Carabanchel, donde residen 54 de estos refugiados. Allí conoció de primera mano el trabajo que realizan los profesionales, basado en un modelo integral centrado en la persona para promover su autonomía.

Entre las acciones que se impulsan destacan el entrenamiento en habilidades personales,

como clases de español, o algunos talleres de arte, cocina y manualidades, además de orientación psicológica y laboral.

Como resultado de estas iniciativas, 16 de los refugiados están trabajando actualmente en sectores como limpieza y jardinería.

Dávila aseguró que todos ellos son un “ejemplo de integración”, que han encontrado en la Comunidad de Madrid un

“entorno seguro donde reconstruir sus vidas y recibir la atención especializada que necesitan, avanzando cada día hacia una mayor independencia”.

La intervención en la región demuestra cómo la articulación de recursos públicos adaptados a perfiles de alta dependencia permite transicionar desde la primera acogida humanitaria hacia la plena autonomía e independencia dentro de la sociedad de acogida.