EULÀLIA SOLÉ
Hoy, en las escuelas públicas de los barrios de clase media y baja, los hijos de familias extranjeras representan de promedio cerca del 50 por ciento; en los centros de atención primaria (CAP) de la sanidad pública, cada día se hacen más presentes las personas foráneas. En uno y otro caso, se trata de inmigrantes asentados, regulados, de estos que aspiran a votar en las elecciones municipales. Mas, ¿qué sabemos de los irregulares, de esta población que malvive en la invisibilidad?

Por mar o atravesando fronteras terrestres, cientos de extranjeros entran a diario clandestinamente en España, son detenidos e internados en centros. Al cabo de 40 días, según establece la ley, si no han podido ser repatriados serán puestos en libertad y dejados a su albur. Carecen de documentación, de recursos económicos y de trabajo legal; en consecuencia, no pueden empadronarse, no tienen acceso a la tarjeta sanitaria, si enferman no podrán ser tratados adecuadamente.

Por fortuna, en nuestro país la asistencia sanitaria es universal para todo aquel ciudadano cuya existencia consta en el censo, condición de la que no gozan los inmigrantes irregulares. Éstos podrán ser atendidos en urgencias, incluso hospitalizados, pero tras el alta les será difícil seguir el tratamiento. Sin derecho a médico de cabecera o especialista, sin acceso a medicinas más baratas, su salud se resiente y se torna precaria, a semejanza de su actividad laboral, en caso de que la tengan.

Vivir en precario es un estado que abarca todas las facetas de la existencia: salud, educación, vivienda, empleo… De hecho, es a partir de este último renglón cuando nacen las precariedades subsiguientes. Un renglón que los países de la UE fomentan con su política restrictiva de visados, al tiempo que se contradicen con sus declaraciones en pro de la llegada de inmigrantes como factor de crecimiento económico. Aunque quizá ambas posturas no resultan tan contradictorias como en apariencia, ya que la incorporación de trabajadores sin papeles que trabajan por cuatro cuartos es lo que, efectivamente, hace progresar al mundo empresarial. Mano de obra suficiente y contención de los salarios actúan a favor de los empleadores, sean industriales, de servicios o simples particulares que conciertan ayudas domésticas.

Ésta es la situación desde hace años, con pateras o autocares mediando y un muro de 10 km en Melilla, financiado con 20 millones de euros por la UE y del que ya no se habla. Ni las detenciones, ni las expulsiones, ni la verja melillense de 6 metros de altura, en la que se es recibido con agua con pimienta a presión, amilanan a quienes anhelan una vida mejor. Todo ello configura la doblez de un discurso que por un lado enaltece la inmigración, por otro la constriñe y por otro consiente que miles de indocumentados deambulen interminablemente en busca de alguna forma de sustento.

Mal alimentados y mal alojados, lo más probable es que no sólo su estado de ánimo se resienta sino también su salud. No serán éstos los que encontraremos en el CAP aguardando en la sala de espera para ser visitados. Quienes se sientan al lado de los pacientes autóctonos son la minoría integrada, la que paga sus impuestos; aunque tengan otro color de piel y hablen otro idioma.

A los demás no los vemos porque no están. Los miramos por la calle empujando una silla de ruedas, paseando a un niño, llevando a un anciano del brazo, y no nos importa dónde viven, ni qué comen, ni cómo se curan cuando caen enfermos.