Rapapolvo europeo a la política de regularización de inmigrantes de España. El Gobierno español, representado ayer en Tampere (Finlandia) por tres de sus ministros, recibió las duras críticas de Alemania, Holanda y Austria, que le transmitieron su disconformidad tanto dentro como fuera en una cumbre de los Veinticinco.
FERNANDO GARCÍA – Enviado especial TAMPERE

El ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, pide a sus socios “dinero, medios, recursos y determinación”
.- El Gobierno recibió ayer un múltiple rapapolvo europeo por la regularización de inmigrantes clandestinos que aplicó el año pasado. Los ministros de Interior de Alemania, Holanda y Austria se sumaron a recientes críticas de Francia por dicho proceso de legalización. “Hay que repatriar”, fue el mensaje que los representantes de estos países dirigieron a Madrid – directamente o través de la prensa-, durante el debate que el Consejo de Interior y Justicia de los Veinticinco celebró ayer sobre el asunto en la ciudad finlandesa de Tampere. El ministro de la región bávara y representante de los länder alemanes ante el Consejo, Günter Beckstein, espetó además que “España no va a hundirse por 25.000 inmigrantes que lleguen a Canarias”.

Beckstein vino a decir a los periodistas – y no a sus colegas durante la reunión- que España debería tomar ejemplo de Berlín antes de seguir quejándose por el drama de los cayucos: “Hace algunos años, nosotros tuvimos 448.000 refugiados en un solo año y lo resolvimos por nosotros mismos”, presumió. El político germano se refería a la oleada de asilados que su país acogió en 1992: fueron 438.191, según cifras oficiales, en gran parte procedentes de la antigua Yugoslavia. El hecho abrió en Alemania un intenso debate que derivó en una reforma constitucional para frenar las entradas.

El ministro federal alemán, Wolfgang Schäuble, secundó al bávaro al afirmar en rueda de prensa – en alusión a España- que “pedir dinero a otros es siempre el camino más cómodo”. Schäuble se refería a la petición de “dinero, medios, recursos y determinación” que el responsable español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, había dirigido a sus socios. El ministro alemán afirmó más tarde, ya dentro del Consejo, que “hay que evitar en lo posible el efecto llamada”, en implícita pero clara referencia a los procesos de regularización.

Igual que el comisario Franco Frattini y que el ministro finlandés y presidente de turno del Consejo, Kari Rajamäki, Schäuble apoyó la idea de que la UE incremente su ayuda a España y al resto de países mediterráneos que sirven de puerta de la inmigración africana hacia Europa… Pero siempre bajo una condición: “Si hablamos de solidaridad, los responsables de la primera acogida de inmigrantes tienen que estar dispuestos a repatriarles rápidamente”, lo que no sólo excluye toda regularización sino también las liberaciones de sin papeles dentro de territorio europeo cuando todos los plazos legales para decidir sobre su destino se han agotado. Vistas las intervenciones de ayer y de días anteriores, el condicionante expuesto por Schäuble es compartido por gran parte de los países que mandan en Europa y puede, por lo tanto, entenderse prácticamente como una directriz de la UE.
La ministra de Interior holandesa, la polémica Rita Verdonk, fue la más cruda con respecto al proceso llevado a cabo el 2005 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero: “España legalizó el año pasado a 700.000 inmigrantes y Francia se dispone a perdonar a 7.000. Yo me pregunto: ¿Cuándo van a empezar (estos países) a colaborar de verdad? Estamos dispuestos a ayudar, pero siempre que ellos colaboren y, para empezar, nos informen de esas legalizaciones”. La dura ministra adujo que las mafias de traficantes de seres humanos son las grandes beneficiarias de las regularizaciones.

La titular austriaca de Justicia, Karin Gastinger, afirmó que el proceso de regularización desarrollado en España envió “una señal equivocada”. Y añadió: “No es una solución legalizar a los inmigrantes ilegales, como hizo España el pasado año, porque eso genera un factor de empuje en la gente de África”. Por el contrario, lo que a su juicio procede es “buscar una solución dentro de Europa que fije unas reglas de manera que la gente que quiera venir a Europa sepa lo que tiene que hacer”.

El aluvión de críticas europeas a la regularización española coincide con los movimientos de rectificación que el Gobierno está haciendo al respecto. En perfecto encaje con dichas críticas, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba demandó una “implicación especial” de los Veinticinco en los procesos de repatriación. Se trata, según él, de romper el discurso de las mafias cuando aseguran a los sin papeles que si llegan a Canarias habrán llegado a Europa. “Hay que cambiar ese axioma por este otro: Tenemos convenios de repatriación y quien entre ilegalmente en Canarias volverá al sitio de donde salió”, dijo. Sus palabras eran ligeramente diferentes a las de López Aguilar, quien insistió en que “el vínculo entre regularizaciones y aumento de la presión inmigratoria es falso y demagógico”. Al Consejo acudió también el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, promotor de las regularizaciones, Jesús Caldera, quien pidió que no se “tapen” de vista los efectos positivos y la necesidad de la inmigración.