El Gobierno trata de apagar la mecha que ha prendido en Ceuta donde la crispación ya desborda por los cuatro costados y las protestas y altercados se multiplican reflejando el hastío y el miedo de una población que se siente desamparada. El jueves por la noche un centenar de personas intentaron impedir el reparto de comida diario en la playa de El Trampolín. A menos de tres kilómetros, otro grupo de ciudadanos rompió el cordón policial y quemó en la playa de Benítez enseres y tiendas donde han estado hacinados los migrantes. El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llamó este viernes a frenar los ataques que atribuye a «grupos organizados» que no quieren la vuelta a la normalidad y reclamó al PP que sea «contundente» contra la violencia y no lo haga «con la boca pequeña». «Se ha visto a personas encapuchadas con barras, que también agreden a ceutíes que reparten comida», deslizó en TVE.

Las promesas de un mando único institucional coordinado y el envío de fondos adicionales no consiguen rebajar la crispación urbana. En este clima de máxima fricción, los ciudadanos de Ceuta denuncian que la falta de respuestas legales rápidas y de un control efectivo de las fronteras está cronificando una crisis humanitaria y de seguridad que amenaza con dinamitar de forma permanente la paz social en la ciudad autónoma todo un ejemplo de «convivencia y pacifismo», como resaltó el propio Torres.

Fuentes policiales confirman a este periódico que en estas cuatro semanas transcurridas desde el 30 de julio se han identificado entre los 5.000 inmigrantes que aún quedan varadas en el enclave africano a personas «pertenecientes a grupos radicales e, incluso, algunas con antecedentes por yihadismo». Una inseguridad que preocupa a la población de Ceuta que se ha convertido en un polvorín donde todo se junta. La tensión de los ceutíes crece, al de los migrantes también y los policías, denuncian estas mismas fuentes, «están en una situación de caos absoluto, de faltas de órdenes y medios y muchos días en esas condiciones».

Para encauzar la crisis, la Policía reclama al Gobierno que se acelere la filiación para poder «detectar de manera efectiva» a todas las personas que podrían suponer un problema de seguridad. Torres supeditó este viernes esa agilización a la necesidad de habilitar espacios de acogida donde poder hacer los trámites para que «con la máxima de las premuras» lo migrantes puedan ser devueltos. «Necesitamos lugares y consenso», reclamó al Gobierno de Juan Jesús Vivas.

La inclusión inicial de varios polideportivos municipales en el decreto del mando único como centros susceptibles de acogida enfrentó a Moncloa con Vivas, que rechazó de forma tajante el uso de estas instalaciones locales. Su argumento se centró en la imperiosa necesidad de preservar el día a día, el bienestar y los servicios públicos esenciales de los ciudadanos. Esta firme postura del Gobierno ceutí, respaldada por intensas y continuas manifestaciones vecinales en las barriadas, obligó finalmente al Ministerio de Política Territorial a rectificar su propuesta original y retirar los recintos deportivos del listado estratégico para rebajar la tensión vecinal.

«La ciudad ha perdido su forma de vida y la tranquilidad», aseguró este viernes el mandatario ceutí, que exigió al Ejecutivo central que actúe «de manera inmediata» para «evitar el desastre». Vivas compareció rodeado de todos los diputados de la Asamblea regional para reclamar igualmente, de acuerdo con la ley, «el retorno a su país» de quienes participaron de la entrada masiva y aún permanecen en la ciudad autónoma.

Al igual que Torres, el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, hizo un llamamiento a la calma y a que cese la escalada de violencia contra los inmigrantes que ha tenido lugar estos días en la ciudad autónoma. «Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia. La violencia – remarcó – no es el camino para resolver ningún problema». Denunció también «el aprovechamiento político» y la desinformación que algunos han intentado azuzar en Ceuta para provocar «el enfrentamiento».

Al inició su intervención en la comisión de Interior en el Congreso, el veterano magistrado lamentó algunos discursos que «contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes y que alimentan la división social en un momento en el que lo que se necesita es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado». De hecho, señaló al PP y Vox por hablar de «invasores y delincuentes», por llamar a «cazar» migrantes o por lanzar propuestas para «deportar» a personas hospitalizadas.

«Quien piense que con la violencia, acosando a los periodistas, a los medios de comunicación, o bloqueando a la Cruz Roja ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes», aseveró, por su parte, el diputado por Ceuta del PP Javier Celaya, al iniciar su turno de preguntas en la comisión parlamentaria.

Los populares están decididos a no rebajar la presión contra el Gobierno y volverán a echarse a las calles para manifestarse contra su gestión de la crisis que afronta Ceuta desde hace un mes. El principal partido de la oposición secundará con todos sus dirigentes a la cabeza las concentraciones que se han convocado para el 2 de septiembre delante de los ayuntamientos.

Alberto Núñez Feijóo, según ha confirmado el PP en un comunicado, estará en la concentración de Madrid «en defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular». Un acto que tendrá lugar un día antes de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre la emergencia en el enclave africano.