Carmen Merino
Los sondeos realizados por Rubalcaba, López Aguilar y Caldera en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE  para reclamar la corresponsabilidad europea con la crisis migratoria española no podrían haber tenido resultados más desalentadores. Alemania ha enseñado los dientes con un poco de mal estilo – «porque lleguen a Canarias 25.000 inmigrantes España no se va a hundir» – , ha dicho el representante alemán – pero también con una dosis de ese sentido común que tanto se echa en falta en otras instancias, sin ir más lejos la Administración socialista. Porque para Alemania es claro que la cifra de irregulares que están arribando a las fronteras españolas por Canarias no son asumibles por el Archipiélago en solitario, pero son menos dramáticas si el Estado asume la tarea de hacer de este problema un asunto del conjunto de España.

Tampoco Austria se ha mostrado receptiva a la petición de auxilio trasladada por los ministros españoles a sus colegas europeos. La ministra austriaca de Justicia reprocha a España el haber emitido una «señal equivocada» con la regularización de hace un año, un rapapolvo que fue respondido de inmediato por la escopeta verbal de Juan Fernando López Aguilar, cargada con la tradicional y sin aristas munición de «hambre, pandemias, miseria, desesperación y esperanza de vida de apenas 30 años» en el África subsahariana.

Muy distinta reacción a la de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ávido de hacerse querer por los socios comunitarios se ha avenido a reconocer que los inmigrantes «reciben un mensaje de las mafias de que si llegan a Canarias se quedan en España y por tanto en Europa». El ministro de Interior ha omitido el motivo por el cual las mafias están en condiciones de trasladar tal mensaje a los irregulares que transportan, pero en todo caso se ha mostrado convencido de que es preciso modificarlo en el sentido de que los inmigrantes empiecen a tener claro que, «si entran ilegalmente, volverán a sus países».

Churras o merinas, la realidad es que la presidencia finlandesa de la Unión Europea ha esbozado una posible política común, poco más de momento que un acuerdo de financiación del coste de la atención a los irregulares, pero con la salvedad de que no podrá tener efectividad al menos hasta el año 2010.

Mientras tanto tendrá que ser el Gobierno español el que haga frente a lo que ocurre en su frontera canaria, una ocasión inmejorable para que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Juan Fernando López Aguilar, se decida a hacer  campaña brindando soluciones a las islas desde sus actuales responsabilidades en lugar de buscando justificaciones a la política del Partido Socialista en materia de inmigración.

Para que nadie pueda decir que no defiende la tierra de la que aspira a ser el máximo representante.