Iban Uriarte Rivero

Es un hecho, el pasado año, el índice de criminalidad en la provincia de Las Palmas ha sido el mayor en la última década, sufriendo un aumento de la actividad delictiva del 8,69% respecto del año 2004 según la memoria del fiscal general del Estado, concluyendo este informe que la motivación de esta desastrosa realidad viene dada por el tráfico ilegal de personas y los choques de convivencia entre culturas y etnias.

Si este hecho contrastado numérico y porcentualmente es, de por sí, alarmante, ¿qué podremos esperar del informe que se emita el año que viene sobre la criminalidad existente en el año 2006?, ya que, la inmigración ilegal este año ha sobrepasado, con creces, la del año 2005, con lo que las repercusiones penales, serán, idénticamente proporcionales al aumento padecido durante el año en curso.

Sin embargo, el dato que considero de auténtico interés sobre la criminalidad existente es el derivado de la difícil convivencia entre las diferentes culturas y etnias que, subsidiaria pero primordialmente conlleva la inmigración, tanto legal, en menor medida, como ilegal y debería hacerse un estudio pormenorizado de esa incidencia de culturas ya que, para muchos ciudadanos españoles, esas diferencias están resultando un auténtico handicap para su calidad de vida, tanto a nivel personal como familiarmente.

Sin querer levantar crispaciones de ningún tipo, no es lo mismo la manera de pensar de un argentino o venezolano que el de un marroquí o senegalés, porque mientras existen culturas latinas cuyo arraigo mental y social deviene, prácticamente, de una misma rama a la española, amén de disponer, mayormente, de unas creencias religiosas coetáneas a las nuestras, existen grupos poblacionales cuyos usos y costumbres, así como las religiones que profesan, son radicalmente opuestas a las que tradicionalmente llevamos a efecto en este país.

Esas diferencias implican diferentes actuaciones y se da la circunstancia que España, al ser un país tan tolerante, asume no sólo las mismas, sino que fomenta éstas en aras de que el inmigrante vea respetado las connotaciones dimanantes de sus raíces y accede a numerosas peticiones que estos colectivos remiten hacia el Estado español.
No hay que confundir la discriminación con el respeto; si cualquier español se marcha a otro país, debe asumir, por imperativo legal, toda la normativa vigente de la región a la que ha decidido acudir ya que, al fin y al cabo, abandonas tu patria, por las circunstancias que sean, para abrazar una nueva sociedad con las limitaciones impuestas que la misma contiene. Es la moneda de cambio que has de pagar inapelablemente por la decisión adoptada al respecto.
Pero, desde luego, aquí impera el eslogan Spain is diferent y hasta los sindicatos más representativos quieren realizar movilizaciones para defender la integridad del inmigrante y a todo esto, me pregunto, ¿qué pasa con los pobres canarios que mueren diariamente?, ¿hay concentraciones populares?, ¿hay fondos de la Unión Europea?, ¿se adecuan ubicaciones físicas de las dimensiones y tratamiento médico que disponen nuestros irregulares?, ¿existe la predisposición económica para paliar la situación en la que se encuentran inmersos?…

Existe un dicho de que nadie es profeta en su tierra, pero este antagonismo social en cuanto a protagonismos se refiere clama al cielo, es prioritario subsanar nuestras propias lamentaciones para luego atender, con la paciencia y calma moral suficiente la que nos puedan llegar.