El traslado de menores, en 'el aire'
El Gobierno de Canarias se enfrenta al reto de la ubicación de niños inmigrantes ante la falta de plazas en la Península
Canarias 7, 22-09-2006
Las Palmas de Gran Canaria
Al Gobierno de Canarias le espera un largo camino a la hora de lograr derivar a los menores inmigrantes que se encuentran bajo su tutela.
Ya son 842 los niños llegados en cayuco que llenan los centros de los cabildos y los de emergencia habilitados por el Ejecutivo regional. Además, hay que contar los que se encuentran en centros de adultos como en el CIE de Hoya Fría, Tenerife, donde hay cuatro, o en La Gomera, se calcula que en la discoteca de El Camello se encuentran hasta quince menores uno de ellos de muy corta edad.
Las comunidades autónomas, tras la reunión del Consejo Superior de Inmigración, sólo alcanzarán a ofrecer menos de cien plazas, un número claramente insuficiente dadas las circunstancias del Archipiélago. Canarias sólo cuenta con 250 plazas para menores, plazas que se encuentran bajo la competencia de los cabildos. Las instituciones insulares han hecho un esfuerzo y han dado cobijo a un total de 292 menores pero se niegan a seguir estirando los espacios. Los 500 chicos que restan están bajo la guarda y custodia del Gobierno regional que se ha visto obligado a crear hasta cuatro centros de emergencia, tres en Tenerife y uno en Gran Canaria. Además, estudian abrir otras instalaciones en la Isla redonda.
Ante esta situación, el Gobierno central será quien tendrá que hacerse cargo de esos casi 500 niños inmigrantes que no tienen sitio en centros regionales. El Ejecutivo español los ubicarán en centros regentados por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) pero pagados por el Estado.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, se desgañita en Madrid buscando una mayor implicación, y sobre todo más rápida, tanto de las Comunidades Autónomas y el Estado. Zamora se mostró muy crítica ante la propuesta de Cataluña de ofrecer diez plazas para menores inmigrantes. La consejera consideró la actitud del Gobierno catalán de «limosnera» y exige que los menores se repartan según población y cantidad de fondos que se reciben del Estado en concepto de integración de inmigrantes.
Otro de los caballos de batalla de Zamora es lograr que la Policía actúe y ponga en marcha los programas de reagrupación familiar y repatriación de los menores inmigrantes. La consejera considera que hasta el momento no se ha hecho nada para lograr estos objetivos.
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