20 de febrero de 2015. La por aquel entonces vicepresidenta y portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría atiende a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada ese mismo día. La popular abre su intervención con el principal tema del día: los planes del Ejecutivo de Mariano Rajoy para modificar el “sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”. La información clave que quiere transmitir en la rueda de prensa es clara. Su gobierno va a emprender una reforma legislativa para alumbrar “un nuevo marco de derechos de los menores”. Y la portavoz hace una especificación: la ley prestará “especial atención” a “los más vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados”. En julio de aquel año, el BOE publica dos leyes que blindan esos derechos. Ha llovido.

En aquella rueda de prensa, la mano derecha de Rajoy añadió algo en cuanto al retorno a sus países de esos niños, niñas y adolescentes: “Siempre se procurará que puedan volver con su familia de origen; ese siempre es el primer intento, pero, si eso es imposible o eso fuera en contra del interés del menor, se determina la guarda urgente de ese menor por parte de las entidades de las Comunidades Autónomas”. Son unas palabras que, once años después, no han perdido un ápice de actualidad y que evidencian el giro discursivo —y no solo discursivo— del PP. El posicionamiento de aquel gobierno de Rajoy y Sáenz de Santamaría precisaba que, en caso de que no pudiera asegurarse que el retorno de un menor se hiciera respetando su interés, no se produciría la repatriación. El del PP de Alberto Núñez Feijóo tras la crisis de Ceuta es opuesto: que vuelvan a su país todas las personas que entraron ilegalmente, “mayores y menores”. Tres comunidades autónomas en las que gobierna el PP de la mano con Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León) han amenazado ya con impugnar judicialmente los expedientes de menores migrantes que no se resuelvan con la repatriación. No parece importar que el interés del menor no sea ese retorno.

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En pocas palabras, lo que pide el PP en 2026 es un retorno colectivo de las personas que entraron en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, a pesar de que, también en ese caso, la hemeroteca juegue en su contra. Vuelta, en este caso, a 2016. Hace una década, Turquía estaba inmersa en una grave crisis migratoria habida cuenta de que se trataba de uno de los países receptores de refugiados sirios que huían de la guerra. Además, las autoridades turcas estaban siendo acusadas de estar realizando devoluciones multitudinarias forzosas. En ese contexto, un Rajoy que actuaba como presidente en funciones —en marzo— informó al Congreso de una declaración institucional votada a favor en el Parlamento español por todos los miembros de la Comisión Mixta para la Unión Europea —incluía, por lo tanto, al PP— en la que figuraba la siguiente máxima: “España se opone firmemente a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que conlleve directa o indirectamente expulsiones colectivas”. Una “expulsión colectiva” es justo lo que exige ahora el PP de Feijóo.

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En cualquier caso, lo cierto es que, en lo referente a los menores extranjeros, las políticas del PP de Rajoy fueron mucho más allá de lo meramente declarativo. Se hicieron leyes. En concreto, las dos más relevantes son la 8/2015 y la 26/2015, que sirvieron para diseñar un nuevo sistema de protección a la infancia y a la adolescencia tras la Ley de Protección del Menor de 1996. Las dos entraron en vigor en agosto y ambas contienen artículos determinantes para un contexto como el que se vive en Ceuta —y, por ende, en el conjunto de España— este verano.

La primera es crucial porque deja escrito en piedra que “todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial”. Ese “interés superior” del menor pasa, a partir de la publicación en el BOE de la ley en cuestión, a regir jurídicamente cualquier asunto en el que se vean involucradas personas menores de 18 años. Por supuesto, el articulado de la ley no introduce ninguna excepción, por lo que todos los menores que se encuentren en España están amparados por esa prevalencia de su “interés superior”. De todas formas, por si hubiera alguna duda, en su preámbulo se especifica que la norma tiene que servir para que se garantice una protección uniforme de los menores en todas las comunidades autónomas “con independencia de su situación administrativa, en caso de extranjeros”. No hay fallo.

En otra parte de la ley, se desarrolla esa prevalencia del interés del menor. Es el artículo 4.2. En él, se determina que, incluso cuando exista un conflicto de intereses, siempre se tiene que poner por delante el del menor. “En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor”, reza el citado artículo, “deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes”. Sin embargo —y ahí está el matiz crucial—, “en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.

En la segunda de las leyes aparecen referencias más precisas a los menores migrantes. “Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles”. Queda fijado, por tanto, el trato igualitario a los menores extranjeros “que se encuentren en España”. Estar en España es el único requisito. Además, hace una especificación importante: “Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados”.

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Son, con todo, una serie de postulados que chocan con la reacción del PP de Feijóo a la crisis de Ceuta. Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Derechos Sociales e Igualdad con Rajoy, resumió así, en un Pleno del Congreso del 15 de abril de 2015 (antes de que se aprobaran las leyes antes analizadas) el objetivo que perseguía el PP: “La eficacia del sistema de protección que garantizan estas leyes ha de llegar por igual a los niños y adolescentes de toda España, más allá de la comunidad autónoma en la que residan, el país en el que hayan nacido o la situación administrativa en la que se encuentren”.

Feijóo se enroca en la repatriación de todos los menores
Así las cosas, la radicalización en el discurso del PP es evidente. A medida que fueron pasando los días desde el cruce multitudinario de la frontera de este verano, distintos primeros espadas del partido fueron fijando posición. A nivel discursivo, fue el propio Feijóo el que marcó con una equis el punto de partida. En una entrevista para okDiario, el presidente popular llamaba “menas” a los niños, niñas y adolescentes que llegan a España de forma irregular, adoptando sin ambages la terminología que usan Vox y demás formaciones de extrema derecha para hablar de los menores migrantes. Además, el popular dejó claro, en esa entrevista, que las comunidades no tenían que tener responsabilidades en la acogida.

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Más tarde, tanto él como otros representantes —Juan Bravo, vicesecretario general de Economía; Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Democrática, etcétera— han insistido en la idea de repatriar a todas las personas que cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta: “Mayores y menores”. Desde Ceuta, el líder del partido llegó a sostener que la Ley del Menor no se puede aplicar a los menores que entraron en Ceuta porque, según Feijóo, participaron “en una invasión”. No obstante, el primer artículo de dicha norma es cristalino, tal y como explicó Público: “La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español”. De nuevo, sin excepciones.

Además, Feijóo obvia que España lleva 14 años sin repatriar a ningún menor a Marruecos, tal y como también informó este medio. Seis años y medio de esos 14, bajo el mando de Rajoy.

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Con todo, el último capítulo en el proceso de acercamiento a los postulados de Vox que está experimentando el PP de Feijóo se ha vivido en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia celebrada este jueves. En ella, se ha aprobado el pago de 25 millones a Ceuta para atender a niños, niñas y adolescentes migrantes, pero Aragón, Extremadura y Castilla y León, tres comunidades en las que gobiernan juntos PP y Vox, han dejado clara su voluntad de torpedear la acogida de menores.