Con un anuncio breve, en medio de la emergencia por el terremoto que aún golpea al país, el presidente Abelardo de la Espriella puso en riesgo el pasado domingo uno de los pocos consensos de política pública que Colombia había sostenido más allá de los cambios de Gobierno. El mandatario ordenó a Migración Colombia y a la Policía iniciar las operaciones necesarias para deportar extranjeros en situación irregular, a quienes llamó “ilegales” y resumió la medida con una consigna sin matices: “Los colombianos primero, los colombianos segundo y los colombianos tercero”.

La decisión implica el desmantelamiento, al menos en el discurso, de una política citada como ejemplo dentro y fuera de la región. Colombia, que hoy tiene poco más de 53 millones de habitantes, absorbió en poco más de una década la llegada de cerca de tres millones de personas que huían del chavismo desde la vecina Venezuela, una de las mayores migraciones del mundo. Lo hizo sin copiar instrumentos ajenos y con una política de bienvenida: ante la imposibilidad de tramitar el pasaporte venezolano, Colombia creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que ha permitido regularizar a dos millones de personas. Con ello, les abrió los sistemas de salud, protección social o educación, y les brindó apoyo durante los duros años de la pandemia.

Esa integración no estuvo libre de fricciones. Hubo brotes puntuales de xenofobia, alimentados por la presión real que la llegada masiva ejerció sobre servicios públicos y mercados laborales locales. Pero el balance de fondo es el opuesto al que hoy insinúa el discurso presidencial: Colombia evitó, casi en solitario en América Latina, la trampa retórica que ha cautivado a buena parte de Europa, a Estados Unidos y a varios vecinos, donde la inmigración se señala como chivo expiatorio de cualquier malestar social.

Que el presidente De la Espriella amenace ese consenso tiene una ironía adicional: la política que pone en riesgo no la diseñó el Gobierno de izquierdas, sino gobiernos de derecha, que la sostuvieron porque entendieron que la alternativa —deportación masiva, persecución administrativa, retórica del enemigo externo— no resuelve nada y cuesta más de lo que ahorra. La evidencia sobre experiencias similares, incluida la de Estados Unidos, muestra que las detenciones y deportaciones masivas no reducen de manera medible la criminalidad, mientras que la regularización facilita la inclusión en el tejido productivo y social.

El presidente está a tiempo de rectificar. Puede reforzar los controles reales contra quienes cometan delitos sin sacrificar el instrumento que le permitió al país recibir a millones sin colapsar ni radicalizarse. Lo contrario sería cambiar, por una consigna ideológica sin fundamento, uno de los pocos activos de política pública que Colombia construyó bien y que el resto del continente todavía mira con envidia.