Nada más comenzar la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia –órgano que sienta al Gobierno con las comunidades autónomas y que se celebró este jueves en Madrid–, la ministra del ramo, Sira Rego, procedió a retirar el segundo punto del orden del día, puramente informativo, sobre «la situación de infancia migrante en la Ciudad Autónoma de Ceuta», reza el acta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Semanas atrás, en la comisión preparatoria, Rego se había afanado en introducirlo. A pesar de que las comunidades gobernadas por el PP impidieron que se pudiera debatir y votar. Pero ella se empeñó en meterlo con calzador para abrir un primer debate.

Sin embargo, ayer, llegó a la cita y nada más tomar asiento decidió suprimirlo. Sin que nadie se lo reclamara. El motivo: un repliegue del Gobierno que, aunque se resiste a verbalizar un plan concreto para los menores que entraron de forma ilegal en el asalto masivo de fines de julio, por ahora renuncia a estudiar una posible distribución entre comunidades.

En los últimos días, el ministro de Política Territorial y responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha repetido que la prioridad es la «reagrupación familiar». Misma expresión que empleó ayer la ministra Rego en su rueda de prensa. Un eufemismo para hablar de la devolución a Marruecos, que fue la primera solución que plantearon José Manuel Albares y Fernando Grande – Marlaska y que, de momento, parece ser la única.

No hay previsión de un traslado a la península. Ni siquiera del centenar de niñas que se anunció hace una semana.

A los responsables territoriales del área de menores que sí acudieron al encuentro de ayer –dejaron su asiento vacío los consejeros de tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León, los tres de Vox– les sorprendió el cambio de guion.

Suprimido el segundo punto del orden del día, pasaron a abordar el tercero: la ayuda económica de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de los menores. Se saldó con el «sí» unánime de todos los allí presentes.

De pronto, todo el interés que semanas atrás había mostrado la ministra Rego por iniciar los trámites para resolver la situación de los menores como se ha hecho en los últimos años, es decir, entregándolos a las comunidades, se esfumó.

Aun así, en la cita de ayer se produjo una larga y tensa discusión. Fuentes presenciales desvelan a este diario que la responsable de Juventud e Infancia incluso llegó a abroncar a los consejeros, a los que les responsabilizó del hacinamiento de los menores en Ceuta por no querer hacerse cargo de ellos. Es más, Rego acusó a las comunidades gobernadas por el PP de querer saltarse la ley. «¡Estáis pidiendo deportaciones masivas!». A lo que los mandos populares allí presentes replicaron: «Nadie está pidiendo deportaciones masivas, porque eso es ilegal. Estamos pidiendo, como dice Ceuta, que no tiene los recursos que tiene el Gobierno ni las competencias, que ustedes se hagan cargo, que estudien uno a uno los perfiles y que, cuando corresponda, procedan a su retorno».

Especialmente irritada se mostró la ministra cuando una consejera le recordó que no eran ellos, sino el mismo gobierno del que ella forma parte, quien ha fijado como prioridad principal el retorno de los menores a Marruecos.

«¿Es que ustedes no saben que no se puede tener ahí los menores?», preguntó la ministra de forma irónica e incriminatoria a las comunidades del PP. Esta vez no llegó a acusarlas de «racistas», como hizo en la reunión preparatoria, pero sí las tachó de «insolidarias». Los consejeros populares, entre tanto, se defendían con sus argumentos: «El problema de los menores inmigrantes lo ha generado el Gobierno. No tenían que haber entrado, ni en Ceuta ni en ningún sitio».

Especialmente sereno –cuentan las fuentes consultadas por este diario– se mostró el responsable de menores ceutí, que simplemente reclamó lo mismo que su presidente Juan Jesús Vivas todos los días del último mes: que todos, mayores y menores, retornen. Porque la ciudad no tiene ni los recursos ni capacidad para atenderlos. Y porque si uno solo es trasladado a la península será tanto como validar la forma en la que han entrado. «Efecto llamada», es el sintagma a combatir.

Hace dos días, desde la sala de prensa de Moncloa, Ángel Víctor Torres se refirió a la conferencia de ayer y pidió «altura de miras y responsabilidad» a las comunidades si «realmente» quieren ayudar a la ciudad autónoma. Entonces, habló del posible reparto de menores, que figuraba en el orden del día del encuentro. Pero, llegó el día D y el Gobierno, para sorpresa de todos, evitó abrir el melón.

El debate llegó por inercia, pero formalmente no hubo un punto informativo para que, llegado el momento, el Gobierno pueda justificar que inicia un reparto entre las comunidades después de haberles informado previamente. Trámite legal ineludible.

En la posterior atención a los medios de comunicación, y sobre las más de 500 niñas que se encuentran en una situación vulnerable y que hace una semana se anunció su traslado de manera «urgente» a la península, Rego recordó que todavía están explorando el encaje legal para que sean entidades solidarias las que se hagan cargo. A los consejeros les expresó que «necesitan salir». Pero hay un inconveniente: la tutela la tiene Ceuta y si el gobierno local no da el visto bueno, no hay nada que hacer. Y, de momento, Vivas se resiste. La única novedad, pues, es un crédito de 25 millones que ya va en camino. Y nada más.