A Marruecos o a la Península Ibérica. Dependiendo del representante ministerial y de la fecha de la declaración,

el resultado de la dicotomía será diferente. En las primeras semanas de la crisis migratoria en Ceuta tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como el responsable de Interior, Grande – Marlaska, prometieron la

expulsión de los inmigrantes

que arribaron de manera irregular a la ciudad autónoma.

No habían pasado dos semanas y pese a las demandas de

Europa para terminar con la invasión

, el Gobierno

desoyó a Bruselas y anunció el desembarco de 500 menores en la Península. La contradicción ya resplandecía en Moncloa. La

medida ha sido elevada por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego,

en el día de hoy. Aprobada la partida de 25 millones de euros para Ceuta, el traslado se ha enquistado. La

guerra por los menores

seguirá con los populares.

Obviando la batalla entre Marlaska y Robles por los avisos del CNI,

otro de los puntos contradictorios es el número de menores afiliados

en Jefatura Superior de la Policía Nacional. El responsable de Economía, Carlos Cuerpo, apuntó a casi 3.000, Torres rebajó la cifra por debajo de los 1.500. Lo cierto es que tanto los sistemas burocráticos como los juzgados se encuentran al borde del colapso.

Ceuta queda exenta de los menores no acompañados

Ya sea de una manera más rápida o más profunda, el Gobierno

no podrá obligar a Ceuta a acoger a los menores inmigrantes.

Gracias a la figura de la contingencia migratoria, aplicada cuando la ocupación exceda tres veces su capacidad ordinaria, la ciudad autónoma, en estos momentos, no puede acoger menores. A efectos de financiación, la

comunidad autónoma será la responsable del traslado de las personas

menores de edad que será financiado por la Administración General del Estado.

Iustitia Europa solicita que el CNI aclare si tuvo información previa sobre la entrada de miles de inmigrantes a Ceuta

Europa Press

En base a la percepción de Migraciones, los menores que arribaron a Ceuta no abandonarán la ciudad autónoma, como mínimo, hasta el próximo año. Tal y como apuntó este diario, el punto clave será la velocidad para resolver las peticiones de asilo. Desde el Gobierno

calculan que cerca de un 75% de los expedientes contarán con la luz verde. Las filas populares ya han reclamado su expulsión a Marruecos. Ahora bien, ¿Quién se hará cargo de los menores?

Las comunidades no se encuentran obligadas a la recepción

Según el Gobierno deberán ser destinados a las autonomías por el “principio de solidaridad”. Lo cierto es que

las comunidades no se encuentran obligadas. En el documento presentado por el BOE existe el “deber” pero no viene registrado con el término obligación. Sin ser registrado como una obligación, los

representantes del menor se reservan la potestad de acudir a las autoridades si un territorio se niega.

En este sentido, Junts ya se ha negado.

“No le daremos ni un voto si Cataluña no queda fuera”

, apuntó hace varias semanas la portavoz de la formación, Miriam Nogueras. Ya en 2024 la formación política rechazó la medida del Ejecutivo con un dardo a ERC . “En 2024 se vota que el reparto tensiona todavía más a Cataluña. Junts vota no y decae. En 2025 queda excluida y hasta hoy”, sentenció.