Ceuta vive sumida en el desconcierto desde que unos 72.000 inmigrantes, según las cifras oficiales, asaltaron ilegalmente la frontera en los dos últimos días del mes de julio. Unos diez mil no retornaron y, desde entonces, nada ha vuelto a ser como antes.

Playas, calles, escuelas.

El «caos» reina en cada rincón de la ciudad

y lo que empezó por un sentimiento de preocupación y desasosiego ya es indignación y cabreo. Cada vez son más los ceutíes que salen a las calles para clamar contra lo que consideran una

«invasión».

Pasa el tiempo y

las recetas del Gobierno

no sólo no convencen a los vecinos de la ciudad, sino que les generan aún más inquietud. Porque los retornos a Marruecos, que es lo que exigen la mayoría de ellos, no se están produciendo.

Sigue siendo un enigma la cifra oficial de ilegales que vagan por la zona. Y hay un total desconocimiento sobre el estado del procedimiento de los retornos.

Para más inri, parece misión imposible controlar a la población migrante. Hace una semana, la Policía Nacional desalojó las playas del Príncipe y el Trampolín. Miles de inmigrantes tardaron pocas horas en regresar

y montar de nuevo sus tiendas de campaña.

Ayer miércoles, por la noche, un grupo de ciudadanos ceutíes trataron de desmontar sus cabañas, lo que terminó en enfrentamientos con la Policía,

que resolvió cargar contra los manifestantes.

De forma paralela, y a la misma hora, un grupo de inmigrantes marroquíes de entre treinta y cuarenta años atacó con violencia a un vehículo del Ejército. A pedradas.

La agresión se saldó con

cuatro militares heridos y con una docena de ilegales detenidos. Un episodio que ha llevado al PP a registrar una iniciativa en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una proposición no de ley que emplaza al Gobierno a aplicar la «normativa legal» existente que permitiría a los miembros de las Fuerzas Armadas

«ser agentes de la autoridad, tener órdenes claras y un marco jurídico

que les proteja también en su integridad física».

En sus redes sociales,

Alberto Núñez Feijóo

escribió hoy: «Los ceutíes llevan un mes aguantando solos lo que no les corresponde. No se hizo nada por evitar la invasión del 30 de julio y no se está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día. La agresión a militares es una prueba más de que la situación escala y es insostenible, y de que sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado quienes protegen Ceuta no pueden trabajar.

¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?».

Por otro lado, la Fiscalía puso este jueves números a las agresiones sexuales que han tenido lugar en el último mes: un total de 16, con 17 víctimas, la mayoría niñas menores.

A cierre de la edición de este periódico, el principal foco de tensión se situaba, otra vez, en la playa del Trampolín, donde un grupo de ciudadanos volvía a la carga contra las cabañas de los inmigrantes, donde pusieron banderas de España, y trataba de impedir la entrada a miembros de la Cruz Roja que llevaban alimentos.

El responsable del mando único del Gobierno,

Ángel Víctor Torres

, exclamó a media tarde: «No puedo prometer que habrá devoluciones mañana, pero

la violencia contra migrantes, ceutíes, ONG y periodistas debe acabar ya».

Los ceutíes respondieron con un zafarrancho que parece ir a más.